En su primer día como jefe de Gabinete, Guillermo Francos aterrizó en el Senado para ponerle el cuerpo a la “ley bases” y se mostró confiado en que este miércoles, cuando se reanude el debate en comisiones, se firmará el demorado dictamen. Sin embargo, las negociaciones siguen trabadas y el oficialismo no envió ninguna señal hacia los senadores cuyo voto es decisivo, como el titular de la UCR, Martín Lousteau.
El desembarco de Francos como ministro coordinador fue bien recibido por los senadores de la oposición dialoguista, aunque el panorama no parece haber cambiado demasiado para el proyecto de ley impulsado por Javier Milei. El exministro del interior volvió a dar muestras de buena voluntad, pero La Libertad Avanza aún no logra sellar los votos que le faltan.
Francos intentó inyectar optimismo. “Hay un dictamen de comisión que se va a circular, en el que hay acuerdos aparentemente suficientes como para aprobarlo”, destacó en diálogo con la prensa tras protagonizar una reunión con la vicepresidenta Victoria Villarruel y legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales.
Sin embargo, el funcionario reconoció que “nunca es posible encontrar coincidencias totales” y que “siempre va a haber diferencias”, y sostuvo que “el Gobierno acepta hasta donde le parece que pueda aceptar, y después lo otro se debatirá y se tratará”. Lo dijo en relación a los múltiples pedidos de modificaciones de los senadores opositores: no todos serán concedidos.
Aunque en los últimos días circularon diferentes borradores de la “ley bases”, en el Senado nadie tenía la versión final del dictamen que el oficialismo quiere firmar este jueves, lo que sumaba aún más incertidumbre. Las escenas eran un calco de la primera edición del debate en la Cámara de Diputados, donde varios firmaron una hoja en blanco de un texto que tardó en ser difundido.
Lousteau, uno de los senadores más críticos de la ley, directamente no tuvo ningún intento de acercamiento, según indicaron en su entorno. El peligro para el oficialismo es que sin su firma en una de las comisiones que intervienen, la de Legislación General, no habría dictamen. Otro de los radicales con dudas, el bonaerense Maximiliano Abad, se negaba a avalar un texto que desconocía.
En paralelo, en el sector más dialoguista de la oposición el hartazgo ya era palpable. “A esta altura, más allá de que hay temas puntuales en discusión, el tema es político: hay que tomar la decisión de si van a acompañar al Gobierno o no, y punto”, dijo un senador radical que participa del ida y vuelta con el Gobierno. En el mismo sentido se expresó un integrante del PRO: “No está fácil. A esta altura, ya no son los temas de la ley los que complican, sino las especulaciones de unos y otros”.
Del encuentro en las oficinas de Villarruel participaron Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado; Ezequiel Atauche, jefe del bloque oficialista; sus pares del PRO, Luis Juez, y de la UCR, Eduardo Vischi; el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal); el correntino Carlos Espínola (Unidad Federal); y el misionero Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia). La presencia de este último, en medio del conflicto policial en su provincia, fue significativa.
Junto a Francos llegó José Rolandi, quien continuará como vicejefe de Gabinete a pesar de la salida de Nicolás Posse y es quien viene llevando adelante las negociaciones por la letra chica de la “ley bases” desde su tratamiento en Diputados. El mismo rol cumple la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, quien también estuvo en las oficinas de Villarruel.
“Se va a empezar a circular un dictamen sobre el que hay consensos. Ha habido reuniones en las que se han tomado muchos puntos que plantearon los senadores y también las distintas entidades que vinieron al Senado durante todo este mes”, afirmó el jefe de Gabinete al término de la reunión.
El debate se reanudará este miércoles en dos tandas: a las 15 se reunirán las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto para abordar la “ley bases”, mientras que a las 17 será el turno de Presupuesto con el paquete fiscal, que incluye entre otras cosas el blanqueo de capitales y la restitución del impuesto a las Ganancias.
Jueces de la Corte
A última hora del lunes, el Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, respectivamente. La primera renunció en octubre de 2021 y el segundo asumiría en lugar de Maqueda, quien cumplirá en diciembre 75 años, edad límite para ejercer la magistratura.
En la próxima sesión, que aún no tiene fecha, los pliegos tomarán estado parlamentario y quedará todo listo para comenzar el debate en la Comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri, una senadora disidente dentro del PRO que no muestra un apoyo incondicional del Gobierno y trabaja para imprimirle cambios a la “ley bases”.
Una vez que arranque la discusión, comenzará la carrera por los votos: el oficialismo tiene apenas siete senadores y necesita reunir dos tercios de los votos, un número imposible de alcanzar sin apoyo de Unión por la Patria. En el caso de Lijo, el más conflictivo, otra dificultad es que los dos cordobeses del PRO, Juez y Carmen Álvarez Rivero, no acompañarán.
Según un informe del Ministerio de Justicia, la postulación de Ariel Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones. Entre los avales figuran la Asociación Mundial de Juristas, la Cámara Nacional Electoral y el sindicato de empleados judiciales que encabeza Julio Piumato, mientras que presentaron objeciones la Coalición Cívica, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.
En el mensaje que acompaña el pliego de Lijo, el Ejecutivo destacó que “la mayoría de las opiniones a favor se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo del que se trata, su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, su labor como docente universitario y su notable formación jurídica y permanente especialización en el campo del Derecho Penal”.
No obstante, sus detractores advierten que Lijo fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno; que demoró “intencionalmente” causas por corrupción; que también está acusado de enriquecimiento ilícito; y que acumula denuncias en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y presunta comisión de delitos.
