Hubo cumbre de urgencia de Juntos por el cambio, para debatir el proyecto del Gobierno de reforma del Ministerio Público Fiscal, es decir, el organismo en el que se desempeñan todos los fiscales federales del país, que son quienes llevan adelante las investigaciones de las causas judiciales. Al cierre de esta edición, el principal espacio opositor difundía un comunicado que fue el resultado del encuentro.
En el comunicado manifiestan “su total rechazo al intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal”.
En el párrafo siguiente Juntos por el Cambio señala que “su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”.
Además indican que “rechazamos porque es un intento más de quedarse con la Justicia. Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto”.
Y cierran que defenestran el proyecto del Ejecutivo porque “una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”.
El encuentro fue convocado de urgencia por el presidente del Interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, ante la decisión del kirchnerismo de convocar “intempestivamente” para el martes a la tarde a un plenario de comisiones, para darle un dictamen exprés al proyecto de Reforma del Ministerio Público Fiscal.
De la cumbre participaron Negri, Cristian Ritondo, Juan López (presidentes de bloques de diputados que solicitaron la reunión en carácter de urgencia); los mandatarios Horacio Rodríguez Larreta, el mendocino Rodolfo Suárez, Gerardo Morales, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Miguel Pichetto, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro. Los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau. También el mendocino Omar De Marchi y Maricel Etchecoin.
El proyecto votado por el Senado propone que los procuradores interinos no puedan durar más de 6 meses. Si esto se vota, el actual procurador Eduardo Casal, un funcionario de carrera en el organismo, debería renunciar automáticamente porque hace casi tres años que está en el cargo.
Además, se disminuye la mayoría necesaria en el Senado para la designación del nuevo procurador. Hoy el candidato debe recibir el acuerdo de los 2/3 del Senado (48 votos). En cambio, el proyecto propone que se vote solo por mayoría absoluta, es decir 37 votos, que el Frente de Todos reúne solo, sin consenso con la oposición
Además dispone que procurador tiene un mandato de 5 años (hoy es vitalicio), renovable por una única vez, lo que –a criterio de expertos- incentivaría al elegido a buscar el favor del oficialismo para la renovación de su mandato.
Además, el nuevo procurador quedaría condicionado, toda vez que el proyecto reduce las mayorías necesarias para que los diputados lo acusen por mal desempeño y para que el Senado lo suspenda y lo eche. También pasarían este paso de necesitar los 2/3 a la mayoría absoluta de sus miembros.
Así, la misma mayoría del oficialismo de turno que lo designó, podría correrlo del cargo sin el consenso de los otros bloques.
Además la Comisión Bicameral de monitoreo y control del Ministerio Público del Congreso, que el Frente de Todos controla, elija quién va a suplantar al procurador en caso de licencia o vacancia. Ahora lo reemplaza el procurador con más antigüedad, como pasó con Casal cuando en el 2017 renunció Alejandra Gils Carbó.
