Tal como trascendió en las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este jueves la inconstitucionalidad de la ley que impulsó Cristina Kirchner y con la que en 2006 se modificó la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (CM), el organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces.
“La ley 26.080 debe ser declarada inconstitucional, porque hay una ‘demostración concluyente’ de que a lo largo de dieciséis años de vigencia se ha quebrado la regla de no predominio y surgieron falencias que ponen seriamente en riesgo la independencia del Poder Judicial”, concluyó el máximo tribunal de Justicia.
La CSJ se pronunció así sobre las reformas que el Congreso de la Nación aprobó durante la presidencia de Néstor Kirchner para reducir de 20 a 13 el número de integrantes de la Magistratura y modificar los criterios para acceder al quórum necesario para sesionar.
A saber, aquella ley estableció que el organismo se conformaría con 3 representantes del Poder Judicial; 6, del Poder Legislativo; 2 de los abogados; 1 del Poder Ejecutivo, y 1 del ámbito científico y académico. Además, se resolvió que “el quórum para sesionar será de 7 miembros”, lo que dejó en una posición de ventaja a los referentes del ámbito político.
Es ese formato, vigente hasta la fecha, fue el que cuestionaron ante la Corte fundamentalmente porque atentó contra el principio de “equilibrio” de fuerzas que debe respetar el Consejo, tal como lo indica el artículo 114 de la Constitución Nacional.
Además de declarar inconstitucional la reforma del 2006, que impulsó Cristina Kirchner como senadora con la colaboración de los entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández y ministro del Interior Aníbal Fernández, la Corte ordenó al Consejo de la Magistratura a adecuar su conformación a los términos establecidos en la ley anterior, es decir, la 24.939.
Para ello, el máximo tribunal de Justicia estableció un plazo de 120 días, en el que el Consejo deberá volver a ser presidido por el titular de la Corte, cargo que actualmente desempeña Horacio Rosatti, y deberá cumplir con la composición de 20 consejeros. Además de Rosatti, se deberán sumar 2 representantes de los abogados, 2 del Poder Legislativo, 1 del ámbito académico y científico y 1 de los jueces.
Mientras tanto, se le solicitó al Congreso de la Nación que dicte “en un plazo razonable una nueva ley que organice” ese cuerpo judicial. Justamente, el Gobierno nacional giró días atrás al parlamento una iniciativa que propone fijar en 17 el número de integrantes del CM, pero no contempla que la conducción quede en manos de la Corte.
La propuesta de la administración de Alberto Fernández apunta a que el Consejo lo conformen 4 referentes de los jueces, 6 del Poder Legislativo, 4 de los abogados, 2 del mundo académico y 1 del Poder Ejecutivo.
La definición se interpretó como un revés para el kirchnerismo, en tiempos en los que se reactivaron las críticas y las acciones para promover cambios en el Poder Judicial. No es casual, cuando el Congreso aprobó la ley 26.080, para celebrar los cambios el entonces presidente Kirchner afirmó: “Hemos vencido al Pacto de Olivos”, en alusión al acuerdo entre Raul Alfonsín y Carlos Menem que fue la base para la reforma constitucional de 1994 con la que se creó el Consejo de la Magistratura, y aseguró que el nuevo esquema representaba un “golpe a las corporaciones”, entre ellas, la judicial.
El nuevo embate del oficialismo contra la familia judicial tomó fuerza recientemente. Incluso, el ministro de Justicia Martín Soria relanzó cuestionamientos tras una breve reunión que mantuvo con los cuatro integrantes de la Corte, Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
“Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”, afirmó el funcionario nacional.
Y este miércoles, el presidente Fernández aprovechó su exposición en el Consejo Económico Social para pedir que se inicie un debate social sobre el mejor modo de seleccionar y elegir a los jueces” y “establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La portavoz presidencial Gabriela Cerruti reforzó este jueves esa idea, al ratificar que en el Gobierno nacional se analizan proyectos para avanzar con una “reforma del sistema judicial y de la Corte Suprema” de Justicia porque, justificó, el Poder Judicial “no funciona”, “es lento” y “arbitrario”.
“Una reforma del sistema judicial, que incluye también una reforma de la Corte, es uno de los temas que nosotros tenemos permanentemente en debate”, reconoció Cerruti.
Seguido, la funcionaria explicó que varias propuestas ya se trataron en la comisión especial que creó el presidente Alberto Fernández para evaluar y proponer cambios en el Poder Judicial y que otras trabaja el Consejo Económico y Social que, adelantó, tiene previsto presentarlas el próximo año.
Cerruti aprovechó para renovar las críticas contra el Poder Judicial porque, advirtió, “no resuelve los problemas de los ciudadanos”. “Con respecto a la Corte a la Justicia, nosotros venimos diciendo que entendemos que la Justicia como está no funciona, que es una Justicia lenta”, definió.
