El presidente Alberto Fernández decidirá en las próximas horas si respeta las pautas del Presupuesto 2021 en materia de subsidios energéticos o si los aumenta en términos reales en respuesta al pedido que hizo el cristinismo en clave electoral, para lo que el Gobierno nacional no tiene fondos genuinos disponibles.
El debate por las tarifas es feroz en el Frente de Todos. De un lado, el albertismo y el massismo apuestan por “subas racionales” y “segmentación de subsidios”. Del otro, el kirchnerismo duro resiste los aumentos para no erosionar el capital político de Cristina Fernández e incrementar las chances de victoria electoral este año, una receta ya usada entre 2003 y 2015.
Y estas discusiones no solo tienen incidencia en la ejecución presupuestaria de este año, sino también para la elaboración del Presupuesto 2022, proceso que ya comenzó. La subsecretaría de Programación Macroeconómica tiene tiempo hasta el 5 de mayo para elaborar las proyecciones para el período 2022-2024.
El 10 de mayo arrancará la formulación de los lineamientos generales de política presupuestaria. Y entre el 9 y el 29 de junio se elaborará y se remitirá al Congreso el Informe de Avance del Presupuesto 2022, cuyo proyecto final será enviado el 13 de septiembre. Los tiempos apremian y el desacuerdo es protagonista.
Subsidios, inequitativos y “unitarios”
En el país, el Estado nacional subsidia el costo de producción de la electricidad y el gas, vía precio mayorista. No se distinguen usuarios por zona geográfica o nivel de ingreso. Reciben el mismo proporcional un departamento en Puerto Madero, una mansión en Pinamar, una casa en Córdoba o Mendoza y una casilla en un barrio de emergencia del conurbano bonaerense.
La diferencia de valores está en los tramos de transporte y distribución. Este último depende de los subsidios que deciden pagar o no los Estados provinciales. Eso hace que por el mismo consumo, un cordobés y un mendocino paguen mucho más que un habitante del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde Nación también vuelca recursos en transporte y distribución.
Por ese último punto, el 60% de lo que el Estado nacional vuelca en subsidios al gas y el 55% de lo que va a la electricidad queda boyando en el AMBA. Si además se le sumaran el transporte de pasajeros y el interior bonaerense, seis de cada diez pesos en subsidios estatales para estos tres rubros quedan en esa zona del país donde vive el 45,4% de la población.
El Presupuesto vs. CFK
El presupuesto 2021 prevía mantener los subsidios a la energía en línea con 2020, es decir, 1,7% del PIB (equivalentes a unos 625.800 millones). Esto cuando el año pasado ya habían experimentado un fuerte incremento producto de la pandemia. Eso significa que crecerían 5%, dado que esa es la previsión de expansión para la economía.
El cristinismo exige mantener el congelamiento hasta las elecciones legislativas. Eso implicaría romper las pautas del Presupuesto y obligaría al Gobierno a endeudarse más, emitir más moneda sin respaldo o reasignar partidas de otras áreas. Y por la crisis que genera la pandemia de Covid-19 y la inflación recalentada, no hay margen para hacerlo de forma sostenible.
En el entorno del Presidente ven que si se desautoriza el Presupuesto, votado por el Congreso, habrá problemas adicionales: la oposición saldrá al ataque; será una pésima señal para la inversión; y podría complicar el tramo final de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda.
Fernández ya había comenzado el 2021 con un traspié: las 20 millones de vacunas contra el Covid-19 que prometió en diciembre no llegaron ni en plazo ni en cantidad. Ahí jugaron causas externas, que golpean a la mayoría de los países por igual pero fue un duro revés para la credibilidad del Gobierno. Y ahora, con el mismo tenor, se vive el debate por las tarifas.
Hasta ahora, sólo el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) –conducido por el cristinismo- confirmó que se descongelará las tarifas para los componentes de transporte y distribución del gas natural por red en el AMBA, con un alza de hasta el 6%. Ahora, es el secretario de Energía, Darío Martínez, quien tiene que definir si habilitará o no y en qué porcentaje un incremento para el precio del gas natural, para lo que tendrá que negociar con las empresas productoras.
Qué quiere Fernández
La estrategia que quiere desarrollar Fernández es la de poner en marcha cuanto antes un “aumento razonable”. El objetivo inicial era aplicarlo en enero, pero por esta puja con Cristina tuvo que posponerlo a mayo. Y comenzar de una vez la focalización de los subsidios: sostenerlos sobre los sectores más desprotegidos y recortarlos a los más pudientes, para destinar ese diferencial a mayor inversión social y en obra pública.
Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, repiten en cada alocución pública que tienen un compromiso con el Presupuesto que ellos escribieron. Hasta ahora, lograron que la mayoría de los sindicatos les respeten en las paritarias la pauta del 29 más un diferencial no mayor a los cinco puntos. Y quieren lograr esa misma confianza entre las empresas energéticas, comenzando a corregir precios relativos congelados hace más de un año.
Adicionalmente, Guzmán ha sostenido varias veces que para él, los subsidios masivos sin segmentación son “un gasto de baja calidad”, porque vuelca dinero (que además es escaso) en sectores que no lo necesitan. Él, Fernández y Sergio Massa, otra pieza fundamental de la coalición se inclinan entonces por un aumento de tarifas “razonable” que no signifique un parche y que a la vez esté a tono con las necesidades sociales.
Los tres creen además que mantener el congelamiento de tarifas fue una medida acertada en el contexto de la pandemia, pero están convencidos que si esto persiste el gasto público tendrá menos potencia para la recuperación y la propia redistribución del ingreso, dado que el actual esquema de subsidio es “pro-rico”.
