La Suprema Corte de Justicia debe resolver algunas causas que son anteriores a la reforma en la que está claro qué asuntos se resuelven en plenario. Hay casos en los que hay expedientes similares tanto en la ex Sala Primera como en la Segunda. Para evitar sentencias contradictorias se llama a plenario para que sean los 7 miembros quienes decidan.
Los tiempos insondables del máximo tribunal impiden tener certezas sobre cuándo se resolverán determinados expedientes. Algunos llevan años. Cuando se firma el decreto llamando a resolver, sí corren los plazos en día hábiles. Y eso es lo que sucedió con presentaciones judiciales que hicieron empresas contra el Departamento General de Irrigación que dio cuerpo a la famosa causa “de los pozos”.
“Se está terminando. Estamos pasando los votos. Es un tema complejo porque va a ser, no solamente por la Corte en pleno, sino que a la vez también va a sentar jurisprudencia en una materia que es importante para el sector productivo mendocino. No recuerdo que tengamos otros fallos así de impacto o de alto impacto”, dijo Dalmiro Garay a Los Andes. Además deberán expresarse José Valerio, María Teresa Day, Pedro Llorente, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez.
El conflicto a resolver no es menor porque se trata de la puja por un recurso que escasea en Mendoza como es el agua, ni más ni menos. Una decisión que se viene demorando hace varios años y que eso ha permitido el aumento de inversiones en las zonas ubicadas al sur de Luján de Cuyo.
Hay que remontarse al 2010 y la Resolución 232 de ese año emitida por el Departamento General de Irrigación que en ese momento conducía Eduardo Frigerio. La disposición permitió el otorgamiento de un número limitado de perforaciones en la margen derecha del Río Mendoza a favor de la Cámara de Turismo de Alto Agrelo.
La asociación no era integrada por usuarios sino por empresas y tuvieron prioridad en la concesión de los pozos por sobre 84 pedidos anteriores de productores de la zona. El escándalo se destapó en la era de Celso Jaque y cuando asumió Francisco Pérez, Frigerio renunció al cargo pero había que resolver el asunto.
Recién en el 2013, el Tribunal Administrativo de Irrigación rechazó las 21 concesiones de perforaciones luego de que el propio Pérez lo anunciara en la Vendimia de ese año. Ordenó cegar los pozos (tapar/inhabilitar) y eso abrió la puerta a una estampida de presentaciones judiciales por parte de las empresas que se vieron afectadas por el argumento de Irrigación.
Los accionantes interesados en no perder el uso de estas perforaciones son las empresas Aymuray (con permiso provisorio por tres pozos), KLP SA (dos pozos), Santa Croce SA (un pozo), Bulnes SA (dos pozos), Vignes des Andes (2 pozos), Golf Club Alto Agrelo (cinco pozos); Santa María de los Andes SA (dos pozos) y Cerezas de Argentina SA (tres pozos).
Se repartieron los expedientes en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: 7 fueron a la Sala Primera y uno a la Sala Segunda. Las firmas esgrimieron que entre el otorgamiento del permiso precario del 2010 y el cegado del pozo en 2013, realizaron importantes inversiones como mejoras en procesos productivos.
Como toda instancia judicial que involucra a varios interesados, hubo cautelares y un camino que terminó en el máximo tribunal. Lo cierto es que la decisión de resolver se tomó hace algunos meses y la dilación de los tiempos ha generado molestias entre quienes conocen Tribunales.
“Esas demoras le permitieron a las empresas seguir invirtiendo y que todo valga mucho más. Un fallo en contra lo pagamos todos porque las empresas van a ir a demandar por los daños que les genera esa resolución”, dijo ofuscado un conocedor de estos litigios.
En la causa de Vignes des Andes hay dictámenes del Ministerio Público Fiscal que son del 2018 y se convocó a plenario en el 2021. Mientras que en el expediente iniciado por Bulnes, la opinión es del 2021.
La postura está entre reconocer que se hizo mal el procedimiento del otorgamiento de los pozos y “ponderar los factores sociales, económicos, productivos y ambientales involucrados en el conflicto en trato como así también de toda la región donde se emplazan los emprendimientos de similares características al presente”.
Ya circula un voto al que podrán adherir o no los supremos por lo que la resolución no tardará en llegar porque ya corren los plazos para manifestar sus opiniones.
El fracking y equiparados a magistrados esperan
Tunuyán, Tupungato y Lavalle emitieron ordenanzas municipales prohibiendo el fracking (fractura hidráulica para la extracción de petróleo o gas) en sus pagos. La Fiscalía de Estado reunió las normativas y antes de que estalle algún conflicto, fue a la Suprema Corte de Justicia por la inconstitucionalidad.
El órgano que conduce Fernando Simón busca que haya claridad sobre el tema y argumenta que los municipios no tienen competencia para decidir sobre la política hidrocarburífera. En 2020 se solicitó que resuelve el tribunal en pleno, pero no hubo más definiciones.
Por otro lado, en donde no hay indicios de resolución es en los expedientes que iniciaron los funcionarios judiciales equiparados a magistrados (cobran como tales) luego de la ley impulsada por Rodolfo Suárez para eliminar estas asimetrías. Las equiparaciones fueron firmadas por ministros del máximo tribunal y eso expuso aun más la grieta judicial.
La medida cautelar impulsada por los damnificados llegó a la entonces Sala Segunda y fue aceptada por Mario Adaro y Omar Palermo, pero rechazada por José Valerio. Se espera desde hace bastante un fallo de fondo que resuelva el conflicto.
Luego de emitido el fallo judicial con la ley de tope de sueldos, desde el Poder Judicial advirtieron que durante el 2023 podía resolverse el tema de equiparados que cobran incluso más que el Gobernador. No sucedió y es otro de los plenarios calientes que tiene el máximo tribunal.
Otro asunto salarial a resolver por la Corte es una demanda iniciada por la Asociación de Funcionarios Judiciales por una cláusula que se viene firmando en el Acta de Acuerdo Salarial del 2014 y en adelante. Se la conoce como “la cláusula C” y lo que debe responder el máximo tribunal, según el planteo, es si aumentó la brecha salarial entre magistrados y funcionarios judiciales.
En términos prácticos, si un año magistrados tuvieron un aumento del 70%, los funcionarios deberían tener el mismo aumento. El litigio arrancó por acuerdos posteriores al 2014 que les habría hecho perder salario en comparación con sus “jefes”.
“Debería haber salido, según el compromiso del presidente Dalmiro Garay, el 1 de diciembre. Nos encontramos que a dos días del 1 de diciembre, sacan un decreto dejando sin efecto los plazos para resolver y ordenaron producir nuevas pruebas. Metimos una vía recursiva porque entendemos que deberían haber suspendido los plazos. Al dejarlo sin efecto se vuelven a tomar todos los plazos para resolver la causa. Todavía no lo resuelven y falta la cuestión de fondo”, explicó el titular del gremio, Marcelo Fekonja a Los Andes.
Edemsa, también entre los pendientes
El Acuerdo Transaccional que firmaron el Gobierno provincial y la distribuidora eléctrica Edemsa renovando la concesión por 20 años despertó la polémica por algunas condiciones. Además, el Poder Ejecutivo había autorizado que la empresa ampliara el objeto de sus actividades.
En noviembre del año pasado ingresó una demanda pidiendo la inconstitucionalidad del Decreto 70/2023 firmado por el entonces gobernador Rodolfo Suárez aprobando el acuerdo con la empresa en la que la Provincia es accionista. También cuestionan la constitucionalidad del decreto 2074 de ese mismo año, firmado por Suárez, sobre la ampliación del objeto de Edemsa.
La estrategia incluyó una medida cautelar para que la firma no pudiera operar con el objeto ampliado. Los firmantes del litigio son la Fundación Nuestra Mendoza, el ex gobernador Arturo Lafalla, el concejal Gustavo Gutiérrez con el acompañamiento de Alejandro Pérez Hualde, ex ministro de la Suprema Corte, en calidad de “amicus curiae”.
El directorio de la empresa votó un nuevo estatuto que fue aprobado por el ex gobernador Suárez y que le permite a Edemsa poder comercializar tecnología propia, dar consultoría, construir líneas eléctricas hasta 132 kilovoltios y plantas de generación de energías renovables.
Los litigantes pidieron que se resuelva en pleno la medida cautelar que, por una cuestión de urgencias, debería resolverse primero. Los ministros ya se dieron por notificados y el expediente ha tenido algunos movimientos pero aun no se llama a resolver. “Sin novedades”, dijo la abogada Alicia Barrionuevo, patrocinante en el caso.
