A casi cinco meses del discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández reveló este miércoles en qué consiste la anunciada reforma judicial que propone su gobierno y que, como se había anticipado, no se trata solamente de un proyecto de ley sino de varias iniciativas que correrán a distintas velocidades.
En el salón Blanco de la Casa Rosada y frente a los integrantes del Consejo Consultivo de juristas notables que lo asesorará, entre otros asuntos, en el propósito de ampliar la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, y de funcionarios de la primera línea del Gabinete, como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, Fernández leyó un mensaje en el que explicó su propuesta.
Antes de especificarla, realizó un repaso histórico del funcionamiento del Poder Judicial en el último medio siglo y señaló que “la vigencia del derecho reclama como indispensable que el sistema judicial se apegue a las normas” y que “semejante poder debe estar en manos de personas dignas, que no sean permeables a ningún tipo de presión”.
Sobre el final del discurso, señaló: “Es tiempo de tener una Justicia proba, que sólo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho, una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos y los poderes políticos. Si lo logramos, habremos fortalecido esta democracia, que tantas deudas tiene”.
Consejo de notables
El jefe de Estado indicó que mandará al Congreso un proyecto de ley, fruto de seis meses de trabajo, según indicó, de “Organización y Competencia de la Justicia Federal” y, por otra parte, la creación del Consejo Consultivo de especialistas.
Este Consejo, señaló, le realizará recomendaciones directas relacionadas para “una mejor administración de Justicia” y “analizar los problemas que se observan para el mejor funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa en el ámbito nacional”.
“Los miembros del consejo tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente. No existe en mi ánimo, contrariamente a los que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían acá si se sintieran limitados o limitadas a expresarse libremente”.
Los integrantes del Consejo Consultivo son Inés Weinberg, titular del Superior Tribunal de Justicia porteño; Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista; León Arslanian, excamarista y exministro de Seguridad bonaerense; Hilda Kogan, ministra de la Corte bonaerense, y Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza.
Además, Gustavo Ferreyra, constitucionalista; Marisa Herrera, experta en Derecho de Familia; Claudia Sbdar, jueza de la Corte de Tucumán; María del Carmen Battaini, juez de la Corte de Tierra del Fuego, y Enrique Bacigalupo, especialista en Derecho Penal, a quien el Presidente le dedicó “un especial y profundo agradecimiento” al consideradarlo “maestro de muchos de nosotros” y por “estar siempre dispuesto a colaborar en el mejoramiento en nuestra querida Argentina”.
Presentes y ausentes
También integrará el Consejo Consultivo el abogado penalista Carlos Beraldi, cuya designado es cuestionada por la oposición porque representa a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en varias de las causas en las que se investigan presuntas maniobras de corrupción perpetradas durante sus gobiernos.
Precisamente Cristina Kirchner no participó de la presentación, aunque sí lo hicieron, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión bicameral especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.
Juntos por el Cambio, el principal espacio de la oposición, no participó de la presentación, pese a que habían sido invitados, en protesta por el intento de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
En cambio, sí estuvieron otros opositores, como el diputado mendocino José Luis Ramón.
“Es tiempo de iniciar los cambios a los que siempre me he referido. Es hora de poner el inicio al debate público de la cuestión judicial, para que podamos lograr tener un mejor Estado de Derecho. Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estoy convencido que todos los argentinos y todas las argentinas participan de estos propósitos”, dijo Fernández.
