De 22 partidos que tienen alcance nacional en Mendoza, cinco de ellos fueron inhibidos por la Justicia Nacional Electoral para recibir fondos para el desenvolvimiento institucional por el plazo de un año, desde agosto de 2024. Los casos más ruidosos fueron los del Pro y el Partido Verde, que tienen activa participación política en órganos de poder, pero las internas los afectaron de lleno.
En tanto, la Coalición Cívica ARI, el Partido Intransigente y el Partido Fe se suman en el combo, con el justificativo de que las intervenciones y las estructuras más chicas les han impedido presentar los balances en tiempo y forma. Según pudo saber Los Andes, ninguno de los cinco ha presentado hasta el momento los balances ante la Justicia Electoral, aún con las sanciones establecidas.
En agosto pasado a las cinco fuerzas políticas les llegó una resolución similar por parte del juez federal con competencia electoral, Pablo Quirós. “DECLARAR por no acreditado el origen y destino de los fondos recibidos (…) de este Distrito Mendoza y en consecuencia aplicar al partido la sanción de pérdida de derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por el plazo de un (1) año (art. 62 inc. f) ley 26.215), en razón del incumplimiento de la obligación prevista por el art. 23 de la ley 26.215 en relación al ejercicio correspondiente al periodo 01-01-2023 al 31-12-2023″, sostienen los fallos.
Para llegar a tal instancia, la Justicia Electoral intimó a los partidos con una serie de sanciones: primero la quita de un 10% de los fondos por no presentar los balances en tiempo y forma (hasta fines de marzo) y la duplicación de esa multa (20%) por no hacerlo antes del 3 de mayo. La espera se agotó el 2 de julio, cuando se aplicó una suspensión cautelar de todo tipo de aportes públicos que pudieran recibir y se intimó a que en un plazo de 15 días los presentaran, con el apercibimiento de recibir la inhibición de los fondos, directamente.
Ninguno cumplió y recibieron la inhibición, que de todos modos, es la más liviana. Ya que la Ley 26.215 de financiación de partidos políticos propone plazos que varían entre 1 a 4 años, para estos casos.
Vale aclarar, que de todas maneras, esta sanción no impide que los partidos políticos no reciban fondos para campaña electoral el próximo año. Marchan por carriles distintos cada financiamiento y tienen su distribución y rendición de cuentas, aparte. También con plazos estipulados y sanciones posibles. Del mismo modo, cada partido político no está impedido de recibir aportes privados o de sus afiliados.
Los recursos para desenvolvimiento anual de partidos políticos que distribuye la Dirección Nacional Electoral, se vale de dos ítems: un 20% va en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos y “un 80% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales”, con el requisito de haber “obtenido al menos un número de sufragios equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral”, dice la ley. Después, dentro de las alianzas electorales, la distribución de los fondos se llega por acuerdos orgánicos.
El Pro pierde más de $3 millones
Teniendo en cuenta las distribuciones vinculadas a la última elección nacional, al Pro que formó parte de Juntos por el Cambio, le iban a llegar casi 4 millones de pesos, que con un descuento del 20% por las dos primeras multas recibidas se transformaban en $ 3.176.585, según la Disposición 16/2024 de la Dirección Nacional Electoral. Sin embargo, si la inhibición anual queda firme no recibirá absolutamente nada.
En la fuerte interna que atravesó el partido para llegar hasta las elecciones (judicializadas) que consagraron al demarchista Gabriel Pradines como presidente, frente a su competidora la vicegobernadora Hebe Casado, se tiraron la pelota de un lado a otro, para referirse a la rendición de cuentas. En el medio también culparon al interventor Darío Nieto por haber designado al diputado Guillermo Mosso (sector de Casado), sin que este hubiera aceptado, según aclaró a este medio.
“Vamos a apelar la sanción, pero lo cierto es que el Balance lo debieran haber presentado las autoridades anteriores antes del 31/03. Espero que la Justicia Electoral tenga en cuenta la celeridad que hemos tenido desde la asunción hasta la presentación de los estados contables”, dijeron a Los Andes desde la conducción actual.
La apelación la deben hacer ante la Cámara Nacional Electoral, en busca de que se revierta la inhibición y puedan percibir los fondos con el descuento del 20%, ya que las anteriores multas no podrán recurrirse. Calculan que, a más tardar el lunes, el balance estaría listo para presentarse.
Verdes golpeados por internas
El Partido Verde también sucumbió por conflictos políticos, que tuvieron impacto en el orden partidario. Según dispuso la DINE, los fondos que llegaban al Distrito Mendoza para este partido eran $432.978, que con el descuento del 20% por las primeras multas, se reducía a solo $281.992.
Emanuel Fugazzotto, apoderado del partido, se presentó el 2 de julio con el balance solicitado. Sin embargo, el juez determinó que “la agrupación presentó el balance 2023 sin la documentación dispuesta por la Ac. Extr. CNE N°82/2022 Anexo I de la misma”. Es decir, faltaron papeles y no se lo admitieron.
Este trámite fallido reveló que faltaban fondos propios para afrontar el pago de una contadora, a cargo, dijeron desde la fuerza política. En tanto, en la Convención Partidaria del pasado jueves se aprobó el balance completo y ahora avanzarán con un recurso para levantar la inhibición, informó el diputado provincial Mauro Giambastiani a este medio.
En ese cónclave partidario también se trataron conflictos internos. Allí resolvieron echar al concejal de Godoy Cruz, Francisco Cordón, por haber formado un interbloque con el Partido Demócrata denominado “Frente La Libertad Avanza” sin permiso. Según contó Carrasco a Los Andes, se había desafiliado hace unos días por lo que la expulsión no le afecta en nada.
Y, en lo que se refiere falta de aportes para el partido, se vieron sancionados con suspensiones el senador provincial Dugar Chappel y el concejal de Capital, Ricardo García. “Ya pagué. El Tesorero dijo que necesitaba hacer una liquidación y se fue. Por eso suspendieron. Están acostumbrados a hacer cosas que no se entienden”, se quejó Chappel en diálogo con este medio.
“En ese sentido Vadillo debería reconocer su deuda ya que nunca aportó cuando era diputado y a la vez presidente del partido. Fue una causa inventada en donde un mes sin avisar, empezaron a pagar y de esa manera nos imputaron el no pago”, agregó para echar más leña al fuego y aseguró que recién el martes le otorgaron los datos de la cuenta bancaria para realizar los aportes. Los Andes intentó comunicarse con Vadillo para hablar de la Convención Partidaria pero no tuvo respuesta.
A todo esto, el Partido Verde también arriesga una posible sanción más fuerte: si en las próximas elecciones nacionales no presenta candidaturas, como sucedió en 2023, afrontaría la caducidad de la personalidad política, según establece el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Intervenciones y caja chica
Los otros tres partidos que fueron inhibidos por la Justicia Electoral son la Coalición Cívica ARI, el Partido Fe y el Partido Intransigente. En los dos primeros casos, atraviesan intervenciones y sus dirigentes aducen que la falta de presentaciones se vio atravesada por esas situaciones.
El interventor de la Coalición Cívica es el legislador porteño Facundo Algaizo y según pudo saber este medio, vendrá a la provincia en los primeros días de septiembre para avanzar hacia la normalización. “Se están discutiendo balances de un año a otro, algo que ocurre en todos los partidos. El próximo 2 de septiembre vendrá el interventor para avanzar hacia la normalización, no se la ha quitado la personería al partido”, confió el concejal de Ciudad, Gustavo Gutiérrez.
En el caso del Partido Fe ya hubo un primer paso hacia la normalización con la designación de congresales y la fecha para la elección de autoridades será el próximo 13 de septiembre. En los dos partidos políticos intervenidos no trascendió la cifra que debería llegar desde la Nación.
Por el lado del Partido Intransigente, su presidente Daniel Galdeano, confirmó a Los Andes que eran $406 mil los que iban a recibir con el 20% de las multas imputadas (el total ascendía a $600 mil sin ese descuento).
“Es el único año en el que no hemos podido presentar el balance. El contador ha estado enfermo, con muchos problemas y no es tan sencillo dárselo a cualquier profesional”, dijo y puso en relieve que son un partido chico, con poco más de 4 mil afiliados y bajos aportantes.
“Estamos en ese trámite, queremos presentar la rendición cuanto antes. No es una cuestión de caprichos. Nosotros tenemos pocos aportes y lo que llega de la Nación, incluso no alcanza ni para pagar el propio balance, pero hay que hacerlo porque la ley lo exige”, se lamentó Galdeano.
