El Gobierno de Alberto Fernández avanza en varios frentes económicos a la vez y prepara una agenda de trabajo para el Congreso que presagia un escenario de tensión política para lo que resta del año, no solo con la oposición sino también con algunos gobernadores oficialistas o aliados.
La agenda económica que se propone desarrollar la Casa Rosada está llena de temas que suelen generar confrontación. El principal será el Presupuesto 2021, cuyo proyecto debe ingresar al Congreso antes del martes 15 de septiembre con las proyecciones en materia de PBI, inflación, tipo de cambio, recaudación y gasto.
En paralelo, el Gobierno propondrá la reforma tributaria, el denominado impuesto a los ricos y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el oficialismo quiere sancionar antes del 30 de noviembre.
El quinto y más ambicioso de los proyectos apunta a un debate por una nueva coparticipación federal de impuestos, atado y posterior a la reforma tributaria. Este es un pedido realizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner al jefe de Estado, según coincidieron fuentes allegadas a ambos.
Para poder avanzar con esta agenda sin limitaciones externas, Fernández le pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, que apure la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ayer, el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos, dijo que el FMI pedirá “objetivos claros” que estarán en el proyecto de Presupuesto que el organismo conocerá.
La relación con el FMI es de buen diálogo. Pero el organismo, al que se le deben 47.000 millones de dólares pedirá un plan fiscal, insistirá por las reformas previsional y laboral, y buscará volver a monitorear la macroeconomía argentina periódicamente.
Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó que junto con el Presupuesto se discutirá la reforma tributaria, en el último trimestre. “Tenemos que discutir la reforma tributaria y también el aporte solidario extraordinario”, dijo Massa.
Hay otros dos proyectos que Fernández prometió en la Asamblea Legislativa y por los trastornos generados por la pandemia los tiene pisados. El primero es la ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero. El segundo es la creación del Consejo Económico y Social.
El tema más caliente
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, vienen sondeando desde junio la posibilidad de avanzar con los gobernadores para una nueva Ley de Coparticipación. Por mandato constitucional de 1994, se necesita unanimidad de las provincias. Una nueva ley en esta materia beneficiará a algunos distritos y afectará a otros porque la plata a distribuir es la misma, por lo que Nación podría poner en marcha un sistema de compensaciones por cinco años, indicaron fuentes con conocimiento de un borrador de la iniciativa.
Las fuentes indicaron que el tema está aún “muy verde”, pero presente en los debates que la Nación y las provincias vienen desarrollando en la Comisión Federal de Impuestos y en el diálogo con los gobernadores. El último cambio en el esquema fue en 1988. Y desde 1996 está pendiente el rediseño que se acordó en 1994.
Hoy la coparticipación pasa un muy mal momento. Un informe de la consultora Economía & Regiones revelado ayer indicó que las provincias recibieron en julio 174.013,4 millones de pesos. Esto es una caída del 13,4% en si se descuenta la inflación.
Silvina Batakis, secretaria de Relaciones con las provincias evidenció lo que piensan en Casa Rosada: “Hay una gran concentración de riqueza e ingresos en Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires”. Por ello, propone avanzar en la discusión de la coparticipación ni bien el país pueda comenzar a salir de la pandemia.
Es en este punto donde en el Gobierno reconocen que podrían tener tensiones políticas con la oposición, pero también con los gobernadores, incluyendo a los propios como el santafesino Omar Perotti u otros peronistas más lejanos, como el cordobés Juan Schiaretti.
