El conflicto policial en Buenos Aires aceleró los tiempos de una decisión que el Gobierno de Alberto Fernández tiene tomada desde que asumió: redistribuir fondos coparticipables para morigerar algunas inequidades entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
Esa decisión desatará una nueva pelea política con el opositor Juntos por el Cambio, al que pertenece el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que verá recortados su coparticipación, para dársela al últra k gobernador de provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.
Lo que hará Fernández es retroceder en una decisión que había tomado su antecesor, Mauricio Macri en 2016. Aquel año, por el traspaso de la Policía a la órbita municipal, Nación le subió a la Capital Federal del 1,4% a 3,75% lo que recibía en concepto de coparticipación.
Más adelante, con el Pacto Fiscal firmado en 2017, ese porcentaje descendió al 3,5%. Con esas cifras, la gestión de Rodríguez Larreta iba a recibir este año unos 126 mil millones de pesos, aunque la caída de la recaudación bajó el monto.
“La Ciudad recibió 2,1 puntos de la coparticipación de Nación para cubrir gastos del traspaso de la Policía, pero para eso hacía falta solo 1 punto”, dijo Fernández ayer. Al principio, en enero, la idea era retrotraer todo pero luego negoció y acordó con Rodríguez Larreta.
Ahora, en medio de una grave revuelta de la Policía bonaerense por salarios magros, lo que hará el Presidente es un recorte de un punto a la Capital Federal para destinarlo a un Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Con ese fondo se va a reponer parcialmente un equilibrio que se perdió a mediados de los años ’80 cuando Buenos Aires cedió 8 puntos de coparticipación para que otros distritos pudieran generar mejores condiciones de vida para sus habitantes, con la idea de frenar el éxodo hacia el conurbano.
Así, en lo que resta del año se desviarán 9 mil millones de pesos para ese fondo y en 2021 se sumarán otros 45 mil millones. Con ese dinero, el gobernador Kicillof reforzará el plan de seguridad y aumentará los salarios de la Policía.
En la visión del Presidente, la avenida General Paz divide dos mundos: la ciudad rica y el conurbano con pobreza estructural, principalmente en el oeste y el sur. Y esto es el disparador para una decisión que se inscribe dentro de un debate mayor: la coparticipación federal.
Para ilustrar el desequilibrio presupuestario entre Ciudad y provincia Fernández citó que el gasto per cápita en seguridad es de 16.901 pesos en territorio porteño y de 6.702 pesos en el bonaerense. Del mismo modo, hay 1060 agentes de seguridad cada 100 mil habitantes en la Ciudad y 563 en la provincia, y el salario inicial en la policía es de $49.204 en la porteña y de $37.572 en la bonaerense.
Si bien había sido charlado, Rodríguez Larreta se enteró del hachazo a sus recursos a través de una llamada del ministro del Interior Eduardo de Pedro, 10 minutos antes del mensaje presidencial. Incluso los intendentes de ese espacio Néstor Grindetti (Lanús); Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jorge Macri (Vicente López) se enteraron cuando llegaron a la residencia de Olivos.
“Lo he hablado muchas veces con Rodríguez Larreta. Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión porque la hemos hablado muchas veces puntualmente del tema”, dijo Fernández anoche.
Anoche, en la CABA decían que el distrito aporta el 22,5% de los recursos nacionales y recibía apenas 3,5 de coparticipación. Además, no descartaban la vía judicial para reclamar por el recorte de un reparto que fue fruto de un pacto entre jurisdicciones y ratificado por una ley.
El sello de Cristina
Fue la vicepresidenta Cristina Fernández quien el 12 de diciembre de 2019, dos días después de asumir y parada frente a la Catedral de San Justo, exigió rediscutir la coparticipación porque había riesgos de un estallido ante una crisis económica que venía profundizándose.
El Presidente tenía pensado plantear esta discusión este año. Ya en febrero planteó que la Ciudad devuelva un punto de coparticipación para luego avanzar en un debate con todos los gobernadores. Después cayó la pandemia.
Con la economía paralizada la policía vio desaparecer las actividades adicionales que le representan ingresos que terminan engrosando los magros sueldos básicos. El salario promedio inicial de un policía porteño es de 49.204 pesos, aunque con diferentes sumas no remunerativas, se acerca a 60.000. Y el de un bonaerense es de 34.761 y con un plus, se conforma de 37.572 pesos. Este último está por debajo de la línea de la pobreza.
Reducir esa brecha es el pedido que hizo Policía bonaerense al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, hace tres semanas. Pero ante la falta de respuestas, el lunes se desató un conflicto que escaló fuertemente.
Ayer, durante todo el día, decenas de patrulleros y agentes armados rodearon la Quinta de Olivos para hacer oír su reclamo. Fernández hizo salir a funcionarios para invitar a representantes a dialogar, pero les rechazaron el llamado.
Horas antes, al mediodía, Fernández había dicho en un acto en Quilmes que la Policía había sacado a relucir sus miserias en uno de los momentos más críticos para el país. Y llamó los agentes a discutir “frontalmente”. Esto cayó muy mal en la fuerza y enardeció los ánimos.
Anoche, ya en Olivos y más calmado, el jefe de Estado dijo que el reclamo policial es “justo”, pero –como lo hizo gran arte de la dirigencia política- cuestionó la forma. Agradeció a los que se preocuparon por la institucionalidad, pero aclaró que la misma “nunca estuvo en juego”.
Tras recriminarles que dejaron “a su suerte” a los bonaerenses, Fernández les expresó a los agentes: “Les pido por favor, amigablemente, democráticamente, depongan esta actitud, no es bueno verlos en ese rol, necesitamos verlos de otra manera”.
