El jefe de la Policía Roberto Munives quedó envuelto en una polémica este fin de semana, luego de conocerse que su pareja, Mónica Delsouc, realizó una expedición este mes junto a dos miembros de la Patrulla de Rescate para subir el cerro Aconcagua, sin tener el pase sanitario completo -es decir con las vacunas contra el coronavirus aplicadas-, requisito obligatorio para ingresar al Parque Nacional Aconcagua en esta temporada.
En las últimas horas, y luego de que surgiera la noticia en diario El Sol, la Inspección General de Seguridad (IGS) y la oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública libraron investigaciones en paralelo, de oficio, para determinar si hubo irregularidades tanto administrativas como políticas. La principal hipótesis que se maneja, y que avala la oposición, es que podría haber habido algún tipo de influencia con relación a obviar los requisitos que no cumpía Delsouc.
Por parte del Gobierno provincial no dieron declaraciones al respecto, y acotaron únicamente que aguardarán el resultado investigación de los organismos para determinar cómo actuarán. También destacaron que los dos miembros de la Patrulla de Rescate que fueron junto a Munives y Delsouc “estaban de licencia” al momento del ascenso.
Marcelo Puertas, director de la IGS, sostuvo a este medio que iniciaron un expediente para determinar si hubo o no responsabilidades desde el ámbito del ministerio de Seguridad, pero dejó en claro que solamente el organismo puede actuar si las mismas fueron cometidas por policías o penitenciarios, pero no si son funcionarios, como es el caso de Munives. “Nosotros no tenemos jurisdicción con respecto a Munives, eso va a la oficina de Ética”, explicó.
“En primer lugar hemos hecho un pedido de informes para que nos determinen quien realiza las fiscalizaciones y el trabajo de contralor en lo que es el ascenso de los andinistas, sobre todo por el pase sanitario”, comentó Puertas. Esta información, clave para el caso, la tendrá, según estimó, entre hoy y mañana.
En cuanto a los delitos que se arriesgan los involucrados, Puertas comentó que podría ser el de “falsedad ideológica”, que está tipificado en el artículo 292 del Código Penal. El mismo establece que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.
En tanto, en paralelo a la causa penal está la administrativa, que podría terminar incluso con la cesantía de los empleados estatales, si es que tienen algún tipo de responsabilidad.
Por eso mismo se abrió otro expediente en la Oficina de Ética Pública. Gabriel Balsells Miró, auditor General del organismo, también sostuvo a Los Andes que de oficio comenzaron la investigación ayer, y que también esperan resultados para ver cómo seguir.
“No hemos tenido ninguna denuncia, pero en base a esta noticia vamos a actuar sobre este tema”, marcó, y destacó que en este momento hay un “análisis” de los abogados que trabajan en la oficina para ver “de quién es la competencia”, ya que, de haber algún tipo de irregularidad, podría tratarse tanto de la secretaría de Ambiente o del ministerio de Seguridad.
La polémica
Fue el 15 de enero cuando Delsouc realizó cumbre en el cerro Aconcagua, luego de varios días de expedición en el coloso de América, según aparece en sus redes sociales. El problema fue cuando se conoció que la mujer no tiene el pase sanitario, que rige para ingresar al Parque Nacional.
“Lo que sucede es hace tres meses salí de un tratamiento oncológico. Y me pusieron una vacuna y como me produjo una reacción me suspendieron el esquema. Me hice un PCR antes de subir. Me parece doloroso que me llamen para hacerme este planteo y no para la causa en sí que ha sido esta expedición que me costó horrores. Esto fue humanitario”, afirmó Delsouc a El Sol, quien sostuvo que escaló el Aconcagua por una causa de la lucha contra el cáncer de mama.
Respecto a la normativa, fue publicada a mediados de diciembre en la resolución 822 de la secretaría de Ambiente, con la firma de la ministra de Salud, Ana Nadal; y la del secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. La misma establece el nuevo protocolo (que rige desde el 15 de noviembre hasta el 30 de abril) que tiene como objetivo “garantizar la seguridad sanitaria teniendo en cuenta que las actividades que se realizan son de alto riesgo”.
En la documentación aparece en el punto 4 el esquema de vacunación completa, con los siguientes requisitos: “Certificado de la vacuna que corresponda según su país de origen, teniendo como fecha de aplicación de la última dosis, por lo menos 21 días antes de la fecha de ingreso al Parque. Se deja expresa constancia que el andinista deberá adherirse a las normas sanitarias implementadas por la autoridad sanitaria provincial vigentes al momento de su ingreso al Parque Provincial Aconcagua”, marca el documento.
Según destacaba Mingorance en ese momento, “en virtud de las condiciones que se dan en las actividades de ascenso y trekking largo en el Parque Provincial Aconcagua, es necesario disponer medidas puntuales para procurar la minimización de riesgo de contagio de COVID-19 y sus consecuencias”. Y agregaba que resultaba “indispensable disponer las medidas necesarias para materializar lineamientos sanitarios a los efectos de que el Aconcagua sea un destino seguro para el visitante”.
Movimientos de la oposición
Mientras tanto, desde el Frente de Todos adelantaron que citarán al Jefe de la Policía a dar las explicaciones al respecto a la Legislatura, una vez retornen de la licencia que tienen los legisladores, que será la semana que viene.
“Los funcionarios del Gobierno de Mendoza se creen impunes para hacer lo que quieren. Vamos a citar en Diputados a las autoridades responsables de los controles”, sostuvo el diputado maipucino Duilio Pezzutti en redes sociales.
Lo mismo dijo el jefe de Bloque del PJ en la Cámara Baja, Germán Gómez, quien consideró que es “inaceptable hacer uso de privilegios en la función pública”.
En paralelo, el presidente del partido Protectora -aliado al Frente de Todos -, Pablo Cairo, elevó un pedido de Informe al ministro de Seguridad, Raúl Levrino, para “indagar sobre una presunta mala actuación del Jefe de la Policía de Mendoza”.
“Debemos saber qué tipo de utilización se le da a los servicios del Estado, porque no pueden ser para divertimento de algunos que se crean privilegios”, expresó por su parte José Luis Ramón, legislador electo de Protectora.
