El gobierno argentino dejó de lado su intención de expropiar la agroexportadora Vicentin, en cese de pagos, y avanzará con la intervención judicial a la cerealera, afirmó este viernes el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
“Hemos pedido la intervención para tener la administración de la empresa Vicentin y dejar de lado la expropiación”, explicó Perotti tras reunirse con el presidente Alberto Fernández quien “acompañó esta presentación”, dijo.
La iniciativa fue presentada este viernes luego de que el juez que lleva adelante el concurso de acreedores limitara las decisiones de los interventores nombrados por el Estado y repusiera al frente de las decisiones al directorio de la empresa.
En su escrito, el gobierno de Santa Fe, provincia sede de Vicentin, alegó que “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducirla” y pidió reponer a los interventores. La cuarta agroexportadora del país sudamericano tiene deudas por unos 1.300 millones de dólares principalmente con productores agrícolas.
También le debe unos 255 millones de dólares al Banco Nación, el mayor banco estatal de Argentina, por créditos otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que están bajo investigación judicial por sospecha de maniobras fraudulentas “para perjudicar al Estado”, según el fiscal de la causa.
La cerealera fue una de las principales aportantes a la campaña en la que Macri buscó la reelección el año pasado.
El presidente centroizquierdista Fernández había dicho que impulsaría la expropiación por medio de una ley a debatirse en el Congreso, pero se había mostrado dispuesto a encontrar alternativas siempre que excluyeran la entrada del Estado como socio.
“El Presidente había dicho que si había propuestas superadoras a la intervención, las iba a tomar”, recordó Perotti.
“Quiere el rescate. Somos entusiastas de que esto se puede dar dentro del concurso” de acreedores, dijo. La justicia debe resolver si acepta la propuesta del gobierno santafecino.
La exportadora de aceite y granos se declaró en cese de pagos en diciembre y pidió la convocatoria a acreedores en febrero pasado. El anuncio del proyecto de expropiación del gobierno había sumado rechazos entre empresarios y otros agroexportadores, en cambio había sido recibido con alivio y cautela por las cooperativas de productores, principales acreedores de Vicentín.
