Luego de 28 años, Mendoza recuperó en 2020 el 15% de coparticipación que le descontaba el Gobierno nacional año a año para fondear la Anses. Así se terminó de cerrar un capítulo negativo a nivel provincial, en el que se perdieron recursos multimillonarios por un juicio que no se hizo contra la Nación. Y con este dinero, en las arcas locales se rompió el equilibrio pre pandemia que había entre los recursos de origen nacional y los provinciales, que ahora representan un porcentaje menor.
En una historia de idas y vueltas respecto al financiamiento de las obligaciones previsionales nacionales, desde los ’90 hubo pactos fiscales en los cuales Mendoza cedió esos recursos con su permiso. No obstante, a partir del 2010, sin la autorización local, la Nación siguió descontando el dinero injustamente.
Se estima que la Provincia se perdió de recuperar en la última década alrededor de U$S 1.200 millones por no hacerle juicio a la Nación por estas retenciones mal hechas.
Si bien en 2012 el radicalismo intentó promover dicha demanda, el peronismo (gobernaba Francisco Pérez) lo impidió para no enfrentarse con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (ver aparte). A fines del 2015 se comprobó que Mendoza habría ganado ese juicio, valuado en unos U$S 1.000 millones, ya que otras provincias que sí demandaron obtuvieron su compensación.
Alfredo Cornejo, tras asumir el Gobierno, impulsó esa demanda contra la Nación en 2016, aunque terminaría renunciando a ella en 2017 con la firma del Consenso Fiscal (sin apoyo del PJ), que incluyó el cobró de un retroactivo menor al que hubiera sido con el oportuno juicio.
Ese acuerdo con Mauricio Macri implicó una devolución progresiva del 15% de la coparticipación en cinco años: para el primero, del 3% de devolución efectiva y 6% en préstamos, con una tasa entre 12% y 15% anual; para el segundo año (2017), del 6% de devolución y 3% de préstamo; para el tercero (2018) fue 9% y 3%, respectivamente; y para el cuarto (2019), 12% y 3%. Finalmente, en 2020 (quinto año) Mendoza empezó a recibir el 15% de la devolución en efectivo.
El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri (quien participó de aquel acuerdo con Macri como funcionario de Cornejo), explicó a Los Andes que en diciembre pasado se terminó de cobrar el 15% efectivo, que representó un ingreso de $ 12.463 millones adicional sobre $ 73.066 millones de la coparticipación total. Para Nieri, al no haberse iniciado el juicio a tiempo, Mendoza no pudo cobrar la totalidad de la coparticipación y obligó a llegar a acuerdos con la gestión macrista.
Sumando los porcentajes diferenciales de recursos que no se obtuvieron entre 2015 y 2020, calculó que Mendoza no recibió unos $ 21.000 millones. Al dólar de diciembre pasado, este monto representaría unos U$S 240 millones.
Más recursos de origen nacional
Lo cierto es que en la torta de recursos que maneja Mendoza, en los últimos años ha ido perdiendo incidencia el dinero de origen provincial, como Ingresos Brutos, Sellos y los impuestos Inmobiliario y Automotor, entre otros; y ganando terreno los fondos nacionales que provienen del IVA, el impuesto a las Ganancias, Bienes personales, etcétera.
Según el Presupuesto 2021, Mendoza tendrá recursos en un 58% de origen nacional; mientras que el 42% restante serán provinciales. Esa mayor proporción nacional ya se había marcado en 2020, con un 57% de recursos nacionales; mientras que en 2019, antes de la pandemia, el esquema había sido casi mitad y mitad respecto al origen de ambos recursos.
Según explicó Nieri, esto responde precisamente al aumento progresivo del 15% que iba a la Anses que recibió Mendoza, lo que promovió esta diferencia a favor de los recursos de la coparticipación nacional.
El ministro destacó además que la Nación “ha aumentado la presión impositiva”, lo que ha hecho crecer los recursos coparticipables; mientras que Mendoza en los últimos años “ha ido lentamente a la baja”, sobre todo en Ingresos Brutos (que representan un 80% de la recaudación provincial), y “más este año con la reducción de alícuotas a más de 50 actividades que peor la pasaron en la pandemia por las restricciones de la cuarentena”.
Desde el peronismo la visión que tienen es otra. Para el contador y asesor técnico del PJ Nicolás Aroma, la dinámica negativa de los recursos provinciales “se vio profundizada por la pandemia”. Y expresó que el “Pacto Fiscal firmado durante la gestión Cornejo en 2017 hizo perder de a poco la autonomía financiera provincial”.
Además, señaló que la actividad económica en caída “hace también que se pierdan recursos y eso impacta más en los impuestos provinciales que en los nacionales”.
Para Aroma, Mendoza “debe dar el paso de dar vuelta el paradigma de la austeridad” e inyectar recursos y financiamiento para apuntalar la actividad económica. “Con la recuperación, se verá el impacto en más recursos”, cerró.
Historia de un perjuicio
La quita de fondos que le correspondían a Mendoza por la coparticipación tiene una historia de varios años. Comenzó en 1992, cuando se dio la creación del sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Ese año se firmó el llamado Pacto Fiscal, en el que las provincias acordaron dotar de financiamiento a la Anses, resignando un 15% de la masa coparticipable que les correspondía, porque los aportes previsionales ya no irían a la caja estatal y los haberes de los entonces jubilados no tenían cobertura.
Este acuerdo con la Nación se mantuvo con prórrogas hasta el 2006, pero la Nación (en ese momento gobernaba Néstor Kirchner), no dio marcha atrás y siguió reasignando sin autorizaciones las partidas de las provincias a la Anses.
Cabe destacar que solamente Santa Fe, Córdoba y San Luis decidieron realizar un juicio a la Nación en 2011 por todo el monto en el que año a año se incumplía el envío de recursos que les correspondía a las jurisdicciones. En noviembre del 2015 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de que se deje de quitar el dinero a esas tres provincias cuando Cristina Fernández de Kirchner se retiraba del poder y asumía Mauricio Macri.
Las sumas para las tres provincias fueron multimillonarias. Para Córdoba y Santa Fe rondó los $40.000 millones, que con un dólar a $9,60 se calcula a un poco más de U$S 4.000 millones; mientras que San Luis debería recibir unos U$S 1.041 millones.
El caso de Mendoza fue una situación algo diferente, ya que desde el 2006 hasta el 2010, la Legislatura autorizó a la Nación a retener el 15% de masa coparticipable para fondear la Anses. Pero luego se siguió deduciendo el dinero, sin la autorización legislativa.
Con ese antecedente, el radicalismo impulsó en 2012, a través del senador Juan Carlos Jaliff, un proyecto para que el gobernador, Francisco Pérez, siguiera los pasos de las otras provincias y también demande a la Nación. No obstante, en una sesión caliente del 4 de septiembre de ese año, el entonces vicegobernador, Carlos Ciurca, desempató en contra de iniciarle juicio al gobierno nacional que conducía Cristina Fernández, y Mendoza perdió la posibilidad de ganar un juicio.
“El costo de esa fidelidad a Cristina Fernández en lugar de la obligación de representar a Mendoza fue altísimo”, marcó Nieri.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado hace 6 años, lo que no recuperó Mendoza desde el 2010 hasta el 2015 fueron unos U$S 1.000 millones, que los podría haber recuperado si hacía el juicio. Ese dinero es el equivalente de lo que cuesta levantar Portezuelo del Viento.
