Juntos por el Cambio está decidido a ir hasta las últimas consecuencias contra Alberto Fernández por la comparación que hizo entre la situación del fiscal Diego Luciani y el fallecido Alberto Nisman. En la Cámara de Diputados, el interbloque opositor presentó un pedido de juicio político contra el presidente, que se suma a dos denuncias penales ante la Justicia.
Los legisladores quieren destituir a Fernández por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, a raíz de las declaraciones de Fernández al canal Todo Noticias sobre el fiscal Luciani, que esta semana pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por presunto direccionamiento de la obra pública.
“Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no otra cosa. Yo lo que espero es que Luciani no haga algo así”, sugirió Fernández. Aunque este jueves el presidente advirtió en otra entrevista que “hubo una enorme tergiversación” de sus dichos, Juntos por el Cambio no dio marcha atrás en su ofensiva.
Por primera vez, un pedido de juicio político unió a toda la alianza. Los jefes de los diez bloques que conforman el interbloque firmaron el proyecto. Incluso algunos que en anteriores presentaciones se resistían, como Ricardo López Murphy. “Tiene el valor simbólico de fijar una posición común en nuestro interbloque”, afirmó Margarita Stolbizer (GEN).
El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, de la que participaron Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Stolbizer y López Murphy.
“Puede ser difícil alcanzar los números que exige la Constitución, pero lo que venimos a hacer es ubicar en la máxima responsabilidad que establece la Constitución para un presidente de la Nación. El pedido de juicio político marca el punto de gravedad institucional de lo que está sucediendo”, señaló Negri.
El jefe del bloque radical consideró que las palabras de Fernández fueron “más propias de un mensaje de códigos mafiosos que de un presidente”. En el mismo sentido, Ritondo planteó: “No vamos a permitir que el kirchnerismo avance sobre la división de poderes. El presidente no debe opinar ni mucho menos intimidar a la Justicia”.
Por su parte, López añadió: “El presidente tiene que entender que vive en un Estado de Derecho, no puede intimidar ni condicionar al resto de los poderes. Tampoco puede indultar a la vicepresidenta, porque los delitos de corrupción no se pueden indultar y porque la sociedad argentina no tolera más impunidad”.
La alianza no desconoce que para que avance el proceso se necesitan mayorías especiales en ambas cámaras, primero para la acusación en la Cámara de Diputados (172 votos sobre 257), y luego para el juzgamiento (48 votos sobre 72). Juntos por el Cambio está lejos de esos números: tiene 116 diputados y 33 senadores.
El panorama es complicado incluso en la Comisión de Juicio Político de Diputados, el primer escalón del trámite. Esa comisión es presidida por un diputada oficialista, la entrerriana Carolina Gaillard, y el Frente de Todos tiene 16 integrantes, contra 14 de Juntos por el Cambio y uno del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.
El reglamento habilita, como método de presión, la posibilidad de emplazar a las comisiones para forzar un debate, como sucedió con la boleta única de papel. Esa moción debe votarse en el recinto con mayoría simple. Pero Juntos por el Cambio aún no debatió internamente su estrategia y duda de someter el tema a votación sin tener los votos asegurados.
“Esperamos que en los próximos días las fuerzas políticas que no se pronunciaron, lo hagan”, aseguró un diputado de la bancada. En el Interbloque Federal, según pudo saber este medio, no tienen intenciones de acompañar. “No tienen la mayoría”, apuntaron.
El último antecedente de juicio político fue contra los integrantes de la Corte Suprema del menemismo. Entre 2003 y 2005 se destituyó a los jueces Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano (Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez renunciaron durante el proceso).
También hubo otros intentos frustrados. En 2014, el Frente para la Victoria-PJ archivó los pedidos presentados contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.
Al año siguiente, el kirchnerismo convocó a tratar el caso del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, cuestionado por continuar en el cargo a sus 97 años, pero no había ningún expediente presentado contra el juez, que falleció al año siguiente.
El pedido de juicio político contra Fernández se suma a dos denuncias penales, impulsadas por la Coalición Cívica y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
La denuncia de la Coalición Cívica fue firmada por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, además de Waldo Wolff, del PRO. Recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, y en la Fiscalía Criminal y Correccional Nro. 1, a cargo de Ramiro González.
En el escrito sostienen que las “declaraciones temerarias y amenazantes” del presidente buscan influir sobre los jueces que deben resolver en la llamada causa “Vialidad”, y también “representan una clara amenaza contra los fiscales para que no continúen con su tarea de acusación”.
Además, los denunciantes pidieron que “se tomen las medidas de resguardo extraordinarias, eventualmente utilizando fuerzas de seguridad de otra jurisdicción, respecto de la seguridad de los magistrados intervinientes” en la causa donde Cristina está acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Por su parte, Bullrich indicó en Twitter que denunció al presidente “por alentar un golpe contra la Corte, contra los jueces que están juzgando hechos de corrupción del kirchnerismo y por amenazar al fiscal Luciani, paralelizando con la muerte del fiscal Nisman”.
