Este jueves, el fiscal Ramiro González firmó un nuevo dictamen a través del cual ordenó incluir en el expediente, en el que se investiga una violación al aislamiento obligatorio, los videos del cumpleaños de Fabiola Yañez como el del brindis de fin de año en la Quinta de Olivos.
Por otro lado, pidió que la Secretaría de Innovación Pública informe sobre la base de datos de la aplicación Cuidar, para saber si los asistentes al festejo habían tramitado permiso de circulación.
A la fecha, bajo investigación se encuentran los presentes en el cumpleaños de Yañez y quienes asistieron a un brindis de fin de año celebrado en Olivos, donde se contabilizaron unos cincuenta legisladores oficialistas, según consta en la ampliación de la denuncia inicial.
Sobre esos encuentros el gobierno debe brindar información específica: quién los autorizó a ingresar, qué motivo declararon al llegar, si se encontraban exceptuadas para circular cuando regía el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández.
En el centro de la polémica quedó el cumpleaños de la primera dama, del que participó también el jefe de Estado. Al divulgarse la fotografía del evento al que concurrieron once personas en plena restricción para realizar encuentros sociales, el fiscal González pidió que se brinden las explicaciones sobre el suceso: los justificativos, si están incluidos en las excepciones que entonces regían, quién los autorizó a circular e ingresar a la quinta de Olivos.
Además, pidió que indiquen fecha, horario, carácter o cargo, el motivo declarado del ingreso y de haberse brindado una autorización quién la efectuó.
La publicación por parte de la Televisión Pública y de un portal ultra K, de los videos del cumpleaños del 14 de julio, dieron otro impulso al caso. La justicia no descarta que haya más registros de las fechas cuestionadas.
Este jueves, el fiscal impulsó nuevas medidas de prueba. En primer término, ordenó bajar e incorporar al expediente los videos tantos aquellos del cumpleaños de la primera dama, como los que circularon sobre el brindis de fin de año en la quinta presidencial.
En el dictamen, al que accedió Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal, ordenó también que la Secretaría de Innovación Pública -que dependen de Jefatura de Gabinete-, informe sobre la base de datos de la aplicación Cuidar, para saber si los asistentes al festejo habían tramitado permiso de circulación.
Entre otras cosas, el fiscal recordó que Casa Militar aún no entregó la documentación requerida y solicitó que se remitan todos los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados durante todo el 2020 en relación a la pandemia del Covid-19.
El presidente de la Nación calificó el festejo de cumpleaños como un error, y en un primer momento atribuyó la responsabilidad a su pareja, la homenajeada aquel 14 de julio. El evento, que según publicó en aquel momento la agencia oficial de noticias Télam sólo iba a ser de forma virtual, cosechó una lluvia de críticas y hasta un proyecto de juicio político contra el Jefe de Estado por haber violado su propio DNU.
Días después, Alberto Fernández asumió la responsabilidad del encuentro y volvió a reiterar que se trató de un error que no volverá a repetirse. Pese a las disculpas públicas, la causa judicial avanza.
La fiscalía busca determinar si las conductas denunciadas “pudieran configurar los delitos previstos en los artículos 205 y 248 del Código Penal, que establece la tipicidad de las acciones del funcionario que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Esos delitos eran los contemplados en el DNU que firmó el presidente Alberto Fernández y que regía en todo el país, con una cuarentena que impedía comercios abiertos, desplazamiento de personas que no eran considerados esenciales, todo tipo de reuniones sociales, entre lo más resonante.
Tras una ampliación de la denunciante Fundación Apolo, esta semana sumó a la investigación el delito de falsificación ideológica por supuestas diferencias en los datos registrados por Casa Militar en los ingresos y egresos de la Quinta de Olivos. En octubre del 2020 habían requerido las planillas, y al cotejar la documentación con la entregada este año y que circuló en redes sociales identificaron diferencias numéricas y datos no registrados. Pero respecto de esta última denuncia, el fiscal consideró que debe ser investigada en un expediente por separado.
El viernes pasado, el fiscal González intimó a Casa Militar que entregue los listados solicitados el pasado 5 de agosto, y que frente al incumplimiento de responder a dicho requerimiento, se envíe todo el plazo improrrogable de 5 días.
En aquel pedido se había requerido, “los registros de ingresos y salidas” de Sofía Pachi, de su pareja el taiwanés Chien Chia Hong, del peluquero Emmanuel López, de Fernando Consagra, Ariel Alonso Zapata, de Lautaro Romero y también de Florencia Peña, correspondientes al año 2020. “Se deberá indicar indicar fecha, horario, carácter o cargo, el motivo declarado del ingreso y de requerirse autorización quién la efectuó”, solicitó el fiscal.
