La Sala II de la Suprema Corte de Justicia aceptó una medida cautelar que presentaron 22 funcionarios equiparados a magistrados, a quienes la Legislatura había dispuesto a través de una ley la eliminación de este “rango” en el Poder Judicial, para evitar que aquellos que no son jueces, fiscales o defensores oficiales, cobren como tales. Esos funcionarios cobraban sueldos que van de los 278 mil pesos hasta los 625 mil pesos.
De esta manera, la Sala II del Máximo Tribunal ordenó al Poder Ejecutivo a abstenerse de aplicar medidas que alteren sus sueldos, hasta que se resuelva el tema de fondo, lo que provocó el malestar del Poder Ejecutivo, ya que era del gobernador Rodolfo Suárez.
Si bien hasta el momento no se habían aplicado las bajas salariales, en el fallo resuelto la Justicia ordena al Ejecutivo “que se abstenga de emitir acto o medida que de modo alguno altere la actual situación de revista o el modo en que se liquidan y abonan los haberes de la accionante hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos”, es decir, la constitucionalidad o no de la ley que eliminó la equiparación a magistrados de los funcionarios judiciales.
La historia de los altos salarios de los equiparados comenzó cuando el Gobernador presentó un proyecto de ley luego de conocer el sueldo de Elizabeth Carbajal, la secretaria privada del entonces presidente de la Corte, Jorge Nanclares, que en marzo de este año percibía un sueldo de bolsillo de $406.818. “En nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías”, expresó Suárez, y semanas después envió un proyecto de ley que, si bien contemplaba con terminar con los cargos de 78 personas, terminó abarcando 26 funcionarios judiciales.
Con este recorte, según los cálculos del Gobierno, el Estado se iba a ahorrar 135 millones este año, sin contar las actualizaciones salariales. Los magistrados de Mendoza (y por lo tanto también los “enganchados”) actualizan sus salarios al mismo ritmo que la Justicia Federal.
Entre los fundamentos que plantearon Palermo y Adaro, indicaron que se impone atender al planteo cautelar “en cuanto la duda apuntada involucra a quien revisten en planta permanente y gozarían de la estabilidad constitucional en el Empleo Público”.
Además expresaron que “ante la incertidumbre que se denuncia, el peligro en la demora y/o la urgencia como presupuesto de procedencia de la medida, se halla acreditado con sustancia suficiente, la administración cuenta con un plazo breve para cumplir con las disposiciones contenidas en la norma, de allí que este acontecimiento jurídico cierto podría conducir a la consumación, respecto de la accionante, de la aplicación de la normativa en cuestión con las consecuencia irreparables que ello conlleva respecto de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad, a la carrera, al salario y a la protección integral de la familia, amparados por la Constitución Nacional”.
En tanto, destacaron que “resulta prudente y aconsejable disponer cautelarmente ordenar al Gobierno de la Provincia que, a través de sus dependencias competentes en la materia, se abstenga de emitir acto o medida que de modo alguno altere la actual situación de revista o el modo en que se liquidan y abonan los haberes de la accionante hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos”.
La causa volvió a evidenciar la grieta judicial, ya que Palermo y Adaro –enrolados en el ala peronista- aceptaron la medida cautelar, mientras que José Valerio –del ala radical- se mostró en disidencia.
Valerio destacó que “no se advierte la patente ilegitimidad del acto legislativo cuestionado, cuya dilucidación exige una instancia con amplitud de debate y prueba, que exceden del conocimiento provisorio de una precautoria”.
También sostuvo que no se ha probado que su cumplimiento “ocasione un perjuicio irreparable a los derechos constitucionales que la peticionante denuncia como conculcados”, teniendo en cuenta que en su caso “los mismos pueden ser objeto de indemnización o de restitución”.
Los beneficiarios de ayer fueron, entre otros, Carlos Quiroga Nanclares (secretario de Gestión y sobrino del ex presidente de la Corte Jorge Nanclares) Eleonora Lamm (subdirectora de Derechos Humanos), Milagros Noli (directora de Derechos Humanos), Javier López (subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia), Romina Cucchi (subdirectora de Ejecución Penal); Beatriz Chaves y Sandra Canese (inspectoras del ministerio Público Fiscal); Gerardo Gonzalez; Jorge Frigerio (contador); Mario Gabriele, Jorge Rubio, Alfredo Clavel y Alberto Tonelli (inspectores), Javier Salinas Diaz (director del Cuerpo Médico Forense), Gustavo Daniel Abaca (director de Contabilidad), Hugo Correas (jefe de Recursos Humanos), Silvina Cataldo (subdirectora de Contabilidad), Mariano Jesús Cano (director de Informática), Beatriz Naves (directora del Cuerpo Auxiliar Disciplinario) y Mónica González (administradora del Poder Judicial).
El Ejecutivo espera, la defensa festeja
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, dijo que “es una decisión de la que no podemos estar de acuerdo, porque la Ley, que sigue vigente, busca ajustar una situación injusta respecto a las funciones y las remuneraciones que tienen los equiparados”.
“Somos cautelosos, pero el resultado que se resolvió es que seguirán percibiendo salarios muy por encima que el Gobernador. No persigue un resultado objetivamente justo”, resaltó, y declaró que desde el Gobierno se espera que el análisis del fondo de la cuestión “tenga un resultado diferente”.
Desde el lado de la defensa de los empleados del Poder Judicial, celebraron la medida cautelar. Ernesto Bustelo, uno de los abogados, sostuvo que esperaban “que la Justicia cumpla su función de mantener las cosas hasta que se resuelvan”.
También destacó que la ley “genera incertidumbre respecto de los destinatarios”, por lo que están a la espera de la resolución de la declaración de certeza, y añadió que “lo que se entiende es que corresponde ordenar que no se ejecute ningún acto que les altere la condición, jerarquía, nivel y salario, y también precisar que lo que está en juego es retroceder 10 años en una carrera judicial que en muchos casos se transitó por concurso”.
En tanto, Guadalupe Simone Cajal agregó respecto a la cuestión de fondo que hay muchos argumentos por los que creen que la ley es inconstitucional, y marcó que “hay derechos alimentarios y laborales en juego que la ley de alguna forma desconoce. Por supuesto que el Poder Legislativo puede dictar normas, pero siempre y cuando aplique al futuro. La ley pretende que sea retroactiva en este caso y eso conlleva la vulneración de derechos fundamentales”.
