La secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, declaró este lunes ante la Justicia por el ataque a golpes que sufrió por parte de un desconocido la semana pasada mientras caminaba junto a la concejal Priscila Maturano; y una colaboradora, identificada como Mayra Farías.
Antes de ingresar al Polo Judicial para dar su testimonio ante el fiscal Darío Tagua, la funcionaria habló con la prensa y denunció que es víctima de una “campaña de odio” fogoneada por un “empresario de medios” del cuál no se dio el nombre.
“Dieron la dirección de mi casa innecesariamente. Dicen que es periodismo de investigación pero hay un claro interés con esto del ´Las Heras Gate´, pero no se mira el ‘Mendoza Gate’ con la cantidad de denuncias que hay a nivel provincial y distintos municipios”, comenzó diciendo.
“La Justicia tiene que investigar, pero si este empresario de medios quiere hacerlo está perfecto, yo no le echo la culpa a él pero si digo que no hace falta exponerme a mí y mi familia, dando la dirección de mí casa con campañas de hostigamiento hacia mi persona”, agregó.
Y afirmó que “se ha hecho una campaña de odio intentando demonizarme desde hace varios meses. Esta persona dio la dirección de mi casa y mi familia, poniéndola en riesgo”.
“Si yo hubiera salido sola o con mí hija, ¿qué hubiera pasado?” se cuestionó y dijo que tuvo la “suerte” de haberse encontrado con dos amigas. “Yo no vivo en un barrio privado ni tengo custodia. Cómo se les ocurre pasar la dirección de mi casa, que investiguen lo que quieran, pero no se metan en mi vida privada. Me han hostigado y me han manoseado desde hace meses, que soy ´la mujer de´ y un montón de falsedades que han dicho”, enfatizó.
Mudanza forzada
Más tarde en el salón Malvinas Argentinas de la Municipalidad de Las Heras, la funcionaria encabezó una conferencia de prensa. Allí aseguró que se sentía amenazada desde principios de año y por eso debió mudarse a Guaymallén, mientras crecía la interna por la sucesión de Daniel Orozco en Las Heras. Vinculó algunas agresiones que sufrió al candidato de Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti, quien por entonces era Secretario de Obras del municipio.
“La casa está pegada al barrio Santa Teresita, yo vivía tranquila hasta que en enero se mudó un ´barra militante´ de Lo Presti. A Daniel (Orozco) le rompieron de forma innumerable los vidrios del auto, golpeaban el portón en la noche, tiraban la basura dentro del hall de mí casa. Por lo cual tuve que apurarme a salir de esa casa, no lo denuncié”, contó.
Y dijo que se mudó a otra casa “buscando tranquilidad” y lo ligó a las intenciones políticas que habría tenido Orozco para con ella. “Tanto decían que me querían acomodar como intendente y ya me había mudado a Guaymallén. Era de público conocimiento que ya tenía domicilio en otro municipio”, agregó.
“Después dicen que Daniel estaba obsesionado con ubicarme a mí como intendenta y yo ya me había mudado. Me fui ahí para que mi hija y mi madre pudieran estar tranquilas, porque no podían ni salir a la vereda”, comentó.
Buscan identificar al agresor
Por su parte la abogada Elena Quintero comentó que el agresor de Janina Ortiz aún no ha sido identificado y se intenta avanzar con el registro de cámaras de seguridad disponible. “Se está tratando de determinar el autor del hecho con las cámaras que hay. El hecho existió para aquellos que lo ponen en duda. Nosotros a partir de hoy ingresamos como querellantes particulares”, comentó.
Y dijo que en el video que tiene la Justicia se lo ve al agresor pero la imagen “no es nítida”. Entonces están tratando con el programa Udapif, que es la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal, tratar de esclarecerlo mejor. También se van a pedir las cámaras de un micro que pasa previo al hecho, añadió.
“Lo que se ve en las cámaras es que está solo y también una testigo indica eso”, asegura la abogada pero tampoco se logró reconocer su voz.
También agregó que Ortiz identificó a un sujeto con “características distintas al autor del hecho” que merodeó su casa en los días previos, precisamente en la vereda de enfrente. Su descripción fue aportada a la causa.
La abogada indicó que pidieron que se levante la custodias de dos policías que tenía la víctima en su casa, porque “tienen que estar cuidando a la ciudadanía y el hecho no ocurrió allí precisamente”.
Ataques contra una concejal y un funcionario
Ortiz afirmó que la concejal Cecilia Pérez, que pertenecía al PJ y se sumó a La Unión Mendocina este año, sufrió un violento ataque contra su madre, a raíz de una denuncia por sobornos realizada contra dos dirigentes radicales.
“La concejal Cecilia Pérez había denunciado sobornos para comprar su voto. Y ella no solo fue amenazada, sino que el día después de lo que me pasó a mí entraron a la casa de su mamá, la tomaron por el cuello y la apuntaron con un arma, para que Cecilia retirara la denuncia”, aseguró Ortiz.
Pérez participó de la conferencia de prensa y contó con más detalles lo sucedido. Aseguró que la intentaron sobornar el dirigente radical Mauricio Ginestar y la concejal Daiana Gatica (UCR) para que vote por ella como presidenta del Concejo, ante la salida de Martín Bustos. Finalmente esto no ocurrió, asumió Miguel Juárez (LUM) en su reemplazo y la joven radicó la denuncia.
“Ellos me citaron y me ofrecían cargos o contratos en la Legislatura provincial, me decían que como a mí se me terminaba el mandato en diciembre, vinieron con esta oferta para comprarme el voto”, explicó la edil.
Luego relató cómo fue amenazada su madre el miércoles pasado. Según contó, se encontraba con su hermana en el Polo Judicial “ratificando” la denuncia que había realizado de manera online por soborno y en su casa de Las Heras quedó su madre sola.
“Nosotras estábamos en el Polo Judicial con mi hermana, que era testigo del soborno. Entonces mi mamá se encontraba en casa. Pasaron dos sujetos, diciéndole que yo les había ofrecido darles una ropa. Los tipos ya venían encapuchados”, indicó.
Y siguió: “Mi mamá los atendió por la ventana y les dijo que no estábamos y no sabía nada. Luego de eso llega un repartidor de agua. Mi mamá le abrió la puerta, compró el agua y cuando va a cerrar la puerta, la empujaron y la metieron a la fuerza a la casa”.
“La agarraron del cuello, la obligaron a que se siente en el sillón y le preguntaron dónde me encontraba yo, apuntándola con un arma. Le pedían que se comunicara conmigo para que retire la denuncia”, manifestó la concejal.
Y dijo que su madre logró comunicarse mediante mensajes con su hermana y ella se percató que se encontraba en una situación de riesgo, a lo que le respondió que estaban “retirando” la denuncia para darle solución. Con esa respuesta, los sujetos se marcharon del domicilio y la denuncia contra los radicales no fue retirada efectivamente. No hay registros de cámaras ni testigos del hecho, completó Pérez.
Por otro lado, Ortiz aseguró que cuando ocurrió el allanamiento “desproporcionado” en el edificio municipal en busca de documentación vinculada a contratos con cooperativas, fue “golpeado” el subsecretario de Modernización, Gustavo Rodríguez.
