En la justicia se empiezan a normalizar los funcionamientos de algunos órganos, uno de ellos es el Jury de Enjuiciamiento que paralizó sus actividades en marzo. Con la asunción de Dalmiro Garay en la presidencia de la Suprema Corte, avanzó en el levantamiento de las actividades y fijó reunión para el 6 de agosto, con una agenda nutrida.
Por un lado se analizarán 4 pedidos nuevos de sanciones y serán los 7 ministros del máximo tribunal, además de 7 representantes de la Cámara de Diputados e igual cantidad de la Cámara de Senadores, quienes decidan si se avanza en las denuncias o no.
Además, se estableció que el caso de Antonio Sánchez Rey, juez de la quinta cámara laboral y suspendido hace un año, también forme parte de la jornada. Es muy posible que no se fije fecha de inicio del proceso oral en su contra, pero sí se analizará el estado de la causa. Fuentes judiciales confirmaron a Los Andes que la etapa de prueba está casi completa, sólo falta una pericia contable que aún no se ha entregado.
Así las cosas, se estudiarán los casos conocidos de María Fernanda Sarcinella y del fiscal Fernando Guzzo, pero además dos nuevos que ingresaron –también por mal desempeño de sus funciones- por la jueza Andrea Fabiola Montangna, a cargo del Juzgado N°2 de Familia de San Rafael y otro por el fiscal correccional Gustavo Felhmann, quien se desempeña en la Fiscalía Correccional N°5 de la Primera Circunscripción Judicial.
Uno de los inconvenientes que trajo demoras sobre todo para los nuevos pedidos fue la legislación que establece que la primera sesión debe ser secreta, por esa razón no se avanzó vía ZOOM como han hecho otros organismos. Allí se examina la procedencia de cada denuncia y se establece si hay causa suficiente para la formulación del enjuiciamiento. La votación nominal de todos sus miembros es la que da luz verde o roja a la denuncia.
El caso de Sarcinella, asesora de Menores e Incapaces en Las Heras, tiene como denunciante a su “jefa”, Mariana Silvestri, titular del Ministerio Público de la Defensa, quien pidiera formalmente el Jury de Enjuiciamiento para la abogada de pobres y ausentes.
La magistrada cobraba de 180.000 a 200.000 pesos mensuales y había solicitado la licencia por síntomas de fatiga e insomnio. Durante los dos años de ausencia, 64 días no estuvieron justificados con la dolencia que la aquejaba, por lo que el Ministerio Público de la Defensa le suspendió el pago del sueldo. En marzo, se denunció el caso ante el Jury.
Por Fernando Guzzo, Jefe de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, también hay una solicitud que data de marzo por pedido de la diputada Laura Chazarreta (Frente de Todos-Partido Justicialista).
La legisladora argumenta que en sus alegatos en el juicio contra Claudia Cortez, acusada de asesinar a su esposo -quien ejercía violencia contra ella-, ignoró por completo la perspectiva de género, reflejada en la Ley Nacional 26485, plenamente vigente.
El tercer pedido es por la magistrada Andrea Fabiola Montagna, del Juzgado N°2 de Familia en San Rafael, quien es denunciada por Ariel Esteban Benedetto, también por mal desempeño de sus funciones. El denunciante, quien vive en San Rafael por motivos laborales, acusa a la magistrada por las actuaciones que viene teniendo desde hace 3 años y medio aproximadamente, manifestando que han perjudicado el vínculo con sus hijos.
Considera que las decisiones de la titular del Juzgado N°2 de Familia de San Rafael, inclinaron la balanza en favor de la madre de sus hijos y que fue perjudicado, excluyéndolo de la vida de los mismos.
Finalmente, el fiscal Gustavo Fehlmann, de la Unidad Fiscal Correccional, enfrentan una acusación por mal desempeño de sus funciones según expresa Raúl Alfredo Ahumada en la nota formal.
La acusación sobre el funcionario judicial es porque éste archivó una causa que recayó en su fiscalía, que según asegura Ahumada, tenía los hechos probados.
