El presidente Alberto Fernández se encargó personalmente de solicitarle a los representantes del Frente de Todos en el Congreso que aceleren las gestiones para aprobar una serie de leyes clave, con la que el Gobierno buscará reforzar su fortaleza política, apuntalar la recuperación económica y, sobre todo, avanzar con la reforma judicial tan exigida por los sectores más duros del kirchnerismo.
La misión es que esos pasos se formalicen durante las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 28 de febrero. Por lo pronto, la voluntad del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es que la actividad se retome el 20 de enero, pero todo dependerá de las negociaciones con los jefes de los bloques que integran la coalición opositora Juntos por el Cambio.
El plan de trabajo que diseñó Alberto Fernández para el verano parlamentario incluyó inicialmente una lista con 25 proyectos, aunque muchos de ellos se aprobaron antes del cierre del año, entre los que se destacan la histórica ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la creación del Impuesto a las grandes fortunas, la reforma de la fórmula previsional y la reducción de las partidas para el funcionamiento de la Policía de la Ciudad.
El Presidente encabezó una cumbre en la residencia de Olivos con la tropa de diputados del oficialismo y les pidió priorizar la aprobación del proyecto para reformar la Justicia, que ya cuenta con media sanción del Senado.
“Alberto les pidió que sacaran la ley de reforma judicial que está en Diputados, que en realidad es una ley de reforma del sistema federal y no es una reforma integral. Esa es la prioridad que marcó de cara a enero y febrero”, dijo una fuente gubernamental con acceso a esas tratativas.
No fue un pedido casual porque el kirchnerismo, con Cristina Fernández a la cabeza, intensificó en el último tiempo sus planteos contra la Corte Suprema de Justicia y contra el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad.
Incluso la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó directamente contra Alberto Fernández para expresarle su profundo malestar por la ausencia de gestiones oficiales frente a fallos como el que recientemente ordenó que el ex vicepresidente Amado Boudou vuelva a la cárcel para cumplir su condena por el caso Ciccone.
Bonafini no sólo le volvió a exigir la liberación de los “presos políticos” sino que además alertó: “La van a meter presa a Cristina porque no se les ha impedido nada”.
En sus últimas declaraciones públicas para despedir el 2020, Fernández cuestionó al juez que decidió quitarle a Boudou el beneficio de la prisión domiciliaria y volvió a criticar los criterios de la Corte Suprema de Justicia.
“Esta justicia de este modo no funciona, no hace justicia, cumple los deseos de los poderes fácticos, cumple solamente eso”, sentenció Fernández. Reveló también que utilizará las recomendaciones del Consejo Consultivo para promover más cambios en la Justicia y en el máximo tribunal.
“No me importa si es un año electoral o no, porque lo que le voy a pedir a la oposición es que tenga la responsabilidad necesaria de entender lo que está pasando en la Justicia, lo que han hecho en la Justicia, lo que lograron tergiversar en la justicia con su mesa judicial, con la manipulación de jueces”, dijo Fernández.
La discusión parlamentaria que promete mayores tensiones es la que tiene que ver con el futuro del Ministerio Público Fiscal. “Lo que está que todavía no se movió en el Senado es lo de Rafecas, que es una cuestión más política así que veremos”, dijeron cerca del Presidente.
Es que los senadores del Frente de Todos avanzaron con un proyecto para modificar los criterios para seleccionar al jefe de los fiscales. Puntualmente, la iniciativa busca que esos cargos se definan mediante mayoría absoluta (mitad más uno de los presentes), en lugar de los dos tercios que se exigen actualmente en el Senado.
Son gestiones que dividen las aguas en el oficialismo porque Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, advirtió que no está dispuesto asumir el cargo con ese cambio en las reglas de juego.
La agenda legislativa estival contempla el tratamiento de otras iniciativas fundamentales para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tratar de apuntalar la recuperación económica.
La Casa Rosada apuesta a aprobar en las sesiones extraordinarias el consenso fiscal que el Presidente ya acordó con los gobernadores para dejar sin efecto el pacto que selló el ex presidente Mauricio Macri en 2017 y suspender la baja de impuestos como Ingresos Brutos.
La expectativa también es que se avalen el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que el Congreso tenga voz y voto en las acciones para emitir deuda pública, y una serie de reformas tributarias.
