A menos de 10 días de la audiencia pública en la que se analizarán los estudios de impacto ambiental de los 34 proyectos de exploración minera de cobre en Malargüe, Fiscalía de Estado rechazó una serie de denuncias presentadas a mediados de julio por dirigentes ambientalistas, que habían planteado “vicios administrativos” por un lado en los proceso preliminares de exploración; y posibles problemas ambientales a futuro en todo el procedimiento del megaproyecto Malargüe Distrito Minero Occidental.
Según manifestó en un informe el director de Asuntos Ambientales del organismo de control, Mauricio Esteban Pinto, las denuncias que se plantearon en el mes de julio fueron “prematuras”, ya que se atacó a un procedimiento de impacto ambiental “en curso, en el que no se han sustanciado aun los informes técnicos y sectoriales ni han sido recepcionadas las observaciones ciudadanas que pueden surgir en la instancia de participación convocada”.
En este sentido, aclaró que de momento “no puede encuadrarse el caso en situaciones justiciables que habiliten la queja” para que Fiscalía de Estado resuelva, tal como establece el artículo 24 de la ley 5961.
Al margen, desde el organismo estatal que comanda el fiscal de Estado, Fernando Simón, se sugirió que todo el proceso de estudio de Impacto Ambiental de los 34 proyectos “se mantengan activos, a efectos de continuar su sustanciación en orden al seguimiento y contralor del procedimiento de evaluación ambiental en curso para verificar su legalidad, en particular en la resolución del mismo”.
Desde el Gobierno Provincial celebraron la medida de Fiscalía de Estado, y expresaron que dicha resolución establece que “se han cumplido cada uno de los estamentos instituidos por la normativa legal vigente; la Autoridad Ambiental Minera ha cumplido con la normativa ambiental y se encuentra en curso un procedimiento dentro del marco legal vigente”.
Y asestaron contra los planteos de los ambientalistas, al sostener que “esta es otra actitud más de personas que no quieren que se genere empleo de calidad, que no quieren que Mendoza crezca y que no quieren que se generen nuevas fuentes de empleo para los mendocinos”.
En tanto, desde el sector de organismos ambientales insistirán con las presentaciones ante Fiscalía de Estado, y agregaron que se debería “suspender” la audiencia pública del 14 de septiembre.
Las denuncias de ambientalistas
Las denuncias fueron encabezadas por Eduardo Sosa, exfuncionario provincial de Ambiente, quien sostuvo que el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental “omite cuestiones esenciales como son la descripción del proyecto a desarrollar y el ecosistema donde se realizará la actividad”; y agregío que, en su lugar “se presenta un estudio general para un área muy extensa, con una simulación de posibles combinaciones de ejecución simultánea de hasta 8 de los proyectos con respecto al total de 33 en estudio, lo que no atiende la especificidad de cada proyecto”.
Además, afirmó que esa “indefinición” impediría “la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos; y que nada impediría a los 33 proyectos a iniciar su actividad al mismo tiempo”.
También señaló que dentro del área de Malargüe Distrito Minero Occidental “existen áreas naturales protegidas que imponen la realización de un dictamen por parte del IADIZA (Laboratorio de Entomología)”; y que en caso de que los proyectos fueran aprobados y no iniciaran la actividad en término, “conforme el nuevo código de procedimiento minero la concesión pasará sin más a formar parte de los activos de la empresa Impulsa Mendoza Sostenible SA, con lo cual se provocará daño patrimonial a aquellos propietarios despojados y redundará en demandas en riesgo el fisco provincial”.
Por otro lado, aseguraron en otra denuncia que existen “irregularidades administrativas en la tramitación de un único Informe de Impacto Ambiental referido a 33 proyectos mineros en el Malargüe Distrito Minero Occidental”; y que el megaproyecto “introduce una actividad altamente erosiva y destructiva que afecta glaciares y vegas, puesteros y pueblos originarios”.
Argumentos de Fiscalía de Estado
Entre los puntos que se resolvieron por parte de Fiscalía de Estado, establecieron que a prima facie “el caso refiere a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en plena sustanciación, en el que aún no se han concretado ni informes técnicos y sectoriales, ni la audiencia pública, que el régimen legal contempla como elementos necesarios para que la autoridad de aplicación pueda resolver –sea en favor o no- sobre lo peticionado por los proponentes”.
Además, agregaron que este estadio procedimental “implica que las actuaciones objeto de la denuncia no se han definido, dependiendo en gran parte dicha definición de los contenidos que surjan de los informes y audiencias aún pendientes”, por lo que calificaron de “prematuro”.
Y aclararon: “Lo expuesto conlleva observar in limine que la denuncias en trámite resultan improcedentes, (...) en cuanto al control de legalidad preventivo que se entiende oportuno realizar en esta instancia y en oportunidades futuras”.
En este sentido, también se planteó que, según la autoridad de aplicación, “los informes de impacto ambiental en curso para cada proyecto en evaluación han cumplimentado los contenidos mínimos exigidos por el orden normativo”, y que “no existe información faltante que requerir al proponente”.
En tanto, desde Fiscalía expresaron que, respecto a observaciones referidas a que existe una irregularidad administrativa en la tramitación de un único Informe de Impacto Ambiental referido a 33 proyectos mineros en el Malargüe Distrito Minero Occidental, “la autoridad informante en los términos del art. 23 de la Ley 5961 ha identificado con detalle de Orden de trámite en el expediente la existencia de informes individuales para cada uno de los proyectos en curso”.
El descargo de Sosa y el pedido de suspensión de la audiencia pública
Por otro lado, Sosa, en diálogo con Los Andes, adelantó que este mismo jueves presentarían un recurso de reconsideración del dictamen porque, según expresó, contiene “errores de interpretación de la Fiscalía de Estado”.
“El primero es que en el derecho ambiental el énfasis siempre es preventivo y Fiscalía de Estado con este dictamen que nos dice que es prematuro . Nos está diciendo que lo presentemos una vez que el Estado cometa la violación de la norma o genere el daño ambiental y el deber de la Fiscalía es velar por el patrimonio”, enfatizó Sosa, al sostener que se están “subviertiendo” los principios del derecho ambiental.
Por otro lado, sostuvo que hay “suficientes elementos para suspender la audiencia pública, no solamente por la falta de información en tiempo y forma; sino que tiene que cumplir con el resto de las normativas”. Al respecto, acotó que “eligieron un procedimiento especial que acorta muchísimo los plazos y restringe muchísimo la participación de los ciudadanos” y agregó que la resolución 109/96 sostiene que se debe convocar audiencia pública “recién cuando estén todos los informes y dictámenes sectoriales, cosa que recién ha ocurrido hoy al cargar todos los elementos”.
También expresó que a la luz de los nuevos dictámenes técnicos e informes sectoriales “queda muy claro de que hay un asunto central que son los ambientes periglaciales. Si los proyectos mineros están sobre ambiente periglacial, directamente no se puede hacer porque la ley de glaciares lo prohíbe. Entonces lo primero que hay que hacer antes de iniciar esto, es averiguar si los proyectos mineros están en ambiente periglacial”.
Por último, Sosa advirtió a Fiscalía de Estado “que de seguir en este camino de aprobación y ratificación legislativa en contravención a un montón de normas, los funcionarios estarían cometiendo delitos de la función pública. Por esto fue que le pedimos a Fiscalía que le advierta mediante documento formal a las autoridades ambientales sobre la posibilidad de que tengan en cuenta de que si siguen en este camino habrá consecuencias judiciales”.
