La usurpación de tierras se convirtió en uno de los fenómenos sociales y políticos de 2020. Y al que Mendoza no permanece ajeno, aunque las tomas aquí están lejos de generar el ruido que hicieron la de Guernica (Buenos Aires) y la del campo de los Etchevehere (Entre Ríos). De acuerdo a datos del ministerio de Seguridad, en la provincia hubo 14 intentos de ocupación en terrenos privados o estatales.
Si bien ninguno llegó a concretarse (se desactivaron rápido), en gobierno de Rodolfo Suárez hay preocupación ante la falta de “directivas” nacionales. No identifican liderazgos partidarios en los intentos de tomas, aunque no descartan que los haya. Desde la oposición peronista, en tanto, se han manifestado en contra de las usurpaciones y se deslinda de cualquier tipo de vinculación con estos hechos.
“Si no hay una directiva por parte del Gobierno nacional sobre este tema, por supuesto que vamos a tener problemas en muchos lugares. Acá en Mendoza no hay discusión, la propiedad privada la respetamos y la vamos a hacer valer”, indicó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, a Los Andes.
La mitad de los intentos de toma fueron en el Gran Mendoza: tres en Guaymallén, dos en Las Heras, uno en Luján y el restante en Maipú. En San Carlos hubo dos, primero en terrenos de Irrigación y casi paralelamente otro en el predio del Ferrocarril en La Consulta. El Sur se anota con cinco, de los cuales uno fue en Malargüe, otro en San Rafael y los tres restantes en General Alvear.
Majul apunta a los grises nacionales y por ende a María Eugenia Bielsa, sindicada como la gran ausente en un tema delicado y para el cual el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce debería haber intervenido. “No emitió ninguna opinión sobre el tema y vemos que hay un denominador (en los intentos de toma) en donde dicen lo mismo: ‘tierra que está abandonada, tierra que puede tomarse’”, expresó el funcionario provincial.
Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia, adhirió a estos dichos: “Nosotros en Mendoza tenemos una respuesta institucional contundente con respecto a las tomas y a las usurpaciones. El que ose hacerlo, va a ser imputado”.
A la hora de hablar del trasfondo político, ambos coincidieron en que no hay caras ni vínculos partidarios identificados, como sucede a nivel nacional con Juan Grabois. “Acá en Mendoza no hay, pero no descartamos que aparezca algún líder político que, en función de la necesidad real de mucha gente, pueda usar políticamente esto”, indicó Majul.
“Hoy no vislumbramos eso en la provincia pero sí vemos que son activistas, que conocen cómo activar, por lo cual en cualquier momento puedan salir con una bandera”, avisó.
En el PJ se despegan
Con la figura de Grabois bien visible en medio de las usurpaciones en Buenos Aires y Entre Ríos, las miradas apuntaron a sus posibles alfiles en Mendoza, vinculados al peronismo. Y ante la mínima duda fue Anabel Fernández Sagasti quien aseveró, en declaraciones a Radio Nihuil, que “en Mendoza no va a suceder un apoyo estatal a las usurpaciones, el Gobernador no lo va a permitir, y nosotros tampoco”.
“En el peronismo vamos a trabajar para que eso no suceda. Cuenta con nuestro apoyo y el de los intendentes”, indicó la senadora nacional y principal referente de la oposición a Suárez.
A sus dichos suscriben varios en el PJ y hasta se animan a agregar que “si hay alguien que va a evitar que esto suceda es justamente el peronismo”.
Los motivos que deslizan son varios, pero el principal tiene que ver con evitar quedar entrampados en hechos cuyo costo político es muy alto, de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Más aún en una provincia muy reacia a este tipo de actitudes. “Parece que alguien les dijo que no se dejaran identificar y que se tranquilizaran, porque el año que viene había elecciones”, chicaneó un dirigente del oficialismo mendocino.
Los intendentes están alerta, pero la tensión bajó
Guaymallén fue la primera comuna que registró intentos de tomas, en setiembre: dos en lotes entre el Barrio Lihue y Capilla de Nieve, y otro en lotes del Barrio Suyay. Rápidamente se conformó el grupo “anti tomas” con los fiscales Darío Tagua y Fernando Giunta a la cabeza, respaldados por funcionarios del Ministerio de Gobierno, de Desarrollo Social, de Seguridad, la Policía y los municipios.
En aquel momento, el intendente Marcelino Iglesias hablo de “cobertura ideológica” y culpó al kirchnerismo. Ahora, con varias semanas transcurridas, le aseguró a Los Andes que si bien siguen “en alerta constante”, las tensiones parecen haberse aplacado.
“En los intentos posteriores, que desactivamos casi antes de que se concretaran, no puedo decir que haya alguien instigado, no se ven caras conocidas del peronismo. Uno habla con los vecinos, te cuentan. Nosotros actuamos con mucha firmeza y vieron que el horno no estaba para bollos”, expresó. Otro que no la pasó bien fue Rolando Scanio, el intendente de San Carlos, con dos intentos casi al mismo tiempo y en terrenos fiscales. “Fueron los dos hechos que tuvimos con algunas familias, pero trabajamos rápidamente y no se llegaron a instalar”, expresó.
Al igual que Iglesias, no identificó nombres o banderas partidarias: “no puedo afirmarlo porque no me consta, realmente no hay ningún elemento que me demuestre algún vínculo entre quienes intentaron usurpar y alguna agrupación política o social”.
El intendente peronista Matías Stevanato, quien tuvo un hecho en Rodeo del Medio, se mostró en línea con Fernández Sagasti: “En la gestión de Maipú no coincidimos con las tomas de tierras y las usurpaciones. Creemos que respetar la propiedad privada es fundamental para un desarrollo económico armónico y que fomente la creación de empleo”.
