La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a la autorización legislativa para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en la transferencia de acciones que posee de la empresa Impsa, que fue capitalizada en 2020 por parte de la Nación y la Provincia, en momentos en los que la empresa estaba al borde de la quiebra.
La votación resultó con 27 votos afirmativos, que correspondieron a todo el oficialismo y algunos votos de la oposición; y 17 negativos, correspondientes al Partido Justicialista, La Unión Mendocina y el Partido Verde. Además hubo 4 ausencias.
De esta forma, ahora será la Cámara de Senadores la que busque dar la autorización completa que necesita el Ejecutivo para avanzar en el proceso de desprendimiento de acciones de la empresa metalmecánica.
Desde el frente Cambia Mendoza, Guillermo Mosso, defendió la estrategia del gobierno de Alfredo Cornejo al expresar que la capitalización de Impsa en 2020 fue una decisión “transitoria” y que es necesario que “vuelva a los cauces normales, porque el Estado no es empresario, no conoce de estrategia empresaria, el Estado no conoce de dinámica tecnológica de lo que ocurre en los mercados”.
“En sectores tan importantes como el energético y tecnológico, El Ejecutivo no tiene el músculo que necesita para enfrentarlo, ni corresponde que lo haga. Esta solución es la adecuada”, añadió.
Desde el PJ, la diputada Verónica Valverde justificó el voto negativo de su espacio al quejarse que el Gobierno ha dado “poca información” de la empresa.
“No sabemos si es venta, si es cesión, si es regalo. No nos han dicho de cuánto es el valor de cada acción”, expresó; y agregó que “tomar una decisión de estas características es difícil”. Y agregó: “No depende de si es pública o privada, sino en qué condiciones nosotros cedemos o transferimos los recursos recursos que son de todos los mendocinos”.
Por otro lado, desde La Unión Mendocina, Jorge Difonso también expresó votarían en contra y, en línea con el PJ, señaló que quedan “muchos interrogantes de Impsa, como por ejemplo la gestión de los directores por Mendoza de Impsa. No rindieron cuentas de nada y nos quedan dudas de lo que hicieron”.
“Nuestra posición siempre fue la de sumar en el tema. Tanto con la capitalización como la de la salida. Tenemos que buscar la mejor solución para los mendocinos y por eso planteamos otro proyecto alternativo”, señaló.
En este sentido, sostuvo que el artículo que agregaban en ese despacho alternativo que Mendoza “no puede salir de la empresa sin recuperar por lo menos el activo que colocó, que fueron U$S 5 millones”.
Desde La Libertad Avanza, Gustavo Cairo apoyó la postura del Poder Ejecutivo y señaló que, en su momento “era importante el salvataje; y ahora corresponde que Impsa vuelva a ser uina empresa privada y no depender de un contrato estatal para ver si equilibra las cuentas y paga los sueldos. Debe volver a su esencia para ‘jugar’ en las grandes ligas”.
Proceso de desprendimiento de acciones
Mendoza tiene el 21,2% de acciones, que las consiguió luego de recibir un Aporte No Reembolsable (ANR) de parte de Nación por U$S 5 millones para la compra de las mismas. En tanto, la Nación, que avanzará junto a Mendoza en la privatización, posee el 63,7% de las acciones. El porcentaje restante se distribuye de la siguiente manera: el fideicomiso de acreedores posee el 9,8% de las acciones; y la familia Pescarmona se quedó con el 5,3% restante.
Fue el pasado 4 de julio tanto la Provincia como la Nación acordaron la venta de las acciones que tienen en Impsa. De hecho, se transparentó todo este proceso en una conferencia de prensa en la que Cornejo junto al secretario de Industria de la Nación, Juan Pazo.
“A pesar de las distintas inyecciones de capital, por vía directa o indirecta, el Estado desde 2021 ha puesto más de 60 millones de dólares”, puntualizó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Impsa actualmente enfrenta deudas por U$S 500 millones y una pérdida mensual estimada en más de U$S 2,5 millones.
En 2020, Impsa había informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que había logrado reestructurar su deuda de US$560 millones, difiriendo el pago de intereses de sus obligaciones para 2025 y el del capital, a partir de 2028, con vencimientos anuales sucesivos hasta 2036.
Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, señaló en su momento que “Mendoza, ha sido consultada y la estrategia ha sido en forma conjunta. Estamos trabajando en forma muy profesional para que esta empresa vuelva a ser lo que es, una empresa privada y exitosa, como lo fue en su tiempo, pero que ha entrado en un declive”.
Según manifestaron, el objetivo de la provincia en su rol de accionista “es tratar de conseguir una contraparte que presente el mejor plan de negocio y la mayor magnitud de capitalización de Impsa”.
El rescate de Impsa
Tal como informó este diario en la edición del 3 de julio de este año, si bien la empresa, que fuera nave insignia de Mendoza, fue “rescatada” tanto por el Estado Nacional como por el provincial en 2020, tras problemas económicos que arrastraba desde años atrás.
Entre 2010 y 2014, la compañía enfrentó un acontecimiento crucial, ya que durante ese período la empresa no logró cobrar importantes sumas de dinero por proyectos energéticos llevados a cabo en Brasil y Venezuela. Además, atravesó un largo periodo sin proyectos de gran magnitud.
La crisis para Impsa llegó con el colapso de su subsidiaria en Brasil, Wind Power Energy (WPE), la cual acumuló una deuda total de 850 millones de dólares, sumándose a los 250 millones de dólares que ya tenía la empresa. Este impacto fue tan severo que Impsa no pudo hacer frente a sus obligaciones y se vio obligada a iniciar un proceso de reestructuración en 2014. Después de varios años de negociaciones, se llegó a un acuerdo para transferir el 65% de las acciones de Impsa a bonistas, bancos y organismos internacionales. Este proceso fue aprobado en octubre de 2017 y finalmente se concretó el 25 de abril de 2018.
En noviembre de 2020, Impsa realizó una reestructuración de su deuda en la cual se acordó con los acreedores cancelar los pasivos con un período de gracia hasta 2025. Además, se logró una reducción significativa de los intereses al 1,5% y los pagos de capital comenzarán en 2028. En la actualidad, registra pasivos por 100 millones de dólares pero referentes del sector aseguran que las deudas de la empresa se han ido recortando desde el aporte de capital que se hizo desde el Estado y que ha mantenido y recuperado contratos de energía renovable.
