No hay tregua por ahora entre el Gobierno Provincial y los trabajadores judiciales, quienes arrancaron este lunes con la tercera semana consecutiva de un paro de actividades en la provincia, en reclamo de mejoras salariales. Según datos oficiales, el acatamiento al paro superó el 40%; pero desde el sindicato aseguran que ese porcentaje “llega al 70%”.
La situación por ahora no tiene una salida clara. Desde hace algunos días la Suprema Corte amenaza con solicitar una conciliación obligatoria a la Subsecretaría de Trabajo; e intenta aparecer como árbitro en un tema que no puede resolver por motu proprio.
En tanto, el actor fundamental es el Poder Ejecutivo, que entiende que si se sienta a negociar nuevamente, daría el brazo a torcer frente al gremio, y complicaría la situación con el resto de los sindicatos, ya que una eventual mejora a Judiciales por encima del resto, generaría un efecto en cadena de quienes sí aceptaron los incrementos salariales para el segundo trimestre del año.
Lo cierto es que el nuevo gremio judicial, liderado por Ricardo Babillón, lleva 15 días de paro ininterrumpido -con altibajos en los porcentajes-, y la medida seguirá, por ahora, hasta el viernes, tal como dijo este lunes el secretario general a Los Andes. Si no hay novedades, ese día se resolverá cómo seguirán las medidas de fuerza.
Desde la Justicia sostuvieron que el impacto de las medidas de fuerza “son diferentes” según el caso, pero sí es cierto que el servicio de Justicia está resentido.
Por ejemplo, aseguraron que los fueros más complicados por la falta de parte del personal, son los de Familia y el Penal (incluidos el Cuerpo Médico Forense y las oficinas fiscales); mientras que otros (como Civil y Laboral) si bien tienen retrasos, no están “tan complicados” como los primeros.
Paro del 40%
Siguiendo con los datos oficiales, este lunes fue a trabajar el 58,78% de los empleados de la Justicia, por lo que hubo un 41,22% de trabajadores que se plegó a la medida de fuerza.
Este número de adhesión fue menor, de igual manera, al de la semana pasada, teniendo en cuenta que el acatamiento al paro en la semana pasada rondó entre el 45 y 50%, tal como informaron desde Tribunales.
Volviendo al paro de este lunes, la dependencia más afectada fue la del Polo Judicial, donde funciona el fuero penal, cuya adhesión a la medida de fuerza llegó al 56,49%. En tanto, le siguieron los trabajadores de la Segunda Circunscripción, donde hubo un acatamiento del 55,75%.
Para el resto de dependencias, la adhesión al paro fue el siguiente: Tercera Circunscripción (46,76% de acatamiento); fuero de Familia (42,86%); fuero Civil (36,58%) y Fuero Laboral (28%).
En diálogo con Babillón, el dirigente gremial dijo a Los Andes que el principal objetivo de los trabajadores de la Justicia es “sentarse a negociar nuevamente en paritarias el tema salarial” y que “da igual si es con o sin conciliación obligatoria”.
No obstante, más allá de estas declaraciones, es un hecho que sería positivo para el gremio una conciliación, teniendo en cuenta que necesariamente “obligaría” en parte al Gobierno a buscar una salida con un sindicato que se ha mostrado disconforme en las anteriores reuniones paritarias.
Más allá de esta consideración, varios miembros de la Suprema Corte de Justicia entiende que “se necesita destrabar la situación con el gremio” y que podría ser una llave el pedido de dictado de conciliación obligatoria.
Al margen, Babillón expresó que hoy no están hablando de porcentajes, pero aclaró al Gobierno que desde enero del año pasado hay un “desfasaje en los sueldos del 240%. Ese porcentaje es el que se ha perdido a causa de aumentos por debajo de la inflación y también producto de la devaluación”.
“Es necesaria una recuperación del poder adquisitivo de forma gradual, pero es importante y necesario recomponer el sueldo de los trabajadores”.
Como dato representativo, sostuvo Babillón que un trabajador con 15 años de antigüedad y un cargo de jefe de mesa de entradas, percibe unos $450.000 (sin bloqueo de título).
Sigue la suspensión de audiencias
Mientras tanto, la Corte extendió la suspensión de las audiencias menos urgentes y dará prioridad a aquellas “con personas detenidas o que pudieran recuperar su libertad.
A través de una resolución del coordinador del fuero penal, el ministro José Valerio, se dispuso concretamente la suspensión de audiencias “sin personas detenidas” hasta el lunes que viene.
Esta medida regirá para primera y tercera circunscripciones judiciales (Gran Mendoza y el Este), que son las zonas donde más impacta el paro.
El área de la Justicia más afectada por la medida de fuerza, que este lunes entró en su tercera semana de paros masivos, es precisamente el fuero penal. La inactividad en este fuero es del orden del 70%. Pero no son ajenas las otras áreas. Por ejemplo, la Justicia Civil también suspendió audiencias la semana pasada.
Debido al resentimiento del servicio el ministro Valerio, emitió la semana pasada la primera resolución de suspensión de las audiencias. Como todavía no hay indicios de que la medida vaya a ceder, decidió prorrogarla una semana más.
La Corte ingresará en futuras paritarias
Por otro lado, es importante recordar que días atrás desde la Suprema Corte informaron que modificarán la acordada 19.000, que es la que les impedía participar en la discusión salarial.
A partir de la próxima paritaria, quien va a estar sentado también a la mesa discutiendo el salario de los judiciales es la Suprema Corte de Justicia
José Valerio, ministro de la Corte, no confirmó la derogación de la Acordada que data del 2005. “Es necesario tener un rol más activo. Si la acordada es impedimento para ello, tomaremos las medidas respectivas como Corte de dictar otra acordada o derogarla. Lo que está confirmado es que no va a seguir”, dijo a la prensa.
La discusión de fondo tiene que ver con la falta de autonomía financiera y autarquía que tienen los órganos judiciales. Así, en la discusión salarial, los gremios que nuclean a empleados y funcionarios judiciales acuerdan o no con el Poder Ejecutivo.
“Es muy importante que nuestra patronal empiece a opinar y a decidir sobre las cuestiones salariales. Nosotros entendemos que la Corte, en su rol de patronal, es quien debe ir al Poder Ejecutivo. Y de poder a poder, exigir las partidas presupuestarias para el salario de los judiciales. Le estamos pidiendo también a la Corte que, como poder, se cruce nuevamente y pida una partida presupuestaria superior para destrabar este conflicto”, remarcó el Secretario General del gremio el jueves pasado.
En tanto, Valerio aclaró que “hay una serie de funciones, escalafón, carrera judicial, sobre lo cual nosotros tenemos que tener un rol mucho más activo” y que para hacer esos cambios, antes que nada, “tenemos que tener autonomía financiera. No tenemos autonomía financiera y mucho menos autarquía”.