Se jubiló la Administradora general de la Corte Mónica González, y el presidente de la Suprema Corte Dalmiro Garay, nombrará en su reemplazo al actual director general de Rentas Enzo Rizzo. En las próximas horas se oficializará la designación en una acordada firmada por los miembros del Máximo tribunal.
Un dato curioso del nombramiento. La acordada del nombramiento saldrá firmada por todos los miembros de la Suprema Corte. Al menos en este caso, la célebre grieta judicial no se manifestó, tal como viene sucediendo en casi todas las decisiones con impacto político que salen del Tribunal.
La causa de la unanimidad tal vez sea producto de que Rizzo ingresó a la Administración pública provincial cuando el supremo peronista, Mario Adaro, era ministro de Gobierno de Celso Jaque: el futuro administrador de la Corte arrancó en 2009 como jefe de asesoría letrada del Registro Civil, nombrado por Adaro.
Continuó en el mismo cargo durante la era de Francisco Pérez y, de paso, sumó tareas como asesor letrado del Complejo Penitenciario Almafuerte. Luego, cuando el supremo Garay llegó a esa cartera en la Administración de Alfredo Cornejo, nombró a Rizzo como director del Registro Civil de la provincia.
Cuando Rodolfo Suárez asumió la gobernación, Rizzo pasó a conducir la Dirección General de Rentas de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Otro detalle es que Rizzo no será equiparado a magistrado, sino que será parte del “gabinete” de la Corte, un funcionario de condiciones similares a las de los funcionarios políticos del Ejecutivo y su salario será similar al de un ministro de Casa de Gobierno, es decir 94% del salario del Gobernador de la provincia.
La Administración General de la Corte fue creada por Acordada N° 16.828 del año 2000, para centralizar la dirección y el control de la estructura de apoyo administrativo de la Justicia provincial. Es decir, que el administrador está a cargo de los recursos humano y toda la infraestructura del Poder Judicial.
El primer administrador fue Alfredo Segura. En 2013 llegó la contadora Mónica González, quien anteriormente se desempeñaba como Directora de Contabilidad y Finanzas del Poder Judicial.
Tanto Segura como González estaban equiparados a magistrados, con sueldo equivalente al de camarista. Dicen en los pasillos del Poder Judicial que Rizzo ganará 300 mil pesos menos que la jubilada González.