El presidente Alberto Fernández mantendrá este martes una reunión de trabajo con gobernadores de todo el país en la residencia de Olivos, para dialogar sobre la caída del proyecto de ley de Presupuesto 2022, lo que disparó la incertidumbre en los jefes provinciales.
Fuentes oficiales indicaron a este medio que la reunión es a “agenda abierta”, pero señalaron que el tema principal sobre el que se dialogará será la forma en que se administrarán los recursos el año próximo.
Por el rechazo opositor al proyecto de ley, el Gobierno extenderá por un año la vigencia del Presupuesto 2021. Para ello, Fernández hará uso de la ley 24.156, que le otorga esa facultad para evitar la paralización de la administración pública nacional.
En las últimas horas, los gobernadores de las provincias de Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, La Pampa, Misiones y Tierra del Fuego salieron a cuestionar a la oposición por haber rechazado la denominada “ley de leyes”.
Los mandatarios, la mayoría del Frente de Todos, coincidieron en que esa decisión implicó “priorizar los intereses políticos por sobre el valor de inversiones en obras claves para cada región”.
Cálculos del Frente de Todos indican que por el hecho de no haberse prorrogado la vigencia de determinadas tasas en algunos impuestos coparticipables (por la caída del Presupuesto 2022) las provincias perderían en total más de 180.000 millones de pesos.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO), y el gobernador correntino, Gustavo Valdés (UCR), habían afirmado en las últimas horas que los cálculos y las advertencias del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sonaban a “amenazas”.
Ambos dirigentes le pidieron al oficialismo que “escuche a la oposición” y genere mayores canales de diálogo para alcanzar acuerdos en el marco del Congreso. “Querían tomarnos de rehén y que las provincias opositoras sean las que paguen”, agregó Valdés.
El rechazo al presupuesto 2022 genera otro tipo de incertidumbres por el elevado poder de discrecionalidad que tendrá el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para reasignar partidas en función de los fondos extra que ingresen producto de la mayor actividad económica y de la inflación.
Eso pone sobre un escenario de extrema incertidumbre no solo a los gobernadores sino también a los intendentes, que no pueden tener una referencia clara para diagramar y ejecutar sus propios presupuestos.
También quedó en vilo la suba extra al “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, que de los 27.000 millones de pesos iba a ser ascendido a 46.000 millones de pesos.
En el mismo sentido, se abrió un mar de dudas sobre el plan plurianual de obras a ejecutar desde 2022 en adelante por más de 902.685 millones de pesos, que preveía 170.087 millones de pesos el año que viene y al menos 331.958 millones de pesos en 2023, un año en el que la mayoría de los gobernadores y sus espacios políticos se jugarán la continuidad en el poder.