Una resolución del Departamento General de Irrigación con la que se pretende regular mediante la “oferta y demanda” la distribución del agua de la provincia, despertó preocupación de productores y las cámaras que los agrupan. Mientras algunos aseguran que podrían ser afectados en calidad de propietarios y que “se pueden quitar algunos derechos adquiridos”, otros creen que sería positivo pero la consideran “inaplicable” ya que el organismo no tiene los recursos para hacerlo. Desde Irrigación, el superintendente, Sergio Marinelli, aclaró que no se quitará ninguna concesión a quien cumpla con la ley y que el objetivo principal es seguir eficientizando el uso del recurso hídrico en una provincia que durante una década ha estado en emergencia.
Concretamente se pone bajo la lupa la resolución 408/20 del Departamento General de Irrigación (DGI), publicada el 24 de junio, que dispone la obligatoriedad de presentar una declaración jurada para los usuarios que tengan permisos de riego precarios o temporarios.
No obstante, en el documento se detallan algunas medidas que hacen referencia al “Plan de Gestión de oferta y demanda” con el cual se intenta eficientizar la regulación del agua. Este contempla algunos puntos como la quita de permisos a quienes registren deuda, la disposición del control volumétrico del recurso hídrico en algunos casos y la redistribución del agua de fincas que tengan derecho pero que no estén cultivados, aún con el pago al día, entre otros.
Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este y quien ha levantado quejas por esta resolución, si bien se mostró de acuerdo con regular permisos “precarios” y “temporarios”, aseguró que hay algunos puntos que estaban incluidos en el proyecto de ley del Plan de Sequía, que fue presentado en 2018 y que quedó en la comisión de Ambiente de Diputados “por falta de acuerdos y también por quejas de las cámaras productivas”. Para Sosa, mediante esta resolución del DGI se ha querido avanzar con ese mismo espíritu.
Sosa puso como ejemplo el inciso K, que expresa que las inspecciones de cauce “deberán entregar el agua necesaria en función de la superficie efectivamente cultivada no incluyendo propiedades abandonadas aunque las mismas se encuentren al día”.
Ante esto, aseguró que eso afectaría el valor de la propiedad. “Creemos que es inconstitucional además porque se vulnera el principio de inherencia a la propiedad, es una cuestión indivisible”, expresó. De ahí indicó que si un propietario quiere vender el terreno o cultivar, podría tener problemas para “recuperar” su derecho de riego, en caso de que se lo quiten.
No obstante, Marinelli refutó estas declaraciones y dijo que “no se quitará el agua a nadie, sino que no se dará agua cuando esté la superficie inculta”. Además, destacó que “cuando una finca no está al día y debe más de dos cuotas, no se les da agua, pero si luego se pone al día se vuelve a dar”.
También destacó que aquellos que tengan solo un porcentaje sin cultivar, seguirá recibiendo la cuota que le corresponde. En tanto, aclaró que en el plan de Sequía “nunca se habló de quitar el agua porque eso es imposible, está en la Constitución la inherencia. Sólo se le puede sacar el derecho por no pagar durante cinco años o quitarle el permiso”, acotó.
Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, se diferenció de Sosa al decir que no cree que haya algún tipo de “peligro” en lo que respecta a perder el derecho de riego para el que paga e indicó que “hay varios casos en los que productores acuerdan con Irrigación para que utilice sus pozos en momentos de emergencia, pero no los pierden”.
No obstante, consideró que la resolución es “inaplicable” ya que Irrigación “no tiene la estructura civil ni los recursos para instrumentar un programa de entrega de agua de acuerdo a la oferta. “En una primera lectura, el plan no se podrá realizar, porque no tenemos con qué. Faltan reservorios, impermeabilización de canales y más tecnología”, declaró Leiva, quien la semana que viene tendrá una reunión con Marinelli.
Roberto Casado, presidente de la Sociedad Rural de San Rafael, defendió la priorización de las fincas cultivadas. “Siempre hemos pedido a Irrigación que el agua no vaya a propiedades abandonadas y se priorice las trabajadas. Hay zonas en las que no alcanza el agua”, justificó.
Según Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Agricultura Industria y Comercio de Tupungato, “se entiende que si hay fincas abandonadas, que tienen derecho y no están haciendo uso, sería lo ideal (no entregarles agua). Sin embargo, desde el punto de vista legal, entendemos que va en contra del principio de inherencia de la tierra”.
Leiva y Sosa sí coincidieron en la importancia de que se regule a los que tienen permisos “precarios” o “temporales”, y espera que Irrigación haga ese trabajo.
Mientras tanto, el superintendente sostuvo que se está trabajando junto con organismos para delimitar la cantidad de agua necesaria para cada cultivo, según la zona y tipo de riego. “Buscamos mejorar la distribución. Que se use lo que se necesita y mejorar la eficiencia. No sacar el agua a quienes pagan por ella. El que lo necesite y cuando lo necesite tendrá su cuota, de acuerdo a zona, cultivo y suelo”, aclaró Marinelli.
El funcionario indicó que lo que busca la resolución es en épocas de sequía “ordenar la oferta y demanda. La medida principal es el reordenamiento de los permisos porque hay 27.000 hectáreas con permisos precarios, de los cuales muchos no pagan”.
En este sentido, hasta el 18 de agosto aquellos usuarios que tengan permisos precarios y temporarios tendrán tiempo para presentar una declaración jurada. De aquí que Irrigación sumará herramientas para plasmar un “banco de información actualizada de la demanda de agua que se requiere”.
Puntos cuestionados
Según Sosa, algunos puntos del documento son “poco claros e incluso podrían ser inconstitucionales”, y adelantó que enviarán una nota a Irrigación para que haya “aclaraciones o correcciones”
Entre las observaciones, hizo referencia también al inciso M, que marca que se “identificarán perforaciones, que conforme su ubicación geográfica resulten útiles, en forma parcial o total, para reforzar canales de riego”. En este sentido, adelantó que se “podrían declarar de utilidad pública los pozos”.
Sin embargo, Marinelli negó a Los Andes que eso vaya a ocurrir, Si bien indicó que en la propia ley de aguas subterráneas está prevista la utilización de perforaciones en “casos extremos”, destacó que es “sólo preventiva” y que en realidad este punto “está vinculado a los pozos que, de común acuerdo entre inspectores y productores, sean comunitarios y se utilicen para determinados fines”.
Casado se mostró de acuerdo con el hecho de que se identifiquen perforaciones privadas para reforzar canales de riego en casos extremos. “Cuando estás en una emergencia hídrica, hay que recurrir a todo. Por supuesto que hay que llegar a un acuerdo con el dueño del pozo e Irrigación tendría que hacerse cargo del costo de la bomba”, comentó.
Lafalla coincidió: “Debe estar contemplada la cobertura del consumo eléctrico y una amortización por el uso del pozo”.
