El fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Darío Nora, imputó este lunes al número dos del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), Gustavo Correa, por el delito de abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves dolosas.
La misma acusación recayó sobre otros dos miembros del gremio, Alexis Palacios y Marcos Doña, quiénes participaron del hecho denunciado.
Correa es secretario gremial del SUTE y secretario general de la CTA de los Trabajadores. Es quien secunda a la titular del gremio docente, Carina Sedano, en las negociaciones salariales con el Gobierno provincial y una de las voces principales en cada manifestación y acto que realizan.
La agresión sexual se habría producido el 25 de noviembre pasado en el ingreso a la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, una dependencia de la Dirección General de Escuelas ubicada en Patricias Mendocinas 1157 de Capital. Se trata de oficinas alquiladas a la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).
Sucedió en el marco de una manifestación del SUTE en esa sede de la DGE, que comparte oficinas con la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). Según las autoridades de UCIM, los manifestantes produjeron roturas en la puerta de entrada al edificio y hasta quisieron tomarlo, pero fueron disuadidos por la Policía.
De acuerdo con la denuncia, Correa, junto a Palacios y Doña, acorralaron a una agente de seguridad, a quien le propinaron golpes de puño y patadas en el pecho, espalda, cuello y piernas. También la víctima relató que le tiraron el cabello y que la empujaron contra la puerta de rejas del edificio, donde, estando sujeta de piernas y brazos, intentaron bajarle el pantalón.
Luego, a la mujer la tomaron de los pechos y le metieron una patada en la vagina, mientras le gritaban que le convenía que se fuera del lugar. También la tocaron en esa parte del cuerpo. Además, la víctima dijo que Correa se colocó por detrás, le apoyó el pene en los glúteos e hizo movimientos que simulaban que tenía una relación sexual con ella.
De esta manera, este lunes el fiscal Nora notificó a los tres acusados de la imputación y les dictó una prohibición de acercamiento a la víctima. Además, fijó una caución de 100 mil pesos.
Se trata de un delito excarcelable, pero si fueran condenados, quedarían impedidos del ejercicio de cargos sindicales.
En tanto, la agente de seguridad será sometida a una pericia psiquiátrica y psicológica.
Cuando se conoció la denuncia, Correa fue consultado por Los Andes; el también secretario general de Central de Trabajadores Argentinos (CTA de los trabajadores) se limitó a negar “rotundamente” los hechos. “Absolutamente los negamos”, aseguró, y sugirió que la denuncia tiene que ver con su acción sindical en el SUTE y otras expresiones. “Justo cuando yo denuncio que un juez de la Corte provincial gana 1,6 millones de pesos, aparece esto”, expresó.
El hecho que generó la denuncia fue una manifestación del SUTE en la sede de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de la DGE. Según las autoridades de UCIM, los manifestantes produjeron roturas en la puerta de entrada al edificio y hasta quisieron tomarlo, pero fueron disuadidos por la Policía.
“Entramos forcejeando nada más, no pasó nada”, decía Correa la semana pasada. El sindicalista, quien además milita en el Frente de Todos, relaciona todo con su actividad gremial y política. Tras desconocer que se hubiera cometido alguna agresión, expresó: “Fuimos a protestar porque están cerrando aulas de jóvenes y adultos y eso les quita la posibilidad de trabajar a los docentes y de estudiar”.
Ayer, Correa le dijo a Los Andes que no tenía nada que agregar a lo ya dicho la semana pasada. “Negamos absolutamente los hechos. Nosotros participamos de una acción gremial en defensa de los trabajadores, que les están cerrando cargos. Por supuesto que estamos a disposición de la Justicia”, sentenció tras la imputación.
