La Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza tomó partido en el debate por la reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y se mostró a favor del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial.
A través de un comunicado destacaron los puntos importantes de la iniciativa, como la eliminación del sistema de salas y la implementación de un “colegio de jueces” que consistirá en el sorteo de los miembros que atenderán cada causa, la fijación de pautas para determinar en qué casos corresponde el dictado de fallos del tribunal en pleno y la incorporación del presidente de la Corte como un decisor más.
“Analizados los fundamentos y propósitos del referido proyecto y su texto, esta Federación -que nuclea a los cuatro Colegios de Abogados y Procuradores de la provincia- considera oportuno manifestar públicamente su total apoyo a la iniciativa, por entender que la misma constituye una propuesta superadora del actual esquema y procura una mayor transparencia y eficiencia en la organización y gestión del Alto Tribunal”, anunciaron.
Para la federación el proyecto busca corregir deficiencias, evitar distorsiones y erradicar prácticas abusivas del sistema, “las cuales vienen siendo, desde hace años, objeto de agudas críticas en el foro”.
En ese sentido resaltan que el sorteo de los jueces brindará mayores garantías y evitará el denominado “fórum shopping”, ya que el actual diseño “permite elegir la sala de turno” para introducir una causa de materia originaria de la Corte.
La federación también sostiene que el proyecto soluciona la “incomprensible limitación del presidente del cuerpo a una función simplemente administrativa, siendo Mendoza la única provincia del país donde ello existe, que desvirtúa la esencia misma del cargo de magistrado supremo que aquél detenta y debiera ejercer con el resto del tribunal”.
Asimismo, se elimina la “discrecionalidad al momento de decidir el funcionamiento de la Corte en pleno, aportando mayor previsibilidad y seguridad jurídica al especificar aquellos casos en que ésta debe atender causas de especial trascendencia para la sociedad, como las acciones de inconstitucionalidad o en las que estén en juego intereses colectivos y que indudablemente requieren de mayorías calificadas”.
“Tal como lo ha sostenido nuestra Federación nacional, cuando uno de los poderes en los cuales se asienta el sistema republicano de gobierno no cumple con eficiencia la función que le establece la Constitución, cruje el estado de derecho y se resiente la democracia. Y si esta falencia pesa sobre el Poder Judicial y el servicio de administración de justicia, el cuadro adquiere aún mayor gravedad institucional”, afirmaron en el texto.
Y aseguran que hace tiempo existen serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Justicia en general. “Por acción, omisión o desinterés, se ha llegado a este estado de descrédito público que es necesario revertir de manera urgente”, sostuvieron.
De esta manera piden que el debate en la Legislatura no quede limitado a una mera defensa del status quo “sin justificaciones atendibles, ni tampoco empequeñecido por estériles discusiones sobre la supuesta identificación político partidaria de cada ministro de la Corte”.
Para cerrar, los abogados comprometen su aporte y colaboración, a disposición de las autoridades que lo requieran para “ahondar en la búsqueda de soluciones de calidad para lograr una Justicia a la altura de los tiempos”.
