El ex ministro de Justicia Germán Garavano conoce en detalle toda la historia detrás de los traslados de los tres jueces que ahora el presidente Alberto Fernández decidió anular, al considerar que asumieron sus cargos sin contar con un previo acuerdo del Senado. Para el ex funcionario del gobierno de Cambiemos, la maniobra responde a una “intencionalidad política” que atenta contra la independencia del Poder Judicial.
En una entrevista con Los Andes, Garavano criticó la remoción de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes confirmaron procesamientos contra Cristina Kirchner, y del juez Germán Castelli del tribunal que debe iniciar el juicio oral en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción, en la que también está acusada la vicepresidenta.
-¿Cuál es su opinión sobre la anulación de los traslados?
-Se trata de un avance muy fuerte sobre la Justicia, sobre la independencia y la inamovilidad de los jueces, que son garantías constitucionales muy importantes de nuestro sistema. Es claramente un hecho sin precedente. Todo lo que se hizo desde que el Consejo de la Magistratura decidió, con una mayoría muy ajustada de 7 miembros, revisar estos traslados, puso en crisis a todo el sistema de organización de nuestra Justicia. Es algo que no se había discutido nunca. Y ahora, de pronto, con una finalidad espuria, se avanza para tratar de remover a estos jueces.
-¿Usted le elevó una consulta a la Corte sobre los traslados y el caso puntual de Bruglia?
-Efectivamente. Se registraron más de 60 de estos traslados, algunos dentro de los mismos tipos de tribunales, pero más de 30 referidos a otros. Hasta ese momento no hubo ningún tipo de conflicto. Solamente los conflictos se habían dado en aquellos casos en los que querían trasladar a un juez que no quería dejar el cargo, como sucede ahora. En la acordada 4, la Corte sigue una distinción entre la Justicia nacional y la federal para no aplicar una ley que se había dictado y que transformaba los tribunales orales criminales en tribunales orales federales. La Corte paralizó de algún modo la puesta en marcha de esa ley y estableció que un juez nacional, para ser juez federal, por más de contar con acuerdo del Senado y la aprobación del Consejo de la Magistratura, debía pasar nuevamente por el Senado o debían hacerse nuevos concursos, aunque en esa acordada no queda muy claro eso. A raíz de eso, yo en ese momento tenía que resolver como ministro de Justicia específicamente la situación de Bruglia, que había pedido su traspaso y que ya tenía la aprobación del Consejo de la Magistratura. Solo faltaba la homologación del Poder Ejecutivo.
-¿Y qué le respondió la Corte?
-Se emite la acordada 7 donde se establece claramente que sólo requiere nueva intervención del Senado y, eventualmente, un nuevo concurso el paso de un juez nacional a federal, pero no entre tribunales federales. A partir de esa acordada, se enviaron algunos casos al Senado, como el (Carlos) de Mahiques para Casación y de (Ricardo) Basílico para un tribunal oral, porque los dos provenían de la Justicia nacional. Es decir, seguimos el criterio que nos fijó la Corte sin ningún inconveniente. Esta revisión que se hace ahora claramente afecta el orden jurídico y afecta la independencia y la inamovilidad de los jueces.
-¿Por qué entonces hubo lugar para otras interpretaciones sobre esas acordadas?
-Porque hubo una decisión política, arbitraria. Incluso se hace referencia a la acordada 4 pero no a la 7. ¿Por qué se verifican estos últimos diez (traslados de jueces que pidió revisar el oficialismo) y no los más de 60 que hay? Claramente hay una intencionalidad política de apartar a algunos jueces que, por distintas razones, resultan incómodos para el poder.
-¿Qué puede suceder con los cargos y las causas?
-En principio, esto paraliza toda la situación de la Cámara Federal y del tribunal oral respectivo. Por lo pronto, lo que se produce es una dilación, una demora de todos los procesos que tienen a cargo. Después genera una situación de mucha incertidumbre y habilita que muchos abogados de distintas personas procesadas puedan pedir la nulidad o la revisión de esas decisiones. Estamos frente a un nivel de inseguridad jurídica o imprevisibilidad que realmente genera un escándalo jurídico, que altera las bases del sistema de Justicia. Por eso entiendo que la Corte debería intervenir para generar previsibilidad y dar certeza en un tema tan delicado. La imagen de la Justicia está lejos de ser la mejor, es muy criticada y hay que realizar muchas reformas, y si a eso se le agrega esta situación de vulnerabilidad, de falta de independencia, de demora o de que se caigan procesos de corrupción y narcotráfico, creo que la situación de la Justicia va a ser cada vez peor.
-¿No es inusual entonces que la Corte no actúe de manera urgente?
-Entiendo que amerita una rápida intervención de la Corte. La Corte no suele intervenir rápidamente en ningún tema. Obviamente es el tribunal de máxima instancia y tiene tanto dificultades como otros plazos. Pero sí esto genera una situación de conmoción dentro del sistema de Justicia que invita a la Corte a que opine. Lo que resulta muy complejo es el silencio de la Corte frente a esta situación.
-Queda la idea de que a los jueces se los remueve por su alineamiento político.
-Lo que tenemos es un avance inusual de la política sobre la Justicia, en donde se pretende comparar, o poner en un mismo nivel, o explicar casos de corrupción, que vimos por televisión las pruebas, que los propios autores confesaron esos hechos de corrupción y demás, con presuntas posiciones políticas. Creo que no se había visto nunca esto de un modo tan descarado y abierto. A lo mejor, habría que remontarse a la época de Carlos Menem en términos de impunidad, pero no en búsqueda de ataques tan directos a los jueces, a la prensa independiente y a la oposición. Menem buscaba más impunidad que el ataque. Acá vemos una versión mucho más fuerte que la del 2013 a 2015 de un ataque directo sobre Justicia, prensa independiente y oposición.
