El cuarto piso de Tribunales, sede de la Suprema Corte de Justicia, es desde hace tiempo una especie de comité político, con jueces identificados con el peronismo o el radicalismo, según el gobernador que los llevó al tribunal. Por eso, la nominación de Teresa Day para ocupar el cargo que deja vacante el histórico Jorge Nanclares aumentó la efervescencia porque está en juego el control de la Corte, hoy dividida en dos bandos de tres integrantes cada una.
Fue la anticipada salida de Nanclares la que precipitó esta pelea entre dos modos muy claros y diferentes de impartir justicia, que también se corresponden -con límites algunas veces difusos- con los dos partidos políticos mayoritarios.
De un lado se encuentra el ala filoperonista de la Corte, con Julio Gómez, Omar Palermo y Mario Adaro. Del otro, el ala filoradical, con José Valerio, Pedro Llorente y Dalmiro Garay. Nanclares -de pasado radical- fue durante los últimos años el ministro que “pivoteó” en ambos bandos, evitando una supremacía que podría tener el radicalismo según presuponen quienes cuestionan a Day, quien el martes será aprobada por la mayoría oficialista en el Senado como nueva integrante de la Suprema Corte.
“Todo lo que no ha resuelto la política, termina en la Corte. Por eso es tan importante”, resume un ministro del máximo tribunal. Hay varios ejemplos: la constitucionalidad de la ley 7.722 (2007), el Ítem Aula (2015), el límite a las reelecciones indefinidas de los intendentes (2019), la polémica con la concesión y cierre de pozos de agua de Irrigación (2013) o la polémica en los pases a planta en el Estado (2015), entre otros.
La oposición en su conjunto critica a la candidata de Rodolfo Suárez a la Corte porque -aseguran- no cumple con los requisitos de la Constitución, aunque esto es opinable para algunos juristas. Sin embargo, ha dado paso a presentaciones judiciales del peronismo, como una medida cautelar y un pedido de Declaración de Certeza, por lo que en el oficialismo aseguran que lo único que se intenta es embarrar la cancha para desacreditar a la actual coordinadora del Ministerio Público Fiscal.
No obstante, la cautelar no se resolverá antes del martes en la Sala II (Palermo, Adaro y Valerio), es decir antes de que el pliego de Day sea aprobado. Podría ser el miércoles, un día después de la votación en el Senado. De todas maneras, la oposición tiene sus ojos puestos en la cuestión de fondo, cuyo resultado -si le es favorable- podría evitar la asunción de la candidata de Suárez, pero a su vez desencadenaría un duro enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo. Ya que el vicegobernador Mario Abed amenazó con pedir juicio político a los jueces quienes decidan cuestiones que, según marcó en el documento entregado ante la Justicia, son de carácter legislativo.
A todo este entramado de acusaciones y actuaciones hay que suymar las recusaciones cruzadas que realizaron desde la oposición y el oficialismo a los miembros de la Sala II(a Adaro por parte de Abed y a Valerio por parte del abogado que patrocina a la oposición, Andrés Ramírez).
La tensión y el posible “conflicto de poderes” quedaría explicitado también con la otra alternativa que tiene el radicalismo, que es, ante un fallo en contra, denunciar esta posible “intromisión” de la Justicia en la Corte nacional.
En tanto, el pedido de Abed de un plenario para la cuestión de fondo tampoco es caprichosa. A primera vista se visualiza que en la Sala II el Gobierno se ve con menos chances que en un eventual fallo plenario, donde se abriría el juego a todos los ministros.
Grieta judicial
Más allá de los requisitos que le exige la Carta Magna para ser jueza de la Corte, otros cuestionamientos a Day se centran en una supuesta “falta de imparcialidad e independencia”. Esto se visibilizó en las impugnaciones contra Day en la audiencia del miércoles, con una gran cantidad de organizaciones de Derechos Humanos vinculadas al kirchnerismo.
“Si hay algo que no es Day es garantista o abolicionista. Tiene una formación del Ministerio Público Fiscal”, sostiene alguien que ha trabajado con ella marcando esas dos visiones de Justicia que chocan en la Corte, el garantismo por un lado y la visión más rígida del sistema por el otro.
La misma fuente asegura que Day “no va a firmar nada que no tenga sustento jurídico” si llega a ingresar como ministra. “Muchos pueden tener ‘cercanías’ políticas, pero un juez es juez antes que político”, destaca otro magistrado de la Corte consultado.
Desde Tribunales aseguran que en realidad la disputa es de poder. “Están viendo que cualquier desequilibrio puede dejar en offside a uno de los sectores, porque en los juicios y la interpretación de las leyes puede haber visiones, pero los que escriben son los relatores. Acá las decisiones políticas son las que están en juego, y hay áreas estratégicas que pueden cambiar las condiciones para la minoría”, aclaran.
La grieta judicial quedó explicitada el 20 de noviembre del año pasado, cuando Nanclares, si bien ganó la presidencia, sentenció su futuro: “Cuando por primera vez se vota en forma dividida, es una señal de que me tenía que retirar”, le admitió a Los Andes en una entrevista reciente.
El juez de 70 años consiguió el apoyo del peronismo para mantener ese espacio de poder por dos años, pero meses después decidió renunciar y abrir una cavante que ahora amenaza con romper el equilibrio de poder.
“La Suprema Corte de Justicia es un órgano judicial decisor, pero político. Le guste a quien le guste”, analiza un jugador importante en esta contienda. Queda conocer qué ocurrirá con la Corte, si Day pasa el filtro legislativo (y también el judicial).
