La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por Julio De Vido en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en el plan de ampliación de gasoductos, que incluyó un contrato con la constructora Odebrecht.
La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, se fundamentó en el incumplimiento de requisitos previstos en el artículo 7, inciso “c”, de la Acordada 4/2007, ya que la defensa del ex ministro no presentó copia del escrito de contestación del traslado.
La causa, identificada como CFP 13404/2007, tomó relevancia luego de que en 2018 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal aceptara el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de constituirse como querellante.
Este fallo, apelado por la defensa de De Vido, quedó firme tras el rechazo de la Corte.
El caso continúa avanzando en la Justicia federal, con un enfoque en las presuntas irregularidades y responsabilidades en la gestión del contrato entre Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) y Odebrecht.
Se trata del expediente que analiza supuestas maniobras ilegales entre exfuncionarios pertenecientes al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y directivos de Cammesa para favorecer a la constructora Norberto Odebrecht S.A., cuya casa matriz confesó haber pagado coimas en Argentina, y direccionar un trámite de contratación vinculado a obras de ampliación de la capacidad de transporte de gas, conocidas como TGS y TGN.
En Argentina, la empresa constructora está involucrada en tres causas judiciales distintas: la investigación sobre el soterramiento del tren Sarmiento; el caso de los gasoductos -dividida en dos tramos-; y el de la planta de Aysa en Tigre -ya elevada a juicio oral y público-.
El foco de las tres es el mismo: el presunto direccionamiento de las licitaciones por medio del pago de sobornos a funcionarios para ser beneficiados en esos proyectos.
La hipótesis acusatoria establece que los funcionarios públicos habrían beneficiado de manera ilícita a Cammesa y a Odebrecht en la adjudicación de contratos para la ampliación de los gasoductos TGS y TGN, por un valor de 2.300 millones de dólares. Y es que, de acuerdo a los elementos recogidos por la acusación, desde el Ministerio de Planificación Federal se diseñó una licitación privada que se ajustaba a los intereses de Odebrecht, alterando las normativas vigentes hasta entonces.
