A más de un año de su inicio, el megajuicio contra el exjuez Walter Bento y 32 imputados más, vinculados a una red de coimas que operó en la Justicia federal, está pronto a cerrar la etapa de testigos y avanzar hacia el corazón del debate: los alegatos.
El Tribunal Oral Federal N° 2, que preside la jueza Gretel Diamante, decidió poner como “fecha límite” para el inicio de esa etapa el próximo 16 de octubre y les pidió a las defensas que confirmen sí sus representados harán uso de las declaraciones indagatorias, cuanto antes. Después de las alegaciones de las partes, se dará curso a la sentencia. En ese marco, se descarta que el debate concluya antes del 2025.
La jueza Diamante expresó, al finalizar la audiencia de este miércoles: “Les voy a solicitar a las defensas que aclaren quienes van a prestar declaraciones indagatorias. Y los que ya definitivamente no vayan a declarar, nos lo comuniquen. Necesitamos tener una previsión por los días que nos quedan”.
“Y si tienen declaraciones en la Instrucción, procederemos a las lecturas. Les pido que chequeen a aquellos que declararon inicialmente por uno o dos casos y por el resto de los casos dijeron que más adelante iban a continuar, si lo van a hacer porque tenemos que fijarles fecha”, señaló. Y si no ocurriera, pidió a la Fiscalía que resuelva si fragmentará algunas declaraciones que fueron videograbadas.
Entonces, además de la tanda de audiencias que está en marcha y culminará este viernes con una nueva ampliación indagatoria del exjuez Bento, para llegar al inicio pautado quedarán puntualmente seis jornadas (18, 19 y 20 de setiembre; 2, 3 y 4 de octubre). “Se supone que deberíamos en esas seis audiencias cumplimentar con todo lo que nos queda en materia probatoria y declaraciones indagatorias para empezar con los alegatos el 16 de octubre”, puntualizó la jueza Diamante.
La etapa de alegatos la iniciará el Ministerio Público Fiscal y demandará mayor tiempo para desarrollar la acusación contra Bento, como líder de una asociación ilícita que se valió del cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, a través de una red de abogados que encabezaron Jaime Alba y Luciano Ortego bajo coordinación del fallecido despachante de aduanas, Diego Aliaga. De allí se desprenden 15 cohechos que también serán desglosados.
Además, el MPF intentará probar los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por los que están acusados Bento, su esposa Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano Bento. La desobediencia judicial del exjuez, que se negó a entregar su celular cuando se lo investigaba, será otra pieza clave de la exposición de los fiscales Dante Vega y María Gloria André.
La jueza Diamante le solicitó a las defensas que anticipen cuánto se demorarían en sus exposiciones. Por el lado de los abogados de Bento, el doctor Felipe Salvarezza, afirmó que sus alegatos no ocuparán más de una jornada, a pesar de todas las imputaciones que recaen sobre el destituido magistrado.
En tanto, el abogado Pablo Cazabán, que defiende a los letrados arrepentidos Martín Ríos y Matías Aramayo, y al comisario Gabriel Moschetti (todos acusados como miembros de la banda), indicó que necesitaría solo media jornada de tiempo para sus clientes. Todavía resta que los dos abogados, que denunciaron al fiscal Vega por presuntas coacciones, amplíen sus indagatorias sobre este tema.
Ratifican la participación de los Bento en Il Mercato
Nicolás Armentano, presidente de Armentano Inversiones Inmobiliarias S.A., era un testigo esperado en la etapa patrimonial por un episodio clave para los investigadores: la participación de los Bento en el fideicomiso Il Mercato, creado para desarrollar y administrar el centro comercial homónimo de Maipú.
El empresario ratificó bajo juramento que Marta Boiza, Nahuel y Luciano Bento se incorporaron como fiduciantes adherentes tras comprar siete locales en agosto de 2019. La Fiscalía los acusa de haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita en este negocio.
Vale decir que Nahuel Bento se desempeñaba como magistrado y su actividad pública resultaba incompatible con la privada. Los tres ingresaron por un monto total de $90 mil dólares y adquirieron siete locales, contó el testigo. Boiza aportó USD 60.000, Nahuel B. U$S 20.000 y Luciano B. los 10 mil dólares restantes.
El empresario inmobiliario explicó que Il Mercato fue un proyecto que elaboró con su tío Claudio Menghini y Ángel Pilutti, fue quien aportó la tierra para su desarrollo. Los tres son los fiduciantes originarios y a fines de 2019 debían inaugurarlo porque ya tenían los locales ocupados, pero necesitaban un aporte económico para concluirlo.
“La idea era desarrollar este centro comercial entre nosotros tres y no alcanzaban los fondos para terminar. Empecé a consultar entre las personas allegadas a nosotros y ahí le propuse a Nahuel, que era compañero de la facultad”, señaló y dijo que no pensaban inicialmente tener “socios adherentes”.
Entonces, Armentano admitió: “Sí, se vendieron por 90 mil dólares siete locales comerciales, que después por una cuestión comercial se unificaron y ahora son cinco”.
El empresario explicó que los socios originarios tienen más de 20 locales (son 36) y reciben la plata de todos esos alquileres, para luego en manera de “pool”, distribuirlo entre las tres partes iguales. Mientras que los locales que se vendieron, como los siete de los Bento, “se rinden por alquiler de ese local, menos los gastos que se les deposita a los dueños de esos locales”.
Es decir, la familia judicial estaba detrás del cobro de los alquileres pero los inquilinos nunca se enteraron, tal como se ventiló en el debate a través de varios testigos que desconocieron a los Bento.
Armentano explicó el mecanismo: “Los depósitos se hacen a la administración que maneja todos los proyectos nuestros. Recibe los alquileres por transferencia de los inquilinos y ese dinero, sacando los gastos, se distribuye entre los dueños del fideicomiso por un lado y los dueños de los locales, por otro”.
Para los acusadores resultan injustificables los incrementos patrimoniales que adquirió la familia desde el año 2005 hacia adelante, cuando Bento asumió su cargo como juez del Poder Judicial de la Nación. Esto incluye la compra de propiedades de todo tipo y vehículos de alta gama, además de viajes recurrentes al exterior con gastos exorbitantes.
En el caso del lavado de activos, la Fiscalía asegura que se detectó conversión, transferencia y circulación en el mercado de “bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes (originarios o subrogantes) adquiera la apariencia de lícito”.
