Los interrogantes y pedidos de documentación de la oposición dilatan, al menos por ahora, el tratamiento del proyecto para que la Provincia venda sus acciones en la empresa siderúrgica Impsa.
La iniciativa ya fue presentada y defendida por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí tiene prioridad para su tratamiento, pero dicha comisión no se reunió el último martes debido a que, un día antes, sus integrantes realizaron una serie de consultas adicionales para que Fayad las responda por escrito.
“Las preguntas llegaron este lunes. El ministro (Fayad) se comprometió a responder y el martes que viene tiene que llegar el informe”, indicó en este sentido el presidente de la comisión de Hacienda, el diputado radical Jorge López.
A comienzos de julio, el gobernador Alfredo Cornejo anunció junto a Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; la intención de privatizar Impsa para que sea “capitalizada”.
Casi al mismo tiempo se supo que Industrias Metalúrgicas Pescarmona ya tiene un posible comprador. Se trata de la compañía estadounidense ARC Energy, que actúa junto al Fondo de Inversión Americano IAF; y ha presentado una carta de intención para quedarse con la empresa.
Actualmente se está desarrollando un proceso de auditoría llamado due dilligence, que finalizará el 15 de setiembre. Luego la firma realizaría una oferta, aunque no se descarta que surjan competidores. Debido a la ley de iniciativa privada, ARC Energy-IAF tiene prioridad en la compra y podrá mejorar su oferta hasta igualar la de su competidor, en caso de que aparezca uno que ofrezca mejores condiciones.
En ese marco el Gobierno provincial mandó el proyecto para autorizar un giro de 180 grados respecto de lo ocurrido en 2021, cuando Impsa fue estatizada. Y aparecieron consultas y hasta algunos reparos de la oposición.
López advirtió en este sentido que la confidencialidad del periodo de auditoría puede ser un obstáculo para que se conozcan más datos. Las consultas van desde la deuda de la firma hasta su planta de personal actual, pasando por los contratos que tiene y las características de la empresa interesada en adquirirla, entre otras cosas. “Fayad dijo que había información que no tenía pero que la iba a solicitar”, indicó el legislador radical.
El diputado de la UCR agregó que también se ha preguntado desde la comisión si ingresará dinero a la Provincia por esta operación. Y aclaró: “si ingresa dinero, mejor, pero tenemos que bregar por la mejor propuesta para que la empresa siga funcionando”.
“Lo que tiene que ver con el procedimiento se contestó; en cuanto a la información de la empresa, el ministro se comprometió en pasar el informe a la comisión”, completó López.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo no apura la sanción del proyecto y tampoco lo ha “pedido”. O sea, no hay presión para que salga cuanto antes.
En este contexto, una parte de la oposición parece proclive a votar a favor de la venta. “Si se evacúan las dudas, no tendríamos problemas en acompañar”, afirmó Laura Balsells Miró, de La Unión Mendocina (LUM).
Desde ese mismo espacio, Jorge Difonso, se muestra un poco más distante. Sostuvo que Fayad se había comprometido a enviar documentación “pero no se hizo la reunión, porque la pararon ellos”. “Queremos saber cuánto se pagó por entrar y cuánto van a recibir por la venta”, ha dicho también el sancarlino.
En el peronismo hay algunas posturas definidas, pero habrá que ver qué posición se impone en el conjunto. El kirchnerismo es el que se ha expresado con claridad en contra. Esta fuerza culpa directamente al Gobierno nacional por la deuda de la empresa (unos 2,5 millones de dólares por mes, según ha trascendido), ya que “cortó todos los trabajos”; y dice que a la empresa la quieren “regalar”.
ACCIONES
El Estado provincial tiene 21,2% de las acciones “Clase C” de la empresa. El Estado nacional, por su lado, acumula 63,7% de esas acciones mientras que el 15,1% restante está en manos de privados.
La Provincia intervino en 2021 en la capitalización de Impsa con una inversión de 5 millones de dólares, los cuales, no obstante, asegura que fueron cedidos por la Nación en carácter de ATN. “No pusimos plata”, afirman. Por impulso de Alberto Fernández, el Estado nacional, en tanto, puso 15 millones de dólares en la operación que buscaba evitar la quiebra de Impsa.
“Ahora el Estado nacional (bajo el gobierno de Javier Milei) se quiere deshacer de la empresa y nosotros también”, dicen en el gobierno de Alfredo Cornejo, que deposita la mayor responsabilidad de la venta en los accionistas mayoritarios, porque la Provincia “es minoría” y “no tiene injerencia”.
La iniciativa dice textualmente que se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los actos necesarios a fin de “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. de titularidad de la provincia de Mendoza”.
“Se habla de transferencia justamente porque la prioridad es capitalizar a la empresa y no recibir en nuestro carácter de accionista un precio por la venta de las acciones, más aún considerando que la Provincia se hizo de esas acciones con un aporte de Nación, con lo cual la Provincia no ha realizado uso de fondos provinciales para la compra”, aclaró el ministro Fayad cuando defendió el proyecto en la Legislatura.
