La pandemia del coronavirus ha provocado reprogramaciones de actividades importantes, ya sea por contagios o medidas preventivas. Precisamente un caso ejemplificador es el del juicio por enriquecimiento ilícito a Luis Lobos, ex intendente peronista de Guaymallén; y de su esposa, Claudia Sgró, que ayer fue reprogramado por tercera vez, en este caso porque uno de sus abogados tiene Covid-19.
La audiencia preliminar, que es el paso previo al juicio oral donde las partes ofrecen pruebas y también pueden presentarse algunos pedidos de nulidad, se debería hacer celebrado hace más de un mes y medio. Si bien estaba prevista para ayer a las 9.30, el Tribunal Penal Colegiado 2 decretó una nueva reprogramación de esta instancia. De esta manera, y teniendo en cuenta que se trata de un acto que debe ser presencial, la audiencia se llevará a cabo, si no hay más contratiempos, el 10 de junio a las 11.
La tercera no fue la vencida
Las reprogramaciones al juicio por enriquecimiento ilícito comenzaron el 15 de abril pasado. Aquel día no se pudo concretar la audiencia preliminar por algunos casos de contacto estrecho por parte de la defensa y de la querella. Desde ambas partes se pidió una suspensión, que se concedió, y se fijó una nueva fecha para el 5 de mayo.
El 4 de mayo a las 22.23 llegó un mail a la casilla de Lobos, con la confirmación del turno para vacunarse contra el coronavirus. La fecha de esa inoculación en el espacio Julio Le Parc de Guaymallén, era para el mismo día de la audiencia, por lo que el Tribunal volvió a reprogramar el evento judicial, porque los turnos de inoculación son improrrogables.
Si bien se pensaba que ayer a las 9.30 finalmente se llevaría a cabo esta instancia, no fue así. Los magistrados se encontraron con la noticia de un caso positivo de uno de los letrados de Lobos, quien dejó constancia del hisopado en el hospital El Carmen (el día 26 de mayo) y también de los días por los que debe estar aislado.
La cuarta fecha de la audiencia será el próximo 10 de junio a las 11, también en la sede de Tribunales de la provincia.
Los actores consultados por Los Andes no dejaron de manifestar su sorpresa por la situación de este juicio, que ha comenzado de manera completamente accidentada, aunque es importante marcar que se fijó una fecha de menos de 10 días para la realización del nuevo acto, por lo que se espera retomarlo rápidamente.
Derrotero judicial
Desde hace bastante tiempo que el ex concejal a cargo de la intendencia asiste periódicamente a Tribunales, ya que la Justicia lo tiene en la mira no sólo por el presunto enriquecimiento ilícito, que es sin dudas la causa emblema de toda esta historia, sino que ya acumula además una condena -apelada - por administración fraudulenta y un fallo en contra por extinción de dominio.
En esta causa de enriquecimiento ilícito la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi, lo acusó -junto a su pareja - de haberse enriquecido a costa de su trabajo en el Estado mientras se desempeñaba como empleado estatal de Guaymallén (desde comienzos del año 2000), pero sobre todo cuando fue edil y luego accedió al cargo de la intendencia, entre 2013 y 2015.
Concretamente, Lobos y Sgró arriesgan una pena de 2 a 6 años de prisión. En la acusación se sostiene que no han podido demostrar el aumento de su patrimonio de manera lícita. Por un lado Lobos, por un monto de $3,9 millones; y Sgró, por $1 millón (los montos no están actualizados a la fecha).
Por otro lado, hay un antecedente importante en la causa civil de extinción de dominio, ya que en un conocido fallo histórico, la jueza María Paz Gallardo despojó a la pareja de tres inmuebles por los que se investiga en materia penal que podrían haber sido adquiridos fruto de la corrupción. En tanto, la magistrada decidió desestimar la extinción de dominio respecto de tres vehículos, un Peugeot 308, una Volkswagen Amarok 2.0 y un cuatriciclo Can-Am.
En paralelo, Lobos y Sgró ya registran una condena -que se encuentra apelada en la Suprema Corte – por 4 años y medio de prisión de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos; y de 3 años y 4 meses de prisión respectivamente por administración fraudulenta.
La Justicia los encontró culpables de contratar irregular a dos personas en Guaymallén, quienes nunca cumplieron tareas en la comuna, sino en la casa de la madre de Sgró; pero además se quedaban con parte de los salarios de sus víctimas.
En tanto, el 21 de mayo se elevó a juicio otra causa más por administración fraudulenta por presuntas irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto y maquinaria de la empresa Wanka SA.
Sobre este evento, parte de la defensa se mostró en oposición a la elevación a juicio (fue rechazado por los magistrados) en la causa que tiene además a un ex funcionario de Lobos, Federico Sampieri, como acusado; así como también a un empresario de Wanka.
