La causa Tupac Amaru está paralizada. A tres años del comienzo de la investigación por presunta estafa en la construcción de viviendas sociales con fondos públicos, ha tenido todo tipo de incidentes que han frenado su avance. Hoy, la pandemia del coronavirus, la jubilación del juez que la tenía a cargo y también el cambio de fiscal han sumado complicaciones en una causa en que la grieta política también participa, teniendo en cuenta con el recambio de gobierno a nivel nacional la lupa de la Justicia sobre la Tupac en el país se fue retirando.
Si bien son muchas las causas abiertas en Mendoza contra la organización social que lideraba Nélida Rojas, se pueden agrupar en dos: una por asociación ilícita que data de 2017, cuando la fiscal que comenzó la investigación, Gabriela Chaves, detuvo e imputó a Rojas y gran parte de su familia; y otra causa por fraude a la administración pública, que surgió en 2018 y en la que se imputó también al ex titular del IPV Omar Parisi y al intendente de Lavalle Roberto Righi.
Esta última es la que más avanzada está, pero las razones mencionadas la han frenado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Marcos Pereira, juez del Tribunal Penal Colegiado 1 que la tenía a cargo, se jubiló el mes pasado y aún no tiene reemplazo.
Desde el Poder Judicial indicaron que se deberá sortear otro juez que siga con la ronda de audiencias que no se terminó de hacer Pereira, en las cuales los abogados defensores de los imputados plantearon diversas nulidades de la causa.
Mientras tanto, por segunda vez el Ministerio Público decidió cambiar al fiscal de la causa, ahora en manos de Flavio D’Amore, actual fiscal de Delitos Económicos, quien hasta mayo había estado en Homicidios.
La mayor parte de la investigación estuvo a cargo de Chaves, quien está de licencia médica desde comienzos de este año. Y a fines de 2019 el procurador Alejandro Gullé había decidido sumar a la causa a la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi; al fiscal en jefe de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi; y al fiscal adjunto en lo penal, Gonzalo Nazar. Sin embargo, con la nueva reestructuración, ahora está D’Amore a cargo de las dos causas, con la ayuda de Capizzi.
Audiencias suspendidas
Por si faltaban contratiempos, en marzo llegó la pandemia del Covid-19 y la paralización que hubo en el Poder Judicial afectó de manera negativa a la continuidad de la investigación.
Alfredo Guevara, abogado defensor de Rojas y su familia, indicó que “todas las audiencias de la causa por fraude a la administración quedaron insólitamente paradas por estos acontecimientos”. Y agregó que Pereira había asumido “luego de que varios se inhibieran”, por lo que consideró que “nadie quiere hacerse cargo de una causa en la que todos saben que no hay delito”.
Para el letrado, quien desde el principio fustigó a la fiscal Chaves acusándola de ser un instrumento de Gullé y el ex gobernador Cornejo para meter presa a Rojas, la causa “está mal hecha desde un primer momento, porque partió desde la especulación. Se dijeron muchas cosas por la prensa que luego en el expediente no están. Las casas están, así como también los materiales”, comentó por lo que concluyó que “todo apunta a la nulidad de la acusación”.
Sin embargo, del lado de la acusación aseguraron que siguen con el objetivo de probar que la organización se manejó a través de estafas y coacciones en la construcción de casas “a toda la gente que participó y que no recibió viviendas, sino que se trató de una clara intencionalidad política y también económica”. Además, dejaron en claro que “la familia Rojas tiene que probar que todos los bienes que tienen -hoy embargados- los pueden respaldar con su trabajo”.
Mientras tanto, el Gobierno Provincial finalmente se constituyó como querellante de la causa por fraude al Estado. Si bien en marzo el juez Pereira había rechazado dicha actuación, desde el Ejecutivo indicaron que se saldaron algunos “detalles técnicos” y que se volvió a querellar. Guevara, curiosamente, respondió que no se opusieron en esta oportunidad “porque el gobernador es Rodolfo Suárez y no Alfredo Cornejo”; e insistió en que “si Righi está imputado, Cornejo debería estarlo también porque firmó la construcción de casas de la organización en Godoy Cruz”.
