El proyecto de reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza despertó las críticas del peronismo y se espera un áspero debate en la Legislatura.
La propuesta que envió el Ejecutivo a la Casa de las Leyes consiste en eliminar las salas y que los siete ministros, incluido el presidente Dalmiro Garay, participen de un sorteo para definir qué tres magistrados se harán cargo en cada causa que ingrese.
El proyecto tiene un alto componente político, ya que la eliminación de la Sala 2, llevaría a que deje de existir una mayoría opositora en el tratamiento judicial. Aquí se encuentran los jueces filoperonistas Mario Adaro y Omar Palermo, y el filoradical José Valerio.
La senadora nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, salió al cruce de la iniciativa y expresó a través de su cuenta de Twitter: “Lo que no controlan, lo disuelven. El proyecto que envió el gobierno a la Legislatura implica lisa y llanamente lograr una mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia”.
“Manejan a dedo el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, la Contaduría General de la Provincia, más las dos cámaras de la Legislatura. ¿Qué falta? Adivinaron: la Suprema Corte de Justicia”, añadió la legisladora y cerró: “La pregunta es para qué. La respuesta está a la vista de todos, de ´institucionalidad’ poco, de búsqueda de impunidad, todo”.
La defensa del oficialismo
El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados y desde Cambia Mendoza se preparan para defenderlo. El jefe del bloque oficialista, Diego Costarelli, afirmó que la iniciativa forma parte del proceso de reforma judicial que se inició con el gobierno de Alfredo Cornejo y se mantiene con la gestión de Rodolfo Suárez.
“Este proceso de reforma, dónde se modificaron casi todos los fueros, buscó una mayor transparencia y mayor independencia a todo el Poder Judicial. Por ejemplo, en el fuero penal se crearon los fueros colegiados y ahora llegó el momento de la Corte”, comentó el legislador a diario Los Andes.
Y explicó: “Lo que estamos buscando es un funcionamiento mucho más aceitado de la Corte. Creemos que el funcionamiento de salas que hoy tiene, no es el adecuado porque el 75% de las causas ingresan a la Sala 2, que es la que entiende los temas penales y laborales, y solo el 25% ingresa a la Sala 1. Como está diagramado hoy, no lo hace participar al presidente de la Corte, por lo cual no estaría actuando como un juez. No puede dictar sentencia”.
Costarelli comentó que es necesario el sorteo de los tres de los siete jueces para las distintas causas que ingresen porque el actual funcionamiento por turnos, produce que en la mayoría de los casos se espere a la segunda quincena del mes para que las causas entren a la Sala 2. “Como funciona por turnos, se espera a que le toque a esa sala para hacer ingresar las causas”, dijo.
“Nosotros venimos con un proceso de reforma en la Justicia que avalan lo que buscamos ahora con la Corte. Vamos a defender esto bajo la argumentación que tenemos. Estamos viendo como diagramamos en la Legislatura el tratamiento y le daremos curso. Yo creo que no puede extenderse, los argumentos están claros”, cerró el radical.
Adaro dijo lo suyo
También se sumó a las críticas Mario Adaro, uno de los ministros del máximo tribunal e integrante de la Sala 2, que se ve afectada en su conformación por los cambios que pretende hacer la legislación que propone el Ejecutivo.
En diálogo con LV10, aseguró que “hoy se discute un modelo de gestión sobre la Corte, entre cuatro paredes y tres personas. Lo más complejo es que si opino sobre eso, es la opinión de un privilegiado si se quiere, en este contexto que vive el país, con los problemas que hay, decimos: ‘vamos a seguir consolidando un modelo para la provincia de Mendoza que será de cooptación institucional’”.
Si bien coincidió en el diagnóstico de la situación, sembró dudas sobre la iniciativa porque “cuando un proyecto empieza a agregar artículos, desconfío, cuando es complejo, desconfío, cuando es oscuro, desconfío. Me ha pasado siempre e invito a la ciudadanía a que haga eso con el poder político porque si no, nunca está interpelado”.
Uno de los argumentos del Gobierno, es la carga de causas que recaen en la Sala Segunda. En ese sentido, Adaro aclaró que “tiene varias explicaciones” y manifestó la inexistencia de revisiones previas tanto en el fuero laboral como en el penal. “Somos casi segunda instancia, donde se revisa todo lo que pasa en las instancias inclusive en lo laboral, que hay una sola instancia”, indicó.
“Es cierto que durante un período largo, como tiene una composición y algo distorsivo, que tiene 15 días y 15 días, hay posibilidad de elegir la sala. Eso está mal y estamos de acuerdo en que hay que cambiarlo”, reconoció el ministro filo peronista que participa de las resoluciones de las causas de alto voltaje político.
Los cuestionamientos no recaen sobre el sorteo puntual, sino sobre el articulado que define el funcionamiento interno. “Cuando un proyecto agrega cargos equiparados a magistrados, dice cómo se va a elegir el presidente, el vice primero y segundo, cómo se van a mandar los proyectos a la Legislatura… Le estoy diciendo al autoritarismo oficial que lo pueden llegar a modificar… Cambian cosas que están redactadas en la Constitución”, sostuvo.
Y también se refirió a la propia interna del máximo tribunal, incluso con el mismo proyecto de reforma. “A algo que estábamos de acuerdo, le agregaron un montón de cosas que son las que le duele a algunas o algunos que no pueden terminar de consolidar un debate o una deliberación. A este proyecto lo empezamos a trabajar. Había puntos de desencuentro dentro del bloque oficial y dijeron: ‘no, no debatamos más, que lo mande el Ejecutivo’”.
Desde Xumek, asociación civil sin fines de lucro que difunde, investiga y defiende los derechos humanos -y con vínculos muy cercanos al kirchnerismo- consideran que “la división de la Corte Suprema de Justicia en salas temáticas apunta a que las denuncias lleguen a jueces que tengan experticia en los hechos que son denunciados y que la administración y reforma de la Justicia debe necesariamente responder al Poder Judicial mismo y no al Poder Ejecutivo”.
“Apelamos a que el Poder Legislativo ponga freno a este tipo de intromisiones y rechace de lleno tal proyecto que atenta a los principios republicanos consagrados en nuestra constitución”, sostuvieron un comunicado. Avisaron también que ya circula, por dentro de la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una denuncia contra el Gobierno provincial exponiendo “de manera detallada los casos de violación a la independencia judicial, así como los estándares jurídicos aplicables establecidos tanto por los órganos especializados de la ONU como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contando con un amplio respaldo probatorio”.
