La ley promovida por Rodolfo Suárez para eliminar las equiparaciones a sueldos de funcionarios y funcionarias judiciales que cobran como magistrados pero no lo son generó acciones por parte de 12 funcionarios del Poder Judicial y 9 del Ministerio Público Fiscal. A través de sus patrocinantes, presentaron dos acciones ante la Corte: una declaración de certeza y un pedido de inconstitucionalidad que llegaron a la Sala Segunda. También una medida cautelar para que sigan cobrando la totalidad de sus sueldos hasta que la Corte resuelva las dos acciones anteriores.
La respuesta se conoció ayer, tras la decisión por parte del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay de resolver el tema encomendando “el conocimiento y resolución de la presente causa, en su instancia principal y accesorias, al Tribunal en pleno”.
La defensa realizó una presentación en cada expediente y argumentó que quien ocupa el cargo de presidente de la Corte, no emite fallos, integra la Sala Tercera que es la Sala Administrativa.
“El presidente en ese período, puede emitir fallos cuando existe un plenario. Lo que entendemos nosotros es que los únicos que pueden emitir e intervenir y llevar el juicio y resolverlo, son los integrantes de cada sala. Un acto dictado por quien no tiene facultades para intervenir en un juicio, carece de efecto jurídico”, expresó el abogado Ernesto Bustelo.
Guadalupe Simone Cajal, otra de las letradas patrocinantes, agregó que “hemos pedido que se resuelvan las medidas cautelares que hemos presentado, que revisten en este caso, teniendo en cuenta que la aplicación de una ley sin la cautelar implicaría que algunas de las personas que representamos se queden sin trabajo, porque no es sólo disminución del sueldos pierde todos sus derechos. Son cargos que cuando se concursaron ya estaban equiparados”.
