(Enviado especial a Roma) El presidente Alberto Fernández aterrizó este viernes en Roma para participar de la Cumbre de Líderes del G20, en la que tiene puestas expectativas que podrían comenzar a marcar la segunda mitad de su mandato, dado que menores presiones macroeconómicas le darían oxígeno al Gobierno tras dos años muy complicados por la crisis sanitaria y económica.
En su tercera visita a Europa desde que asumió, Fernández tiene previstas varias bilaterales. Pero lo que más expectativa le genera es la posición que tomará el G20 en torno a los costos, plazos y otras condiciones de los créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
No es casualidad. La Argentina es desde hace tres años responsable de más del 60% de la deuda que el organismo –integrado por 189 países- tiene colocado en créditos en todo el mundo. En 2022 el país debe pagar 19.100 millones de dólares y en 2023, 19.300 millones. Y ese dinero no está ni estará disponible.
En el Gobierno entienden que en la negociación de la Argentina con el FMI no se juega sólo la estabilidad del país en al menos 2022 y 2023, sino que también se pone en discusión una parte de la arquitectura financiera global construida conjuntamente por lo Estados soberanos.
La situación de agobio financiero en la que están muchos países emergentes (entre los cuales la Argentina es el máximo exponente) y lo maltrechas que ha dejado la pandemia a las economías lleva a pensar al Gobierno argentino que hay espacio para algunos cambios.
Uno de los puntos de la geopolítica global que más entusiasman al Presidente es la posición de su par estadounidense, Joseph Biden, quien aún no ha hablado de la Argentina y su mochila de deuda, pero tuvo discursos recientes que ponen en discusión el statu quo de la concentración y distribución de la riqueza, ya no solo en el concierto internacional sino incluso hacia el corazón de los Estados Unidos.
En las últimas horas Biden expresó un discurso que fue escuchado con atención en la Quinta de Olivos, antes del viaje a Roma. En esa exposición, el estadounidense hizo un alegato por el que los ricos deberían pagar más impuestos y los Estados multiplicar sus esfuerzos para combatir la elusión.
Entre quienes hablan con funcionarios estadounidenses, comparten algunas definiciones que indican que Biden y Jake Sullivan, consejero nacional de Seguridad de los Estados Unidos y hombre de peso en el gobierno estadounidense, son “keynesianos” y se diferencian en el curso que le imprimen a sus decisiones políticas de Barack Obama y Hillary Clinton, a quienes se reconoce como liberales.
Las palabras de Biden generan una buena sensación en lo más alto del Gobierno argentino. Por dos motivos principales: porque genera un debate frontal y profundo con Wall Street y porque podría propiciar un escenario favorable a discusiones que impulsa la Argentina.
Por lo pronto, en el extremo sur del continente, se sostiene una idea: Fernández no está dispuesto a generar modificaciones estructurales que desemboquen en un ajuste fiscal que contraiga la demanda agregada y frene la recuperación de la actividad sobre un PBI cuyo 70% es consumo interno.
Es así que el acuerdo que se está negociando con el FMI no contempla un ajuste previsional ni una reducción del déficit por la vía del ajuste del gasto, sino sólo por la vía de que los ingresos caminen por delante de las erogaciones.
La firma del acuerdo –prevista para el verano- está hoy en espera por dos cuestiones excluyentes para la Argentina. En primer lugar, una reducción o eliminación de los sobrecargos de interés, que al país le cuestan entre 950 y 1.000 millones de dólares por año.
Y en segundo lugar, una cláusula –exigida por Fernández-, para que la Argentina pueda firmar ahora un refinanciamiento a diez años pero tenga la posibilidad de migrar a otro programa si el FMI termina aprobando el reclamado “fondo de resiliencia global”.
Se trata de un fondo que podría estar sustentado con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que resignen (en concepto de donación) los países desarrollados, en pos de los emergentes y las naciones más pobres del mundo.
Ese fondo tendrá condiciones crediticias más convenientes que el del facilidades extendidas (SAF, por su siglas en inglés) y ni que hablar del Stand By firmado por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018, que es el que tiene los parámetros más duros.
Incluso, en el Gobierno argentino se animan a pensar en otras innovaciones. El debate climático (en Glasgow el lunes y el martes) podría desembocar en nuevos esfuerzos globales para frenar el calentamiento global. Y los costos son más cuesta arriba para los países que ya hoy están complicados por la deuda, la recesión, la pobreza y el desempleo.
Por ello, en el Gobierno argentino se animan a preguntarse –e incluso a proponer sobre la mesa de deliberaciones- si no es justo que se canjee deuda con organismos internacionales por esfuerzos mayores para mitigar el calentamiento global.
No obstante, lo urgente para la Argentina hoy también es lo más importante: el FMI y la necesidad de no ir a un default en 2022. En concreto, el país no podrá pagar el año que viene los 19.100 millones de dólares en vencimientos que comprometió Macri y tampoco otro tanto en 2023, año de elecciones presidenciales.
Fernández podría terminar su participación en la Cumbre del G20 con alta satisfacción si sus pares debates e incluyen en el documento final pedidos específicos para el FMI en el sentido de lo que su Gobierno le pide al organismo.
Actualmente, la Argentina contaría con el 62% de los votos de los líderes del G20 para poder refinanciar su deuda con las condiciones que pide. Hay un voto clave, el de los Estados Unidos, que también es mayoritario y decisivo en el FMI.
Ese es el motivo por el cual funcionario argentinos vienen teniendo conversaciones con representantes del gobierno estadounidense. Hay un diálogo de ida y vuelta, cordial, y con progresiva profundidad. Una bilateral de Fernández con Biden podría acelerar los tiempos.
