Uno de los hechos políticos de la semana fue la queja del intendente justicialista de Maipú, Matías Stevanato, frente a la actuación de los organismos de control en Mendoza. Stevanato sostuvo a Los Andes que el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública tienen una “lupa diferente” para su comuna y las del PJ, con lo que apuntó contra sus autoridades principales: ambos órganos están presididos por funcionarios radicales.
Ninguno de los dos organismos se quedó en silencio. El Tribunal de Cuentas, que en los hechos tiene mucha más historia y estructura que la Oficina de Ética, y que está liderado por el ex presidente de la Cámara de Diputados Néstor Parés, intimó a Stevanato a retractarse debido a que está compuesto por vocales de distintos partidos políticos y posee muchos funcionarios de carrera.
Pero el área de Ética Pública, que empezó a actuar a partir de una norma de Acceso a la Información Pública sancionada recién hace cinco años, tampoco dejó pasar la crítica. El órgano que hoy está bajo la presidencia del ex legislador radical Gabriel Balsells Miró, salió al cruce del intendente peronista con un informe sobre la actuación de la Oficina en Maipú, donde desde 2020 hasta ahora ha enviado 59 pedidos de informes.
El dato llamativo es que en enero de este año se acumuló la mayoría de ellos: 36 en total. En todo 2020 hubo solamente 2, en 2021 6 y en 2022 14. Febrero de 2023 sumó uno más.
Es probable que haya una cantidad de pedidos más para Maipú en formato papel, ya que las solicitudes de información pública, que en su gran mayoría se registran en forma online, se pueden hacer en los propios municipios también. De esto no hay registro todavía en la Oficina de Ética.
Pero la primera aclaración importante de la Oficina ha sido que los pedidos de informes son realizados por la ciudadanía, no por los funcionarios del organismo, que solamente cumplen la función de dirigirlos a los destinatarios y luego controlan que sean respondidos dentro de los plazos fijados por ley: 15 días hábiles, prorrogables por 15 días más si hay complejidades.
“Aparentemente no hay temas políticos a la vista entre los pedidos para Maipú. Son variadísimos los que hay, de arbolado, de tránsito, etcétera “, indicó a Los Andes el subdirector de Acceso a la Información Pública, Diego Seoane. Sin embargo, los dirigentes políticos pueden utilizar este mecanismo, porque todos los ciudadanos están autorizados a hacerlo, y es muy probable que eso haya ocurrido en el caso de Maipú.
La suma de pedidos de informes inquietó al intendente Stevanato, quien, además de sugerir una suerte de persecución, sostuvo que la elaboración de las respuestas a estas solicitudes produce una “traba en la gestión”. Seoane consideró al respecto que a quienes les falte personal “tendrán que asignar más” para cumplir con la normativa.
Sin embargo, también se ocupó de consignar que la Oficina de Ética interviene solamente cuando no hay respuesta en tiempo a los pedidos de información pública de los ciudadanos. El recurrente tiene 40 días hábiles para solicitar esta intervención.
No ha ocurrido eso en el caso de Maipú tampoco, por lo menos en la gran mayoría de los casos. De los 59 pedidos que recibió el municipio en casi 4 años, en sólo cinco hubo “requerimientos de auditoría por incumplimientos” y solamente 2 de ellos fueron resueltos a favor de los recurrentes. En los otros 3, la Oficina resolvió a favor de la comuna.
Las curiosidades del ranking
Casi todos los municipios de Mendoza están adheridos a la ley de Acceso a la Información Pública 9070. En el ranking, efectivamente, Maipú (59) aparece al tope de los pedidos de informes. Más del 14% del total fue para Stevanato y sus funcionarios. La Oficina de Ética atribuye el fenómeno a la “mayor participación ciudadana”, que también es muy fuerte en otras comunas de Gran Mendoza.
Lo mismo que en Maipú, ocurre en Godoy Cruz, bajo el mando del radical Tadeo García Zalazar, que también ha sumado 59 solicitudes de información desde 2020 hasta la fecha.
Capital, comandado por el radical Ulpiano Suárez, les sigue a ambos de cerca con 57 pedidos y luego aparece Guaymallén, que tiene como intendente al radical Marcelino Iglesias, con 44.
De las 403 solicitudes de información para las comunas que ha recibido la Oficina de Ética desde que fue creada, las que restan se distribuyen en forma bastante dispar en los otros departamentos.
Luján es la quinta del ranking, con 33; luego vienen Malargüe (23), Rivadavia (18), Las Heras (17), San Carlos (16), San Rafael (16), General Alvear (15), San Martín (10), Tupungato (10), Santa Rosa (9) y Tunuyán (6).
El único departamento adherido a la ley 9070 que nunca tuvo un pedido de información fue La Paz, cuyo intendente es peronista: Fernando Ubieta.
Hay que aclarar que Lavalle , cuyo intendente es el justicialista Roberto Righi, no aparece en el ranking general porque no está adherida a la ley 9070. “Tienen una normativa propia”, aseguró el subdirector Seoane, a lo que agregó que la Oficina interviene si hubiera un recurso en su contra.
“La tasa de respuesta en tiempo y forma de los pedidos es del 95 por ciento. Queda un 5 por ciento que viene en recurso y ese remanente se termina de completar, con lo cual la tasa de entrega de la información es cercana al 99 por ciento”, aseguró también el funcionario.
Si hay reclamos que no se resuelvan ante la Oficina de Ética, el paso siguiente es la Suprema Corte de Justicia. En toda la gestión hubo dos casos que llegaron a esa instancia y la resolución fue que la información estaba completa.
Transparencia
La Oficina de Ética realiza además auditorías periódicas en los municipios y en distintos organismos del Estado provincial. En concreto, se revisan los distintos sitios web en el marco de un requisito de la ley llamado “transparencia activa”.
“El sujeto obligado tiene que mostrar información institucional, presupuestaria y organizativa. Estamos tratando ahora de que los concejos deliberantes tengan información autónoma y lo sugerimos en una resolución”, explicó Seoane.
En este contexto, a Santa Rosa, cuya intendenta es la justicialista Flor Destéfanis, el año pasado la advirtieron porque se le había caído la página web. Eso fue arreglado, pero la semana pasada, la comuna fue emplazada porque faltaba actualizar la información presupuestaria y el funcionario garante del municipio para cumplir con la ley.
“He visto que eso ya se arregló, independientemente de que pidieron una prórroga hasta el lunes”, aclaró Seone, al cierre de esta nota.
También hubo solicitudes de ajustes para Guaymallén y para la Dirección General de Escuelas, en el caso del Poder Ejecutivo, que ya fueron solucionados, según indicó el subdirector de la Oficina de Ética.
