El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, afirmó este martes que lo ocurrido con los precios en 2020 “demostró que la industria alimenticia no genera inflación” y se mostró sorprendido por la decisión del Gobierno de darle continuidad a la regulación que impone los “Precios Máximos”.
En una entrevista con este medio, el también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que el sector está siendo consultado por el Gobierno de Alberto Fernández en lo que tiene que ver con el recientemente relanzado programa Precios Cuidados, que dispone 660 precios de referencia en 2.800 bocas de expendio de 54 cadenas comerciales. Pero no así para la regulación de los Precios Máximos.
-El Gobierno anunció este martes la continuidad de la normativa que establece los Precios Máximos. ¿Cómo lo analiza la industria alimenticia?
-Nosotros desde Copal estamos de acuerdo en la política de Precios Cuidados porque son de inclusión voluntaria. Este es un plan que resulta del acuerdo entre el gobierno y las empresas para la conformación de una canasta determinada de bienes.
En cambio, la regulación de Precios Máximos fue impuesta en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia, por la secretaría de Comercio Interior. Esto implicó, en los hechos, un congelamiento de precios.
-El Gobierno estuvo autorizando subas para algunos rubros dentro de esas regulaciones. ¿Fue insuficiente?
-El año 2020 terminó con una inflación que estará cercana al 40% y la suba de precios que se autorizó estuvo entre el 4% y el 10% dentro de la regulación de Precios Máximos. Hay un fuerte desfasaje con los costos de producción.
Los costos de las materias primas e insumos han subido entre 40% y 100%, dependiendo de cada rubro dentro de la industria. El precio oficial del dólar subió en torno a 35%. Los salarios del sector ascendieron 32%. El costo de la logística escalo 35%.
-¿Cómo operó en los costos de producción el desarrollo de la pandemia adentro de las fábricas?
-El costo Covid-19 también fue alto. Esto implicó licenciamiento de personal y pago de asignaciones no remunerativas, lo que generó un sobre costo del 20% en promedio para la industria. Otra vez, es un impacto muy superior a ese 10% de alza que se autorizó entre marzo y diciembre a través de Precios Máximos. Se produce un desfasaje.
-¿Van a solicitar que se discontinúe Precios Máximos para alimentos?
-Desde julio que venimos pidiendo ajustes de precios para poder sostener la producción. También hemos pedido que el programa culminara. Las circunstancias de la emergencia inicial se fueron modificando. Hoy ya carecen de realismo porque las empresas necesitan sostenerse.
La decisión parecía haberse plasmado en la última norma, en noviembre cuando se prorrogó el plan sólo hasta el 31 de enero. Y ahora evidentemente lo que se está produciendo es un deslizamiento. No es el objetivo que tiene Copal.
Este miércoles (13 de enero) hay una reunión de Copal. Vamos a evaluar esta etapa. De la misma manera que lo hicimos antes sobre la finalización de Precios Máximos. No ha cambiado nuestra opinión.
-El Gobierno dice que no elimina el programa para evitar un salto inflacionario…
-La inflación ha sido casi del 40% en el año 2020. Y los alimentos procesados de Copal incrementaron sus precios sólo hasta un 10%. Está claro que nosotros no somos la causa de la inflación sino que estamos impactados por ella.
