La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci es una de las personalidades mendocinas de más trascendencia por su constante aporte académico y científico luego de varios años de haber abandonado la magistratura.
En una entrevista con Los Andes analizó aspectos de la actualidad política y judicial de nuestro país con una mirada prudente, pero muy exigente, de las circunstancias que condujeron al deterioro de la imagen de la Justicia.
-¿Qué opinión le merece la reforma judicial que impulsa el presidente Fernández? Aduce que se debe terminar con un “oligopolio” de los jueces federales.
-Si con lo de oligopolio se quiere significar que hay pocos jueces penales federales para muchos funcionarios de la Nación acusados de corrupción, debo opinar que la transparencia y la eficacia que devolverán la confianza de la sociedad en la Justicia no pasará por designar más jueces federales penales, sino por incentivar los mecanismos de prevención, para que no haya tanta corrupción, tal como dice la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas que la Argentina ratificó por ley 26.097 en el año 2006, cuyas obligaciones venimos incumpliendo, como la de tantas otras previstas en otros documentos internacionales.
De todos modos, lo dicho no significa que la Justicia Federal, penal y civil, no necesite cambios. Por el contrario, está fuera de discusión que es un sistema burocrático caro, cerrado, que sigue utilizando un lenguaje incomprensible para la mayoría de la gente y que no sabe trasmitir las razones jurídicas de las decisiones que toma.
-Con un todo didáctico, la doctora Kemelmajer aportó a la respuesta anterior una serie de consideraciones que consideró pertinentes en base a lo que la ciudadanía conoce de la Justicia.
-En primer lugar, la mayor parte de la población distingue entre el gobernador y el presidente, entre el diputado provincial y el nacional, pero le resulta difícil entender las diferencias entre un juez federal y uno provincial. No sabe cuál es el rol de uno y otro. Como mucho, quizás sepa que si una persona es acusada de tráfico de drogas la juzgará un juez federal.
Cuando se produce algún hecho que afecta de modo particular a personas determinadas, como un homicidio, la gente pide que se haga justicia, pero con esa expresión siempre piensa en un juez penal. Rara vez los medios comentan decisiones de jueces civiles que no estén vinculados a temas que afectan a grupos, como pueden ser los derechos de los consumidores, etc. Pero, todos estos temas son tratados por la justicia provincial, no por la federal. Las cuestiones vinculadas a la corrupción de los funcionarios públicos, que deberían conmover a toda la población, son tratados por jueces penales, federales o provinciales, según que el poder que integre el funcionario acusado, nacional o provincial.
-¿Coincide en que en el deterioro de la Justicia influyen, sobre todo, componendas entre el poder político y el judicial? Es otro concepto del Presidente.
-Sí, coincido con esa frase, pero también aquí debo hacer aclaraciones. Tales ‘componendas’ responden a muchas causas; una muy importante es la terrible confusión sobre la función del juez, o sea, qué hacen o deberían hacer los jueces. Generalmente, y con pocas excepciones, cada presidente que asume, y en el orden provincial cada gobernador, cree que con él comienza una nueva fundación de la República, o de la provincia, y exige una ‘justicia de acompañamiento’ de esa nueva etapa fundacional. Por lo tanto, si el juez no responde a la ideología de turno, o sea, la que responde al partido que ganó la última elección, por eso hablo de mayorías ocasionales, supuestamente es un mal juez porque no escucha ‘el grito de la mayoría de la sociedad`. Los jueces que no saben o no pueden resistir a esa presión, a la que en numerosas ocasiones se agrega la de algunas empresas que dominan al poder político, son la principal causa del deterioro del sistema judicial, en tanto el ritmo de los expedientes, agilidad o retraso, y la decisión final dependen de tal mayoría ocasional.
Quiero agregar otra causa muy importante del deterioro: la creencia de que no es necesario que el juez sepa derecho, porque para eso están los ‘relatores’, o empleados que trabajan para él. Tales expresiones, especialmente cuando son pronunciadas por políticos que cuentan con adhesión popular, implican una terrible desviación, porque asimilan al juez a un funcionario de la administración, cuya misión es ‘gestionar´ bien lo que otros hacen.
Un juez que no conoce en profundidad el sistema jurídico, especialmente si pertenece a un Superior Tribunal, no es un buen juez, por muchos empleados que tenga a su alrededor, pues su función es decir el derecho, haciendo justicia en el caso concreto y, además, establecer criterios que pueden servir para situaciones similares, creando de este modo seguridad jurídica. El error que señalo, en cambio, produce la burocratización del Poder Judicial, uno de sus grandes males.
-¿Está de acuerdo con la propuesta de crear un consejo “para afianzar la administración de justicia”? Será consultivo del Ejecutivo y lo integrarán personalidades del mundo académico y judicial.
-El mayor o menor éxito de estos consejos depende de las personas que lo integran y también de las mayorías ocasionales a las que me he referido antes. El ejemplo paradigmático es la comisión designada por el presidente Alfonsín, conocida como del “Nunca Más”. Su bien ganado prestigio y su coraje cívico fueron puestos en duda por grupos que, posteriormente, ocuparon importantes puestos de poder político y económico.
-La gestión del gobernador Cornejo impulsó una serie de reformas en la justicia local que derivaron en cambios, como la oralidad en los procedimientos o el juicio por jurado. ¿Cómo vio ese proceso?
-Me hubiese gustado más si la iniciativa hubiese sido de la Suprema Corte. Hay que reconocer que en las comisiones de trabajo participó gente del Poder Judicial, pero para la sociedad estas reformas fueron del Ejecutivo y, realmente, no está tan equivocada la gente, porque, en definitiva, la última palabra en cada tema discutido la tuvo el Poder Ejecutivo. Los jueces que llevan adelante los progresos que pueden existir son invisibles para la sociedad, que sigue pensando que la mayoría no tiene un verdadero compromiso con la función y, por eso, no trabajan lo suficiente.
-Desde su punto de vista, ¿hay en este tiempo en la sociedad argentina debates políticos inconclusos, o que directamente no se plantean, que retrasan la aprobación de leyes que la sociedad necesita?
-Sí, hay debates políticos inconclusos, otros que no se plantean y numerosos que se plantean mal, por gente que o no conoce lo que sucede en la sociedad, o transmite sus ideas de modo absolutamente dogmático. La frase ‘salvemos las dos vidas’, el celeste de la bandera como símbolo de la posición etc, muestran claramente esa verdadera manipulación. Por eso, no existe un verdadero debate; no se discuten los argumentos expuestos por uno y otro sector; no hay diálogo, sino monólogos sucesivos. Desde esa posición, no se puede avanzar.
