La discusión por los fondos de Portezuelo del Viento comenzó a crecer en el sector económico y político de Mendoza. Legisladores, intendentes, espacios políticos, organismos, empresarios y cámaras productivas han salido en los últimos días para presionar y opinar sobre qué debería hacer el Gobierno de Rodolfo Suárez con el dinero, tras el adelanto del presidente Alberto Fernández de que pedirá mayores estudios para la realización de la obra, lo que generará mayores trabas para tener la luz verde del proyecto.
En el Gobierno destacaron que, en primer lugar, esperarán prudentemente el resultado del laudo presidencial, sobre todo por la intención de conseguir una addenda para no limitar el uso de los fondos exclusivamente a obras hidroeléctricas -como establece el acuerdo de Alfredo Cornejo y Mauricio Macri -, y ampliarlas a otras “que permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad, ello sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas según contempla el Acuerdo vigente”.
No obstante, si bien admitieron que el debate “ya está sobre la mesa”, hoy todo corre de manera informal, y hacia futuro, en base a lo que resulte del laudo, abrirán canales más formales de diálogo que tengan como fin el destino no sólo de los U$S 1.023 millones, sino también a los fondos que se puedan destinar de los próximos presupuestos provinciales, más las gestiones con los organismos multilaterales.
Más allá de todo eso, aclararon que será el Poder Ejecutivo, quien deberá definir o quien tendrá la palabra final con respecto a lo que pueda resultar de un “gran debate” sobre las obras, que tendrán la meta de generar energía, eficientizar el uso del agua y potenciar el empleo y generación de riqueza.
La pelea por el dinero
Más allá del conocido pack de obras públicas con el que ha trabajado el Departamento General de Irrigación o Aysam, día a día aparecen propuestas nuevas. El lunes, por ejemplo, el peronismo sureño reactivó la “política” con la llegada de Emir Félix a San Rafael, luego de más de dos meses de haber cursado una internación por una afección pulmonar, y la subsiguiente recuperación.
Allí se convocó a una reunión intersectorial “para tratar el posible destino de los fondos originalmente pensados para construir Portezuelo del Viento”, de la cual participaron, de la política, el propio Félix, su hermano Omar; y el concejal a cargo de la intendencia, Paulo Campi, entre otros. Pero además estuvieron representantes de la Cámara de Comercio, de Turismo, la Sociedad Rural, más universidades regionales.
Lo que dejó en común dicho encuentro fue la “legitimidad de origen” que según ellos tiene San Rafael sobre dichos recursos, “luego del reclamo judicial que inició la Cámara de Comercio local, en razón de los perjuicios generados por el antiguo régimen de promoción industrial”.
También expresaron que intentarán encontrar una posición consensuada respecto a los fondos “que le corresponden a la región”.
Por otro lado, legisladores del PJ como Bartolomé Robles, Gerardo Vaquer y Rafael Moyano, presentaron un proyecto de Ley en el que piden que se cree “un plan de obras públicas prioritarias a realizar con los fondos”.
En el texto, desarrollaron que ese plan debería tener “carácter federal y de ampliación y/o mejora de la matriz productiva de Mendoza”.
Del lado empresarial, el pedido también está a la orden del día. Por ejemplo, el sábado en la Fiesta de la Ganadería, el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Jorge Noguerol, solicitó que el “famoso plan B del que tanto se habló, continúe con la política emprendida por gobiernos anteriores y vuelque los recursos en el sur mendocino, o al menos contemple la región como destino principal de las inversiones”.
“Es hora de realizar de una vez por todas el tan anhelado trasvase en la cuenca alta del Río Grande al Atuel, es la única forma de solucionar el conflicto con La Pampa por el uso de aguas del río Atuel”, acotó.
Del lado de las cámaras productivas también fueron por el mismo lado. En un documento llamado “Oportunidad para el desarrollo del agua en Mendoza”, 21 cámaras agrícolas y agroindustriales de Mendoza, pidieron que esos recursos “sean destinados a generar un plan de acción de obras hídricas para el sector y de esta manera hacer frente a la mega sequía que atraviesa la provincia”.
Además de nombrar diques como Los Blancos, Uspallata o incluso el propio trasvase del Grande al Atuel, solicitaron obras relacionadas con el uso eficiente del agua, ya sea desde la distribución hasta el riego intrafinca.
En tanto, del resto de los intendentes también se puede sumar a Roberto Righi, de Lavalle, quien sostuvo a radio Nihuil hay que “planificar las obras que aporten al desarrollo de Mendoza. Tenemos que salir de la discusión, ya se nos ha pasado mucho tiempo buscando culpables y seguir estancados. Si me preguntás, hay que hacer el trasvase para fortalecer las hectáreas cultivadas”, comentó.
No obstante, luego marcó que, por ejemplo, en la zona de Lavalle trabajaría en “impermeabilización de cauces y en la entubación de los mismos”; así como también en la construcción de reservorios de agua ubicados en lugares estratégicos de Mendoza.
Suárez abre el diálogo pero “el Gobierno decide”
Desde el Poder Ejecutivo han hecho varias declaraciones al respecto a este tema de abrir el juego a discutir qué obras productivas realizar, pero de igual manera se oficializarán reuniones formales una vez esté el laudo del presidente Fernández.
Es que, más allá que no se abandonará la discusión del Ejecutivo para levantar Portezuelo del Viento, así como tampoco el trasvase del río Grande al Atuel (principal pedido de productores sureños), ha surgido otra negociación del Gobierno, y es la de que Fernández acepte la addenda solicitada para ampliar el horizonte de obras a hacer con el dinero.
“Vamos a escuchar a todo el mundo. Sabemos que hay proyectos, un banco de obras y otras iniciativas de varios lados. Todos los aportes que se puedan hacer van a ser escuchados, porque quien gobierna tiene que hacerlo para tomar buenas decisiones”, marcaron desde Casa de Gobierno.
No obstante, acotaron que “el Gobierno luego decidirá qué obras hacer”, ya que “cada sector pedirá por lo que le conviene, pero es el Gobierno el que fue elegido por el pueblo para tomar decisiones sobre lo que se considera que es mejor para Mendoza”.
