El Gobierno Provincial buscará resolver en los próximos días la polémica generada por subsidios de por lo menos un monto de $18 millones que iban a ser entregados en cuotas a la Fundación Acción Social que preside el pastor y ex senador Héctor Bonarrico y que fueron dados de baja.
Hoy, la presidenta del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, presentará la denuncia contra el Gobierno por “averiguación de delito”, con el convencimiento que hubo irregularidades y que fueron admitidas por el ex legislador; mientras que el oficialismo aún no tiene su denuncia lista, según confirmaron a Los Andes, por lo que se espera que aguardará a los próximos días con su contraofensiva al pastor por “por tentativa de fraude a la administración pública”.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo no aceptará la interpelación que propondrá este miércoles el Frente de Todos al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, uno de los que firmó el decreto derogado.
Fueron las declaraciones que hizo el líder del partido MasFe, quien expresó en Mdz Radio que dicho subsidio correspondía a un “acuerdo político” con el Gobierno a cambio de bajar su precandidatura a legislador nacional, las que impulsaron esta serie de acciones que replicarán en diversas acciones esta semana.
Bonarrico activó el jueves -casi sin proponérselo- el temporal político en el frente Cambia Mendoza: “Esto fue parte del acuerdo que Masfe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas”, comentó el jueves sobre el subsidio. El gobernador Rodolfo Suárez, al conocer esas declaraciones, actuó rápido y dio de baja al subsidio con otro decreto que fue publicado al día siguiente, el viernes.
Hasta ahí, fue todo lo que ocurrió en términos formales. Pero hoy comenzará fuerte la semana porque se harán concretos anuncios que provienen de esta polémica.
Estrategia peronista con la mira en la Justicia
En primer lugar, dirigentes peronistas se dirigirán esta mañana a Tribunales para radicar la denuncia que adelantó el viernes en conjunto con el arco político del Frente de Todos.
Desde el espacio opositor expresaron que este fin de semana se terminó de redactar la denuncia penal, aunque no emitieron mayores informaciones de acuerdo al texto de la misma.
“Hemos decidido hacer una denuncia penal por averiguación de delito en virtud del convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza y el senador Bonarrico”, dijo el viernes Fernández Sagasti.
El objetivo, en parte del PJ, además de que se libre una investigación judicial formal contra el Gobierno provincial, es que el tema no sea aplacado o neutralizado por el oficialismo.
De hecho, las sesiones de Senadores y Diputados (martes y miércoles respectivamente), servirán para volver a instalar el tema. Mañana, el Frente de Todos no solamente impulsará la discusión en el recinto, sino que también aseguran que tienen información que “compromete” al oficialismo y que la darán a conocer.
No obstante, para el miércoles el PJ adelantó que pedirán una interpelación al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, quien fue uno de los que firmó el decreto 684 junto al vicegobernador, Mario Abed; y el ministro de Seguridad, Raúl Levrino.
Quien liderará esa misión es el jefe de bloque del Frente de Todos, el sanrafaelino Germán Gómez, quien actuó en paralelo al avance en la vía judicial por parte de Fernández Sagasti.
Mientras tanto, en el Senado dejarán pasar este martes en lo que a la citación del ministro de Gobierno. Desde el peronismo comentaron a Los Andes que, en caso que no tenga futuro el pedido de Gómez, lo reactivarán el martes 7 de junio en el Senado.
“Vamos a sostener el tema hasta que den explicaciones”, marcaron desde el PJ, quienes aseguran que “no hay manera de que Suárez no haya tenido conocimiento de ese tema, ya que Ibáñez es su mano derecha. Es un escándalo y tiene que haber responsables políticos”, acotaron.
El radicalismo se defiende
En el oficialismo evalúan el paso a paso de cómo seguirá este tema en estos días. Además de jurar que este convenio es uno de tantos que se firman, así como también negar que se haya tratado de un acuerdo político, tienen preparada su denuncia a Héctor Bonarrico por tentativa de fraude a la administración pública, aunque no informaron si será hoy el día en que la presentarán a la Justicia.
Fue el propio Ibáñez quien expresó que el convenio entre el Ejecutivo y la Fundación Acción Social fue “público, transparente” al haber aparecido en el Boletín Oficial, y que fueron las manifestaciones de Bonarrico las que “intervirtieron” el destino de los fondos para el que fue solicitado el subsidio.
“Eso es lo que motiva la decisión de dar de baja el convenio e iniciar acción penal por tentativa de fraude a administración pública. Indudablemente hay una errónea interpretación del objeto que tuvo el convenio”, aseveró Ibáñez.
Por lo pronto, fuentes legislativas aseguraron a Los Andes que no aceptarán el pedido de interpelación que pedirá Germán Gómez, y aseguran que es un tema del cual el peronismo “quiere sacar más polémicas de las que ya hay”.
El oficialismo, en principio, aceptará todos los pedidos de informes formulados, que provienen por ahora de la diputada Mercedes Llano (PD), Juan Pablo Gulino (PJ). “Después de eso, si no nos satisfacen las respuestas, invitaremos al Ministro a ampliar información e inquietudes”, acotaron desde la Cámara Baja, e hicieron hincapié en la “invitación” y no en la “citación”.
“Hemos asimilado el golpe de la opinión pública. Entendemos todo lo que ha generado las declaraciones de Bonarrico. Si tenemos que demostrar en la Justicia que no hubo un acuerdo político, lo haremos. Pero el PJ tiene en mente algo que no ocurrió. No fue más que un convenio que además se derogó y que no causó perjuicios políticos a la provincia”, finalizaron desde el oficialismo.
