La “grieta judicial” que se mantiene entre los cuatro supremos nombrados por el radicalismo (cronológicamente: Pedro Llorente, José Valerio, Dalmiro Garay y Teresa Day) y los tres por el peronismo (Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez), ahora se expresa en un proyecto de ley para modificar el funcionamiento del máximo tribunal de la provincia.
Las mayorías en cada sala han influido en la presentación de recursos conocidos como compartidos, inconstitucionalidades y Acciones Procesales Administrativas (APA) que se resuelven en cualquiera de las dos. De las 1.603 causas “políticas” que han pasado por el tribunal desde 2018 hasta ahora, 553 fueron a la sala “radical”, mientras que 1.050 fueron a la “peronista”, por decisión de los abogados en busca de mejores posibilidades de ganar.
José Valerio es uno de los polemistas de la Corte. Habló con Los Andes del conflicto y, aunque apoya el proyecto en varios aspectos, dijo que hubiera deseado que tuviera un “mayor reformismo”.
-Otra vez hay ruido en la Corte?
-Perdón ¿Cuándo no lo hay?
-Había cierta paz últimamente.
-Sigue habiendo paz. Siempre hay causas que generan algún tipo de diferencias. Son buenas las diferencias y que podamos decir que hay diferencias. El día que no podamos, ahí empecemos a preocuparnos.
-¿El proyecto que ha desatado la última polémica, es un efecto de que la política no resuelve sus problemas por acuerdo?
-Yo haría un análisis al revés ¿Podíamos seguir como hasta ahora en la Corte? ¿Se puede seguir trabajando cuando el 75% de las causas administrativas están radicadas en una sala? ¿Podíamos seguir con la cantidad de causas que tiene esta Corte con un miembro que no tiene funciones jurisdiccionales? ¿Podíamos seguir administrando la Corte de la misma manera, después de las profundas reformas que se han hecho sobre todo en materia penal, donde se ha transferido el poder que antes estaba más distribuido con todos los jueces? Esto no es nuevo. En la época de Jorge Nanclares, tuvimos una reunión con Jorge López, quien era decano de la Facultad de Ciencias Económicas en ese entonces (nota de la redacción: Jorge López fue vicegobernador de Arturo Lafalla), porque tenía un equipo de investigación para ver cómo organizar la Corte. El problema no es nuevo. Más allá de si es oportuno o no.
-¿Se acumulan muchas “causas políticas”?
-No solo eso. En los últimos años, en materia penal, el fallo Casal ha hecho que la Corte tuviera que abrir casi todos los recursos extraordinarios y eso ha engordado el funcionamiento (Nota de la redacción: Matías Casal, de 2005; la Corte nacional impuso el “doble conforme” de las sentencias penales, o sea dos instancias). Y en eso no tiene nada que ver la política, sino que la Justicia penal de Mendoza no tiene una revisión antes de la Corte. Hemos presentado un proyecto de ley de doble conforme a la Legislatura hace tres años...
-Y ese proyecto duerme en algún cajón...
-No sé. Estarán estudiando. No tengo idea. Además hay distintas posturas. Algunos están de acuerdo con el doble conforme, otros pretenden que haya casación y otros quieren que siga este sistema...
-¿En la Corte había diferencias sobre ese proyecto?
-En la Corte en general estábamos de acuerdo. Cuando lo mandamos no estaba Teresa Day y no me acuerdo si ya estaba Dalmiro Garay. Pero los otros cinco lo firmamos. En laboral tenemos el mismo problema. El juicio no tiene revisión antes de la Corte. Esto respondía a una estructura propia de los 50, cuando de jueces de primera instancia con apelaciones, se pasó a un tribunal único colegiado, las Cámaras del Crimen. Sin revisión y después la Corte. Penal y Laboral tienen esquemas parecidos; mientras que en Civil hay jueces de primera instancia y las cámaras; lo mismo sucede en familia. Entonces, por la competencia, la sala 1 tiene menos causas; además, en el caso de la sala 2, las revisiones son más profundas. Aparte están las causas administrativas, donde se da la distribución desigual.
-Una de las peleas es que la participación del presidente de la Corte en el sorteo le daría más chances a los jueces filoradicales...
-Somos siete ministros, la Provincia les paga el salario a siete para que cumplan una función. Las reformas que hemos impulsado están concentrando el poder en la conducción de la Corte, estamos creando un presidente con muchísimo poder administrativo. Entonces todos tenemos que estar funciones jurisdiccionales y el poder administrativo debe estar en el conjunto, como pasó en la Corte de la Nación, cuando asumió (Carlos) Rosenkrantz. (Nota de la redacción: Rosenkrantz asumió en octubre de 2018 y dos meses más tarde la Corte Suprema, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, emitió una acordada en la que estableció que las decisiones de superintendencia, las designaciones de funcionarios y la renovación de los contratos de personal, entre otros aspectos, debían adoptarse con una mayoría de 3 miembros).
-Una de las cosas que abona la discusión política es que no pudieron presentar un proyecto de consenso y terminó presentándolo el Ejecutivo ¿No hubiera sido conveniente ponerse un plazo para ponerse de acuerdo?
-Podía no haber consenso nunca. Nos habían advertido que si no nos poníamos de acuerdo lo iba a presentar el Ejecutivo.
-¿El proyecto que mandó el Ejecutivo tiene muchas diferencias con el que discutían en la Corte?
-Tiene varias características de la postura personal mía, que no significa que yo haya estado allá (señaló a Casa de Gobierno). Es más yo creo que hay tomar una mayor amplitud de reforma.
-¿Qué le faltaría?
-Profundizar las cuestiones referidas a la Presidencia. Por ejemplo: en las viejas cámaras del crimen, cuando había que nombrar el secretario, lo decidía el tribunal, los jueces de garantías proponían su secretario, así con todos los cargos. Ese poder administrativo que estaba atomizado hoy está concentrado. Tratamos de respetar, pero es evidente que se ha desplazado ese poder y no se puede concentrar en la Corte. Hay que establecer reglas y tienen que estar los siete miembros de la Corte. A muchos les gusta concentrado, en el oficialismo y la oposición, porque están pensando que el día que sean oficialismo quieren tener el “fierrito”.
-¿Entonces ese poder administrativo está concentrado en el Presidente?
-Claro. En el proyecto de ley, con las vicepresidencias, es más probable que participen en las decisiones administrativas de los otros miembros.
-Deberían garantizar que haya alguien del ala peronista...
-¿Quién se va a animar a elegir todo del mismo sector? ¿En la Corte va a pasar eso?
-No sería la primera vez que se pasa la votadora a una minoría. No hace mucho, en noviembre de 2019, para elegir presidente a Jorge Nanclares, fueron los tres peronistas, más el propio Nanclares quienes impusieron la conducción...
-Obvio. Presidente es un cargo y las reglas de la democracia dicen que se vota y la mayoría gana. Lo que no puede hacer una mayoría es suprimir a la minoría o desplazarla. Pensar que la Corte, si tiene que designar tres autoridades, los tres van a ser del mismo sector, o de una preferencia, es una falta de respeto ¿Qué imagen daríamos a la sociedad?
-La eliminación de las “salas especializadas”, no baja la calidad de los proyectos?
-Si queremos fallos de especialistas, la Legislatura debería haber hecho lugar a la ampliación de la Corte, porque tendríamos que tener una Corte de 12 miembros, con una sala penal, una laboral, una civil y una administrativa, tres especialistas por cada materia. En la sala 2, por ejemplo, Palermo y yo venimos de lo penal, Adaro viene de lo laboral. Palermo y yo resolvemos laboral y Adaro falla en cuestiones penales ¿Sería mejor la Corte con 12 miembros?
-No sé. Pero sí sería más cara...
-(Risas) Es cierto. Y lo paga la gente con sus impuestos. No solamente serían más ministros: serían más funcionarios, más relatores, más auxiliares...
