El ex gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito en una causa donde se lo investiga por la compra de un departamento en las Torres Agustinas mientras era funcionario. La denuncia en su contra fue presentada en 2016 por legisladores de la UCR que indicaban que el último mandatario peronista de la provincia y su esposa, Celina Sánchez, no podían justificar la adquisición de costosos bienes con los sueldos que percibía en la función pública.
Fuentes con acceso a la causa señalaron a Los Andes que la misma se encuentra por el momento bajo secreto de sumario, ya que Pérez todavía no ha sido indagado, pero confirmaron que el ex gobernador fue imputado por el fiscal de instrucción Santiago Garay, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos.
Precisaron que durante la investigación se han llevado adelante tres pericias contables y que el resultado de la tercera se conoció recientemente y habría determinado que los ingresos de la familia no permitían la adquisición en 2013 del costoso inmueble ubicado en el barrio Bombal Sur, de Godoy Cruz.
La primera pericia realizada arrojó que a partir de los ingresos del ex Jefe de Estado provincial y la ex primera dama no se podía justificar la adquisición del departamento. No obstante, luego se hizo una segunda pericia que determinaba lo contrario. Por esta razón se encargó un tercer estudio contable que ratificó la primera conclusión y sobre la base de esta pericia se avanzó con la imputación.
Por su parte, ante la consulta de Los Andes, Pérez manifestó que “se está discutiendo la nulidad de una pericia contable que se va a decidir en una audiencia en febrero ante Juez de Garantías”.
La acusación
La denuncia contra Pérez y su esposa, Celina Sánchez, fue realizada en marzo de 2016 por senadores radicales y fue anunciada a través de una conferencia de prensa junto con la por entonces vicegobernadora Laura Montero.
La presentación se llevó adelante luego de que la Fiscalía de Estado hiciera públicas las declaraciones juradas de anteriores y actuales funcionarios públicos. Los legisladores de la UCR esgrimieron que la pareja tuvo un marcado incremento patrimonial durante los años en que Pérez ejerció cargos públicos y que los bienes declarados por ambos no serían compatibles con el salario de funcionario público y el patrimonio preexistente.
Concretamente se ponía el foco en la compra en 2013 de un departamento en las Torres Agustinas con valor de $1.165.000 -según consta en la denuncia de marzo de 2016 a valores de aquella época-. Asimismo, también se apuntaba a la adquisición de una cochera en el mismo complejo valuada en unos $126.000 y un automóvil Peugeot 3008 con una cotización de $295.000.
Según remarcaba la acción judicial impulsada, estos bienes habían sido adquiridos por la pareja mientras Pérez se desempeñaba como gobernador, con un sueldo aproximado de $45.000, sobre el final de su mandato. Al mismo tiempo se señalaba que Sánchez había dejado de desempeñar tareas en su cargo de planta en la Fuesmen y no registraba ingresos en su declaración jurada.
Asimismo, también se apuntaba como una posible irregularidad que la compra del inmueble se haya realizado con un crédito de la constructora Oha, adjudicataria de varias obras públicas, mientras Pérez se desempeñó como mandatario provincial y previamente cuando fue ministro de Infraestructura en la gestión de Celso Jaque.
La defensa de Pérez
Al día siguiente de haber sido denunciado por un grupo de senadores radicales, el exgobernador se presentó espontáneamente ante la justicia y entregó un escrito declaratorio al fiscal Santiago Garay.
Tras salir de la dependencia judicial, Pérez hizo declaraciones a la prensa remarcando su inocencia y calificando la acusación como un “show mediático” orquestado por el entonces gobernador radical Alfredo Cornejo.
“Es una cuestión política que intenta calumniar, injuriar y, de manera dolosa, intentar una cortina de humo sobre los problemas que acarrea Mendoza”, manifestaba en esa oportunidad el ex referente justicialista y disparaba: “Hacen un show mediático de cada presentación para tapar el fracaso legislativo del decreto con el ítem Aula, después de 12 años con paritarias”.
El ex mandatario se defendió de la denuncia resaltando que contaba con el dinero para llevar adelante la compra de los bienes gracias a su labor como abogado, previamente a su ingreso a la función pública. Al mismo tiempo indicó que junto a su esposa habían vendido inmuebles y que para comprar el departamento pagaron 50% al contado y luego lo alquilaron para con esos ingresos ir pagando las cuotas del financiamiento restante.
En tanto, también explicó que su esposa tenía ingresos por su trabajo en Fuesmen y que además había cobrado una indemnización un juicio laboral previo.
Juan Day, abogado defensor de Pérez, indicó a Los Andes que la acción interpuesta es un pedido de nulidad. “Los dos pericias anteriores eran contradictorias, entonces el fiscal pidió que sea la Universidad Nacional de Cuyo la realice la tercer pericia. Tenían que darle participación a la defensa y no lo hicieron, por lo tanto pedimos que se declare nula”, expresó.
La resolución quedará en manos de un juez de Garantías quien resolverá el tema después de la feria judicial, previo a una audiencia oral. En base al resultado, la defensa estudiará cómo continúa la estrategia.
Último frente judicial
Tras su paso por la Gobernación de Mendoza, “Paco” Pérez acumuló tres denuncias en su contra. Además de ser acusado por enriquecimiento ilícito, tuvo otra por falsedad ideológica y otra más por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En esas últimas dos fue ya fue sobreseído por la Justicia, por lo que la causa en la que fue recientemente imputado es la último frente judicial que tiene abierto.
En 2018 fue sobreseído en la causa donde se lo investigaba por su participación, mientras estaba al frente del Ministerio de Infraestructura en la gestión Jaque, en la prórroga de concesiones petroleras a la empresa Chañares Herrados sin que contara con la solvencia financiera necesaria. La Justicia determinó que no existían pruebas para mantener la acusación por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público contra él y otros tres ex funcionarios provinciales.
Por otra parte, en 2019 se dictó el sobreseimiento en una causa donde se lo investigaba por el supuesto delito de falsedad ideológica tras la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, sobre el final de su gestión como gobernador. Se lo acusaba de haber incluido en el decreto de intervención que se contaba con el dictamen de la Fiscalía de Estado para llevar adelante el procedimiento y ese aval nunca había existido.
No obstante la fiscalía entendió finalmente que no era necesario ese respaldo desde el punto de vista administrativo para proceder con la intervención.
