La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó esta mañana una denuncia contra el Gobierno Provincial, en representación del Partido Justicialista, para que la Justicia investigue una serie de posibles delitos surgidos con lo que iba a ser una entrega de subsidios a la fundación Acción Social, que preside el ex senador Héctor Bonarrico, por al menos $18 millones.
La presidenta del PJ asistió esta mañana al Polo Judicial junto al apoderado del PJ, Carlos Blanco, donde radicó la denuncia en la Fiscalía de Instrucción n°7 de Delitos Económicos.
En diálogo con los medios de comunicación esta mañana, la legisladora kirchnerista declaró que irán “hasta las últimas consecuencias para saber si es un hecho aislado la posible compra de la voluntad de Bonarrico para que vote leyes y se baje de la candidatura, o es un modus operandi del Gobierno Provincial”.
Además, añadió que presentaron esa denuncia “para averiguar si hubo delitos”, en la cual entran una “multiplicidad” de otros delitos “en la cual el fiscal deberá corroborar si es cierta o no”.
La Senadora Nacional consideró, por su parte, que la denuncia que prepara el Poder ejecutivo contra el pastor, y que fue adelantada por el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, es una “jugada distractiva para que los mendocinos se confundan y distraigan del real hecho”.
“Lo grave es que querían pagar $18 millones, según dijo Bonarrico al aire en una radio, a cambio de bajarse de una candidatura y un acuerdo político, lo cual es gravísimo”, marcó.
Es importante destacar que dicho subsidio, que había aparecido bajo el decreto 684 el jueves pasado, nunca se concretó debido a que el gobernador, Rodolfo Suárez, decidió darlo de baja -la derogación fue publicada este viernes pasado- tras las declaraciones del pastor Bonarrico en Mdz Radio, quien dijo que se trató de un “acuerdo político” con el Gobierno.
La denuncia del PJ contra el Gobierno Provincial
En el documento se pide a la Justicia que se averigüe sobre la posible comisión de los siguientes delitos:
- a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del CP), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir.
- b) Enriquecimiento ilícito de funcionarios (Art. 268 (2) CP);
- c) Malversación de caudales públicos (Art. 261 segundo supuesto CP).
- d) Cohecho y tráfico de influencias (Art. 256 CP).
Según presentaron en el escrito, que tiene 7 fojas, se apunta a que el gobierno provincial “busca desviar la investigación y culpar solamente a Hector Hugo Bonarrico, con la presentación que hizo el ministro Víctor Ibáñez por ‘tentativa de fraude al Estado’”.
“Este Ministro ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibáñez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado”, argumenta la denuncia.
En tanto, se destaca es que la marcha atrás del otorgamiento del subsidio “de ninguna manera exime de responsabilidad a los denunciados en el escrito o de ser investigados por el hecho”.
