Tras siete meses de dilaciones e idas y vueltas, la Suprema Corte de Justicia sigue sin definir qué ocurrirá con los celulares que desde el 2020 tienen en su poder más de la mitad de los presos de Mendoza, en medio de un contexto en el cual el Gobierno Provincial trabaja para inhibir las señales, con el objetivo de evitar que delincan desde el interior de las cárceles.
Lo que en un principio se tomó como un tema para ser resuelto de forma urgente, la realidad es que los meses pasaron y a la fecha todavía no hay una resolución, que recayó a comienzos de año en la Suprema Corte de Justicia.
La cuestión de los celulares en las cárceles fue sorteada y cayó en manos de los ministros José Valerio, Teresa Day; y el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay.
Fuentes de Tribunales expresaron a Los Andes que los votos y resoluciones de los dos primeros “ya están listos”, y que faltaría solamente el de Garay.
La conflictividad de “fin de año”
No obstante, respecto a los tiempos, aún no está establecido cuándo podría salir dictaminado el mismo, aunque hay quienes sostienen que disponer la quita efectiva de los celulares a los presos en las cercanías de fin de año, sería, al menos arriesgado, ya que podría ocasionar en un futuro cercano problemas en las penitenciarías.
Así lo cree el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, quien fue el que dispuso la quita de los móviles a los presos el 10 de enero de este año. En diálogo con Los Andes, consideró que no sería el momento para sacar el fallo, “sobre todo acercándonos al fin de año”.
“Yo lo resolví en enero, porque considero que pasadas épocas que son más convulsionadas en la cárcel, como en el fin de año, puede ser el momento para rediscutir o para tomar este tipo de decisiones”, dijo. Pero no precisamente llegando a fin de año, que es momento de fiestas y también donde, usualmente, suele crecer la conflictividad social.
Agregó que cuando uno “toma una decisión, tiene que adecuarse no solamente al contexto normativo necesariamente, sino también al contexto fáctico. Entonces hay que evaluar cuál es el impacto de las decisiones en un contexto como la cárcel”, consideró.
De igual forma, el magistrado opinó que posiblemente la Corte se está tomando “el tiempo necesario para evaluar todas las circunstancias porque no es una causa fácil”, e incluso opinó que este tema debería ser resuelto, o al menos discutido, “por la Legislatura, y no por la Justicia. Pero bueno, por ahora se resolverá así”, acotó .
Asimismo, explicó que estableció un proceso de retiro “gradual” porque “no puede hacerse de un día a otro, ya que no es ni operativa ni técnicamente viable”.
De hecho, en sus informes, habló de un proceso “no menor a seis meses”. No obstante, ya han pasado siete meses de su resolución, y aún no hay novedades del cuarto piso de Tribunales Provinciales.
Con relación a cómo se trabajaba antes de la pandemia, Sarmiento expresó que “había una situación híbrida donde se le autorizaba en algunos casos un llamado telefónico a través del propio servicio a aquellas personas que no recibían visitas o no tenían contacto; y por otro lado funcionaban teléfonos públicos. Luego de esas circunstancias, los teléfonos públicos se fueron vandalizando y rompiendo”, añadió.
Largo proceso
Aquel 10 de enero, Sarmiento dispuso la quita de los celulares a los internos, que habían recibido los dispositivos durante la pandemia del coronavirus en 2020, en momentos en los que con la emergencia sanitaria se suspendieron las visitas a los penales por parte de los familiares de las personas privadas de la libertad.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló la decisión de Sarmiento, entendiendo que técnicamente no se podía cumplir todo lo que dispuso en su resolución.
La misma establecía que se debía “garantizar el derecho a la comunicación, con la instalación de telefonía pública, sistema de videoconferencia para permitir la comunicación con las familias y algunas otras disposiciones complementarias”, según contó Sarmiento.
No obstante, fuentes del MPF que conduce Alejandro Gullé, han evitado dar declaraciones al respecto, al margen de que crean o no que el plazo que se ha tomado hasta el momento la Corte pueda llegar a ser extenso. De hecho, aseguran que la opinión “ya la dieron” anteriormente, que “hay que cumplir la ley” y que “se pueden buscar alternativas”.
Cuando hablan sobre “cumplir la ley”, se hace referencia al Código de Ejecución de la pena privativa de la libertad, en su artículo 98, que establece las infracciones disciplinarias en las cárceles. Entre las enumeraciones de las faltas medias se encuentra la de “utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o terminales móviles de comunicación”.
Por otro lado, en su momento el MPF habló sobre tres tipos de modalidades delictivas que transcurren con el poder de los celulares en manos de los internos y el riesgo que representa demorar el procedimiento: publicaciones en redes sociales para compra y venta de artículos; compra de teléfonos con comprobantes apócrifos; y denuncias online con fines extorsivos.
Trabajo ministerial
No obstante, desde el ministerio de Seguridad, que también aguarda por la resolución de la Corte, aseguraron que respecto a las estafas y diversos delitos que suelen realizarse desde la cárcel, en los últimos meses no han tenido “causas vinculadas a los IP” (ndr: información de cada dispositivo que revela la geolocalización, entre otros datos) de las cárceles.
En paralelo, aseguran desde la cartera que dirige Mercedes Rus, que el trabajo de reorganización del sistema penitenciario de Mendoza y la reclasificación de los internos -que ha contado Los Andes en ediciones anteriores- ha generado modificaciones y mayores controles con respecto al uso de los celulares en las cárceles.
De hecho, pusieron en relieve resoluciones de los meses de abril y julio, en el cual indicaron, por un lado, que aquellos que ingresan desde esa fecha a la cárcel “no pueden tener celulares”; y por otro lado, que el nuevo reglamento de “alto perfil” de los internos que tienen perfiles más “peligrosos”, o que se “resisten” al tratamiento que propone el servicio penitenciario para lograr una “reinserción”, implica mayores controles, y restricciones a la hora de tener acceso a un dispositivo electrónico.
Cómo sigue el proceso de las inhibiciones
Mientras tanto, sin tantos avances respecto a la instalación de los inhibidores tal cual lo pensó el actual ministro de Defensa, Luis Petri; el ministerio de Seguridad avanza junto a la cartera nacional que dirige Patricia Bullrich, para que puedan inhibirse no las zonas, sino los celulares de los internos, con la aplicación de un programa liderado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); y que no tendría costo alguno para Mendoza.
“Es un sistema superador porque permite que las líneas oficiales funcionen; y las no registradas las tome el programa como una ‘falsa línea’ y la inhiba”, aclararon desde Seguridad.
Este trabajo comenzó a plasmarse en junio de este año a través de una reunión del Consejo Federal Penitenciario (Cofepe).
Desde allí, se solicitaron a las compañías de telecomunicaciones que prestan servicio en todo el país “la provisión de inhibidores de comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles, los que resultan imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos principales en materia penitenciaria y para contribuir a la seguridad comunitaria, financiando la instalación, implementación y mantenimiento de un sistema de inhibidores del tipo IMSI CATCHER en los establecimientos penitenciarios pertenecientes a los Servicios Penitenciarios del ámbito federal y provinciales”.
En tanto, también se solicitó al Enacom que “regule la utilización de esta tecnología y arbitre las medidas necesarias para viabilizar la ejecución de la instalación de los dispositivos mencionados”.
Asimismo, desde el Servicio Penitenciario destacaron que se ha planteado a las compañías de telecomunicaciones que inhiban a determinados números o IP; “pero para ellos son clientes, no personas a las que haya que inhibir”, por lo que de esta forma se intenta establecer un canal formal a través del Cofepe.
De igual forma, respecto a los delitos de estafas, acotaron que, de los 6.500 internos, “el nivel promedio no tiene la primaria completa, por lo que desde el punto de vista de la educación y la habilidad, no todos tienen la capacidad de estafar en esa magnitud, pero igualmente hay gente que lo hace. Esa gente es la que nosotros, en este nuevo reglamento de clasificación, la pasamos al reglamento de ‘alto perfil’”; y deja de tener acceso a los celulares.
En tanto, acotaron también que respecto a la inhibición de las señales, hoy es un problema establecerlo en zonas como San Felipe y Boulogne Sur Mer; y lo mismo en la cárcel de San Rafael, ya que generaría problemas de señal en zonas urbanas, tales como domicilios, así como también las instalaciones del Polo Judicial.
“El Invap ya dijo que no se puede porque se inhibirán las señales de zonas aledañas” agregaron; y también establecieron que no sería justo tampoco inhibir en algunas cárceles y no hacerlo en otras “porque todos los presos van a querer estar donde no hay inhibidores”.
