La Fiscalía de Estado apura unos 497 juicios en los que busca cobrar multas y cargos que el Tribunal de Cuentas impuso a funcionarios y empleados sancionados por irregularidades contables en las reparticiones donde estaban trabajando.
Desde que Fernando Simón está al frente de la Fiscalía de Estado, mediados de 2015, se han cancelado 329 juicios. Número que se traduce en una recaudación de $1.582.016, de los cuales $788.439 es el monto nominal de la acreencia fijada por el Tribunal de Cuentas y el resto corresponde a los intereses por mora.
El trabajo de la Fiscalía de Estado se ha aceitado con el correr de los años, porque en 2015 solo se cancelaron 27 juicios, y en los cuatro años siguientes se cancelaron unos 75 litigios en promedio por año.
Actualmente, por estas causas hay 110 vehículos y 24 inmuebles embargados. Además hay 359 deudores que han sido inhibidos y 18 que están en proceso.
Es difícil identificar cada caso con nombre y apellido porque algunos datan de hace varios años pero algunos quedaron en la memoria de los asesores por el monto de las multas, como el caso de tres los ex funcionarios acusados de estafar a la Unidad de Financiamiento Internacional con una triangulación de cheques. Esa causa empezó en 2011 y en 2016 consiguió condena firme, el total de la multa entre los tres condenados llegó fue de 2.5 millones de pesos (Marcelo Martorell $987.693, María Rubio $898.195 y Federico Acuña $694.715).
“Hay mucha casuística en los juicios por apremio, es decir, cada caso tiene sus particularidades”, explicó el Director de Coordinación de la Fiscalía de Estado, Luciano García Bistué.
Las demoras
Al momento de cobrar las multas y cargos, la Fiscalía de Estado se encuentra con una serie de piedras en el camino que suelen dilatar los tiempos. García Bistué comentó que en la mayoría de los casos la Fiscalía tramita el apremio pero los demandados recurren a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza mediante una acción procesales administrativa para cuestionar el fallo del Tribunal de Cuentas en el que se establece la sanción económica. “Cuando la otra parte presenta esta impugnación a la Corte, nosotros tenemos que suspender el apremio hasta que la Corte resuelva. Porque si la Corte resuelve revocar el fallo de Tribunal de Cuentas, el apremio se cae”, aclaró el abogado.
Otra de las situaciones repetidas es que se llega a la sentencia, pero el demandado no tiene bienes embargables. En eso casos se hace una inhibición general. “Si en alguna situación la persona adquiere un bien y después lo quiere transferir, en ese momento va a tener que pagar”, indicó García Bistué.
Además, quedaron 57 juicios con mandamiento que son previos a la reforma del Código Procesal Civil. “Antes se metía la demanda de apremio y se notificaba con el mandamiento. Entonces venían y hacían un plan de pagos, se suspendía el juicio y se cancelaba antes de llegar a la sentencia. Pero muchas no se encontraba a la persona en el domicilio y ahí se suspende el juicio hasta que se puede notificar a la persona”, aclaró.
El control de legalidad en la gestión
El Tribunal de Cuentas es el encargado de controlar la actividad financiera patrimonial de la provincia y de los municipios para asegurar su transparencia y prevenir actos de corrupción. Sin embargo, su función se limita a realizar un control de legalidad sobre los ejercicios cerrados de todos los organismos. Si encuentra incumplimientos o irregularidades multa a los funcionarios y empleados responsables.
Si los sancionados por el Tribunal de Cuentas no pagan las multas, las mismas son remitidas a la Fiscalía de Estado para que gestione su cobro a través de una juicio por apremio, o si el funcionario está todavía trabajando para el Estado se le haga un descuento de hasta el 20% en el bono de sueldo.
En los juicios por apremio, se le cobra a los responsables el importe del cargo declarado o de la multa dispuesta por el Tribunal, más los intereses y las costas de cobranza.
Cuando el Tribunal de Cuentas tiene indicios de que se han cometido delitos, realiza las denuncias ante la Fiscalía de Estado para que se haga la denuncia penal correspondiente.
