Alberto Fernández cursó invitaciones a los diferentes espacios opositores a una reunión para hoy con el fin de presentarles su proyecto de reforma judicial. Juntos por el Cambio (JPC), que tiene el 45 por ciento de las bancas de Diputados y el 34 por ciento de las del Senado (en total, 145 de los 329 legisladores nacionales) pegará el faltazo, a modo de protesta.
La presentación fue confirmada para las 16. En el salón Blanco de la Casa Rosada estarán el Presidente de la Nación y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, mientras que los legisladores nacionales invitados lo escucharán por videoconferencia. Sí estarán los 11 “notables” que asesarán al Presidente, entre ellos el mendocino Omar Palermo, juez de la Suprema Corte provincial.
Según pudo saber este medio, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, fue el encargado de comunicarse con el interbloque JPC, que conduce el radical Mario Negri, para invitarlo a que las autoridades del espacio participen.
Pero Negri, también presidente del bloque UCR, y Maximiliano Ferraro y Cristian Ritondo, jefes de los bloques Coalición Cívica-ARI y PRO, respectivamente, hicieron saber que “están analizando la invitación”, aunque señalaron que “es que casi seguro que nadie de JPC asista”.
Qué dirá el Presidente
La reforma judicial no es solamente un proyecto de ley, sino que se trata de un conjunto de iniciativas que corren a distintas velocidades y cuyo diseño fue elaborado por el propio Presidente, la ministra Losardo y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
El proyecto que Fernández podría mandar esta misma semana al Congreso estaría ceñido estrictamente a al propósito de mejorar el fuero federal, fusionando los 12 juzgados criminales con los 11 de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción.
El jefe de Estado ya explicó esta propuesta no solamente en diversos reportajes periodísticos sino también en su discurso del 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa, durante el cual también anunció la creación de un Consejo Consultivo lo asesorará en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio.
Esos tres, precisamente, son los puntos calientes de la reforma judicial, y no tanto la unificación y duplicación de los juzgados federales.
También lo es la conformación del Consejo Consultivo: lo integran 11 juristas de renombre, entre quienes figura Carlos Alberto Beraldi, abogado defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, involucrada en varias investigaciones penales de casos de corrupción.
Además de Beraldi, a ese cuerpo de notables lo integrarán Inés Weinberg de Roca, a quien Mauricio Macri, siendo presidente, propuso como jefa de los fiscales federales, pliego que nunca prosperó por falta de apoyo del peronismo; Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
El presidente Fernández también destacará la necesidad de poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853, y que consiste en un tribunal popular, normalmente integrado por una docena de ciudadanos, que determina, sobre la base de las pruebas recogidas, si el acusado es culpable o inocente, siendo el juez quien dispone la pena.
También resaltará como uno de los pilares de su propuesta de reforma judicial que se implemente el sistema acusatorio, aprobado ya en el Congreso, que otorga un mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales, mientras que el juez funciona como garante del proceso.
Cinco miembros
Aunque aún no está claro en qué consiste exactamente el paquete denominado reforma judicial, JPC difundió esta martes un comunicado anticipando su rechazo a la posibilidad de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Para la coalición opositora, “la estabilidad del máximo tribunal es un valor en sí mismo, que resguarda la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica y la calidad democrática y de las instituciones”.
“La composición actual de la Corte, de cinco miembros, es el número que más se ha mantenido a lo largo de nuestra historia y fue votado casi por unanimidad por última vez en el año 2006”, señalaron.
Además, indicaron que “el contexto en el que se presenta la posibilidad de una reforma judicial y particularmente de una ampliación de la Corte Suprema, que va a recomendar la comisión que asesore al Presidente de la Nación, no son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad”.
Reforma con objetivo personal
Para JPC, la comisión de expertos “tiene una mayoría de integrantes con opinión formada, que es la de sugerir una ampliación de los miembros de la Corte Suprema y un funcionamiento del máximo tribunal en salas”.
La coalición sostuvo que, en este sentido, “el objetivo es claro: crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen impunidad”.
Además, en alusión a Beraldi, indicaron que “algunos de los expertos convocados tienen claro cómo diseñar la nueva composición, funcionamiento y los futuros procedimientos ante la Corte que garanticen ese objetivo”.
El rechazo y la oportunidad
Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI, ya había anticipado su posición el lunes en Twitter: “No nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la ampliación del número de la Corte, ninguno”.
Por su parte, la diputada radical Karina Banfi expresó con sus palabras el clima que se vive dentro de JPC respecto de la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.
“Estamos cursando la crisis económica más cruda y la excepcionalidad de una pandemia. Se les pidió que no metieran temas conflictivos (para sesiones realizadas por internet) y no escuchan”, dijo la legisladora por la Provincia de Buenos Aires a este medio.
Y agregó: “Tienen un intendente procesado por bancar el narcomenudeo (por Mario Ishii, del municipio bonaerense de José C. Paz); hay un chico desparecido desde hace 90 días en la provincia de Buenos Aires (por Facundo Astudillo), a manos de la Policía; las empresas están devastadas y buscando soluciones, y resulta que ellos están preocupados por meter beneficios para sus amigos (por la nueva moratoria, que JPC considera ‘traje a medida de Cristóbal López’); no rinden cuentas; no paran la moto, y encima quieren confundir cambios estructurales con acomodar la Justicia para la vicepresidenta [Cristina Kirchner]”.
Qué números
En el Senado, el Frente de Todos (FDT) tiene la mayoría: 41 de los 72 senadores. De modo que puede aprobar cualquier iniciativa que no requiera de mayorías especiales, como los dos tercios.
En Diputados, en cambio, el oficialismo no tiene la mayoría pero sí la construye con el apoyo de algunos espacios opositores: el peronismo no kirchnerista, que apoyó a Roberto Lavagna en 2019; el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, y el interbloque de ocho diputados de cinco provincias que lidera el mendocino José Luis Ramón, además de la patagónica Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
La suerte de la reforma judicial se conocerá cuando quede develada su redacción y en qué consiste el paquete.
Los once asesores del Presidente
