Reconocidos juristas mendocinos advirtieron que organismos realizaron informes y estudios “incorrectos” respecto a la evaluación de la obra Portezuelo del Viento, precisamente en relación al tiempo de llenado de la presa y posteriores beneficios que se recibirían, y enviaron documentos al gobernador, Rodolfo Suárez; y al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que evalúen acciones al respecto.
Alejandro Pérez Hualde y Miguel Mathus Escorihuela fueron quienes insistieron en el análisis del beneficio o no del levantamiento de la megaobra, y marcaron que el informe técnico de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa) que solicitó Simón semanas atrás sobre la obra, tiene “imprecisiones” que afectarían a los cálculos hídricos y económicos que se realizaron para evaluar si Portezuelo del Viento sería o no conveniente para Mendoza. También se unió en otra presentación el profesor de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Marcelo Giraud. Desde el Gobierno provincial defendieron el trabajo realizado por Emesa y sostuvieron que “ningún actor del Coirco ha cuestionado lo que estos juristas reclaman”.
Recordemos que los abogados pidieron al Fiscal de Estado que estudiara la posibilidad de suspender el avance de Portezuelo, que está en etapa final de licitación, por los “inevitables daños al patrimonio de la Provincia” que podrían tener las “nuevas condiciones fácticas, jurídicas y económicas que impactan sobre los parámetros tenidos en cuenta para la planificación de la obra y que hoy se han visto sustancialmente modificados tornándola en antieconómica y perjudicial para la economía general de la provincia”.
Fuentes del Gobierno provincial indicaron que “esta gente trabaja en contra de Mendoza, ningún actor del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) ha cuestionado lo que estos juristas reclaman, llenado del embalse, ni la secretaría de recursos hidricos de la nación. Pero cuestionan a expertos de trayectoria. Interpretan las conclusiones técnicas erróneamente, quizás por no ser especialistas. Pareciera malintencionado”.
La respuesta de los voceros indica además que “Esta manera de entorpecer fuera de tiempo y desconocer las respuestas del fiscal, genera mucha oscuridad al futuro de Mendoza. Han abierto una puerta muy compleja, donde cualquier persona puede cuestionar los informes técnicos de instituciones de la República”.
Simón en su dictamen del 13 de agosto entendió que el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento “no resulta ilegal ni manifiestamente irrazonable, no teniendo por tanto la Fiscalía de Estado atribución ni motivación suficiente para recomendar que se declare su fracaso”, pero indicaron los juristas que sí formuló algunas advertencias de previo cumplimiento, “respecto a la realidad hídrica, las nuevas condiciones en la generación de energía y un panorama jurídico incierto por presentaciones ante la Corte Suprema sobre cuestionamientos a la obra”.
En este sentido, Simón se apoyó en el cuestionado informe de Emesa en lo que compete al llenado de la presa. En su dictamen, marca que la disminución de caudales del río Grande en la última década “resulta un hecho incontrovertible que genera incertidumbre”, pero destacó que la simulación del llenado de presa realizado por Emesa “considerando su cierre desde los años 2010 a 2017 (de gran escasez hídrica), concluyen que el embalse se llenaría en un plazo máximo de 4 años y estaría en situación de empezar a generar energía en no más de 12 meses desde el cierre”.
Advertencia
En diálogo con Pérez Hualde, el ex ministro de la Corte sostuvo que en estos informes que solicitó el Fiscal de Estado a Emesa “nos encontramos con cálculos correctos entre comillas pero que parten de bases que no son ciertas”.
Por un lado, sostuvo que la simulación de llenado hecha por Emesa no cumple con la cuota mínima de caudal que se debe entregar a las provincias aguas abajo, lo que podría ocasionar un problema si las jurisdicciones del Coirco no aceptan ese número menor (que sería de una reducción del 30%).
En tanto, en el plano económico expresó que Emesa “tomó erróneamente” como referencia un cálculo de cobro de U$S 79 dólares por MWh que supuestamente percibiría la presa El Tambolar de San Juan, “algo imposible porque la presa se encuentra en plena construcción y ni siquiera ha generado energía”.
De hecho, la presentación de Giraud acota que las simulaciones de primer llenado del embalse y de generación hidroeléctrica que Emesa presentó a Fiscalía de Estado “no cumplen con las normativas vigentes para las aguas de los ríos Grande y Colorado -en especial las Actas 812, 814 y 816 del Comité Ejecutivo del Coirco-, ni se adecuan al contenido del Estudio de Impacto Ambiental Regional realizado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral”.
“Emesa aclara que como los derrames anuales durante 2010- 2020 son siempre menores a 3.000 hm3 en Buta Ranquil, para poder simular el llenado le resulta necesario construir una hipótesis. Esto es, una mera suposición a partir de datos que le sirven de base para sostener su argumentación”, insiste el profesor en su escrito a Simón.
Por estos dos motivos, Pérez Hualde y Mathus Escorihuela argumentaron que no es posible extraer del informe de Emesa “la racionalidad necesaria” sin tener previamente aseguradas, por un lado, “la conformidad expresa de las integrantes del Coirco con esa disminución del caudal acordado y vigente hasta la fecha en su beneficio en una nueva acta”, y por otro lado, “el mismo nivel tarifario que habría obtenido como promesa la provincia de San Juan para su obra ‘El Tambolar’ sobre el cual se han montado todos sus cálculos económicos teóricos”.
Finalmente, destacaron al Gobernador que el trabajo de Emesa “carece de racionalidad y es ilusorio”, y concluyeron que el dictamen de Simón, “lejos de constituir un apoyo al avance de la contratación, introduce una cantidad seria y compleja de condiciones previas”.
