La alianza Juntos por el Cambio firmó una declaración de guerra al Gobierno: amenazó con paralizar el Congreso si el oficialismo no da marcha atrás con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. De esa forma, varios proyectos económicos impulsados por el ministro Sergio Massa corren riesgo de fracasar en las sesiones extraordinarias.
“Mientras siga este atropello contra la Corte, no vamos a prestar quórum ni darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos”, sentenció la coalición opositora en un comunicado tras mantener la primera reunión del año, que fue por videoconferencia y tuvo nutrida participación.
En Juntos por el Cambio creen que, como el Frente de Todos no tiene los dos tercios de los votos para avanzar con la acusación en el recinto, buscará dilatar la discusión lo máximo posible para mantener el tema en agenda durante algunos meses. Por eso, intentarán desactivar rápidamente el debate.
“Les conviene mantener eso, porque el día que tengan dictamen, lo llevan al recinto y pierden, y se les acaba el show”, especuló Margarita Stolbizer (GEN) tras participar de la reunión, y agregó: “Lo van a sostener todo el tiempo que puedan, salvo que empiecen a reconocer que eso les obstruye el funcionamiento del Congreso”.
La jugada de la principal oposición abrió un interrogante en la Casa Rosada, que ahora deberá definir si incluye en el temario de las extraordinarias todos los proyectos previstos, o si solo lo acota al juicio político a la Corte.
Quórum no, debate sí
La coalición integrada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otros partidos también confirmó, tal como adelantó este medio, que no dejará sus sillas vacías y participará el debate, aunque antes esperará a que el Frente de Todos reúna el quórum por sí solo (en principio eso no sería una complicación, porque cuentan con 16 integrantes sobre 31).
“Una vez que el oficialismo logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento, el interbloque Juntos por el Cambio estará presente y enfrentará el debate. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad”, anunciaron.
Paralelamente, el bloque Evolución Radical, que preside Rodrigo De Loredo, propone una jugada con pocas posibilidades de prosperar: pedir el inmediato apartamiento de la oficialista Carolina Gaillard de la presidencia de la comisión, con el argumento de que sus declaraciones mediáticas “no garantizan la objetividad e imparcialidad del proceso”.
“El primer pedido que formularemos ni bien se ponga en funcionamiento la comisión es el apartamiento de su presidenta. Gaillard no puede integrar la comisión ni mucho menos conducir el desarrollo de la misma”, fundamentó De Loredo.
De la reunión de la Mesa Nacional participaron los presidentes de los partidos que integran la alianza: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR), Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Peronismo Republicano).
También se conectaron al Zoom el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez; y autoridades parlamentarias de Juntos por el Cambio.
Por su parte, el Frente de Todos espera que se concrete el llamado a extraordinarias para delinear los próximos pasos. “Todavía estamos en una etapa preliminar”, definió una fuente del bloque. Los diputados que integran la comisión mantendrán un encuentro este miércoles a las 11, también por Zoom.
Algunos de los oficialistas que están en Buenos Aires ya se reunieron este martes con sus equipos jurídicos para analizar el margen de maniobra reglamentario que tendrán para avanzar contra los jueces supremos.
Leyes en riesgo
La amenaza de Juntos por el Cambio pone en riesgo varias leyes económicas impulsadas por Massa, que formarían parte del temario de las sesiones extraordinarias. Una de ellas es el blanqueo de capitales, una de las apuestas del ministro para aumentar la recaudación.
Además, corre riesgo de fracasar la ley de agroindustria, que otorga beneficios impositivos a toda la cadena de producción; el “monotributo tech”, un régimen especial para profesionales que exporten servicios basados en la economía del conocimiento; y el proyecto vinculado al pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, del cual aún no se conocen detalles.
Pero también hay otras importantes leyes pendientes que el Gobierno esperaba tener este año, como la nueva moratoria previsional, que busca que unas 800.000 personas sin los aportes necesarios puedan acceder a la jubilación.
